El Estatuto Camps

El pasado 29 de mayo, lo posible dejaba de ser una quimera para convertirse en realidad. Era un acto de Política con mayúsculas en el que el PP y el PSPV-PSOE firmaban el acuerdo para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Tras veintitrés años de vigencia y casi diez de negociaciones, la Comunidad Valenciana profundizaba en el marco de convivencia política surgido en la Constitución de 1978. Si el Estatuto de 1982 fue el resultado de la confluencia de intereses de las diferentes formaciones todavía faltas de la soberanía popular que reside en los parlamentos, hoy, el nuevo Estatuto nace de la plasmación de esa misma soberanía representada en las Cortes Valencianas y tras un cuarto de siglo de autogobierno.

En un momento político complicado como el actual, la recuperación del espíritu de consenso de la Transición entre los dos grandes partidos es una apuesta de futuro que ha dado evidentes frutos en la reciente historia de los valencianos. La negociación política en la Comunidad Valenciana, de nuevo ha salido triunfadora en una época en que el frentismo se ha apoderado de la política en la capital del reino. Como en 1978 y 1982, cuando Adolfo Suárez y Alfonso Guerra, en Madrid, y Manuel Broseta aquí, actuaron como hombres de Estado, la Comunidad Valenciana, de la mano del presidente Camps, ha recuperado la negociación política y el acuerdo como base de su acción política. Las tensiones territoriales en el ámbito nacional de los últimos meses empezaban a ser un handicap para un modelo de estado en el que los ciudadanos podían quedar desplazados si no éramos capaces de incorporar al nuevo marco estatutario tanto los derechos emergentes que el PP había ido abrazando durante la última década, como aquellos otros que fruto de los avances de nuestro entorno europeo, los ciudadanos habían asumido como propios.

La apuesta por el consenso ha sido decisiva para llevar a buen puerto dicho proceso. La falta de un liderazgo claro y la búsqueda de un modelo territorial (desde la asimetría de Maragall, al recorte autonómico de Rodríguez Ibarra) habían abocado al PSOE en los últimos tiempos a la apertura de lo que se ha venido llamando el melón territorial. La aritmética electoral, resultado de los últimos comicios, ha obligado a Zapatero a abrir unas reformas cuyas reglas de juego no estaban determinadas. Y esa falta de reglas de juego era precisamente la que podía hacer naufragar un proceso decisivo para los diferentes pueblos de España. Desatascar esta situación es lo que el PP le ha ofrecido al PSPV-PSOE con una reforma que va más allá de un acuerdo entre valencianos.

El interés en que la Comunidad Valenciana tomase la delantera en las reformas estatutarias partía por un lado de la experiencia del Presidente Camps en las diferentes instituciones, pero sobre todo tenía el origen en la responsabilidad por establecer unas reglas de juego claras y concisas que evitasen los desequilibrios que se oteaban en el horizonte. Desde un primer momento, se estableció el marco constitucional como eje de actuación desde el que armonizar la convivencia de los diferentes pueblos de España. De otro modo, el carrusel de reformas podía abocar la situación política española a una inconsistente e inacabable formulación de propuestas y contrapropuestas cuyo fin último no sería otro que la inestabilidad. El PP y la mayoría de los valencianos conocíamos ese riesgo y sus consecuencias futuras, por lo que nos impusimos la pedagogía política en paralelo a la negociación estatutaria, pues entendemos que la solidaridad, la cooperación y la defensa de los intereses no deben ser un subterfugio para alzarse con ventajismos y menos aún para arrodillarse ante quienes puedan tener la sartén por el mango en una coyuntura política concreta.

La altura de miras en la reforma estatutaria ha servido para consolidar un proyecto (el del presidente Camps) que los diferentes estudios demoscópicos vienen atisbando desde hace al menos un año. La última, la del CIS, nos indicaba que más de la mitad de los valencianos calificaba de "excelente" la labor del Consell, y solo un tercio de los valencianos otorgaba el aprobado a Rodríguez Zapatero. Las razones como ya avancé en estas mismas páginas no eran otras sino el escaso conocimiento que el gobierno socialista tenía de la realidad valenciana, lo que abocaba a los socialistas a actuar mediatizados por los mismos socios que ahora tratan de poner piedras en la reforma estatutaria que ha impulsado y resuelto el presidente Francisco Camps.

Decir que ha llovido mucho desde aquel Estatuto sería de mal gusto a las puertas de un verano de previsible sequía, pero lo cierto es que ha transcurrido mucho tiempo. Un tiempo que ha asentado la Generalitat con sus instituciones. 23 años en los que nos hemos dotado de los instrumentos para continuar avanzando y profundizando en la democracia y la descentralización de un Estado que pasaba de ser el más centralizado de Europa para convertirse en el más descentralizado. Ahora, sin perder de vista el concepto de solidaridad interterritorial y dotándose de nuevos instrumentos políticos y de gestión como la posibilidad de disolver las Cortes, la coordinación de un servicio tributario con la Agencia Tributaria Estatal que no rompa con el concepto de caja única, antaño reivindicado por el PSOE y hoy esgrimido con la boca pequeña para no rebotar a sus socios centrífugos, o la descentralización de la justicia, el Estatuto Camps ofrece un balón de oxígeno a Zapatero para que pueda salir del atolladero en el que se había metido sin forzar la Constitución.

Éste ha sido un esfuerzo de participación en el que el espíritu del consenso ha triunfado aunque quedan algunas incógnitas por despejar. Una de ellas es la posición del PSPV-PSOE y de EU y el Bloc ante futuras eventualidades. La mayoría de analistas han saludado el acuerdo y su posicionamiento en el ámbito estatal, del mismo modo que han obviado un futuro gobierno valenciano del PSPV-PSOE, por ser éste una quimera, pero llegado ese hipotético caso, ¿estaría en condiciones del PSPV-PSOE de mantener lo firmado cuando necesite los apoyos de EU, el BNV o ERC que se han mostrado contrarios a este acuerdo? O, ¿su minoría le llevaría a abrir de nuevo batallas ya finiquitadas como la de los símbolos? Hoy por hoy, solo el PP garantiza con su mayoría unos acuerdos que son la base para el futuro y de su consolidación dependerá nuestro devenir. Abrir nuevas batallas sería un error ante las que los socialistas se han mostrado muy vulnerables durante estos años y muy especialmente desde que han necesitado los apoyos de IU y ERC en el gobierno central.

Miles y miles de valencianos y valencianas nos concentramos hace casi 30 años en una de las mayores manifestaciones jamás conocida en la Comunidad Valenciana por l'Estatut. Aquella manifestación partía más de la necesidad de libertades individuales que de nuestra apuesta como pueblo vertebrado. Han transcurrido casi tres décadas y las libertades individuales son una realidad y ni los más osados del momento pensaron que 26 años más tarde la realidad habría superado los sueños que envolvían el grito unánime de Volem l'Estatut, ahora convertido en Tenim un Estatut històric.

Rafael Blasco. Consejero de Territorio y Vivienda.