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El TSJ obliga a restaurar un área aterrada en el marjal de La Safor

El Ayuntamiento de Tavernes tendrá que abrir expediente

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna deberá abrir un expediente sancionador y obligar a restaurar una parcela del marjal de La Safor que fue aterrada y transformada para convertirla en regadío. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano al estimar un recurso de apelación interpuesto por el Instituto de Defensa de Ecologistas en Acción (IDEA).

IDEA recurrió ante el TSJ una sentencia, dictada en febrero de 2004 por el juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, que amparaba al Ayuntamiento de Tavernes de La Valldigna, que no aceptó la solicitud tramitada por esta organización ante el Consistorio para que el gobierno municipal del PP incoara expediente de paralización, sanción y restauración de la legalidad urbanística en una parcela del marjal de La Safor transformada mediante aterramientos para su aprovechamiento agrícola.

El Ayuntamiento contestó que la actuación era legal, amparándose en un decreto de hace 20 años, en una revisión del planeamiento urbanístico de Tavernes que reclasificó la zona en suelo común y en la insólita afirmación de que en la parcela en cuestión nunca había habido agua.

El fallo del TSJ estimatorio del recurso fue dado a conocer ayer por Carles Arnal, diputado verde del grupo de Esquerra Unida-L'Entesa en las Cortes Valencianas, y al abogado de IDEA José Luis Ramos. El diputado anunció la presentación de una serie de preguntas parlamentarias para que el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, se posicione ante la sentencia y explique qué medidas piensa adoptar. Tanto Arnal como Ramos explicaron en este sentido que la consejería es responsable subsidiaria y está obligada a hacer cumplir la sentencia y a participar en las labores que permitan devolver esa zona húmeda a la situación anterior a los aterramientos, que una empresa de mármol de Gandia, propietaria de la finca, inició entre 1997 y 1998. La parcela, hasta entonces una zona húmeda, fue rellenada con residuos procedentes de la empresa de mármol, para su posterior aprovechamiento agrícola.

La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, indica que la parcela en cuestión está "claramente dentro de la zona protegida" y afirma que el Ayuntamiento "conocía perfectamente" que allí "no debía autorizar actividad alguna de transformación agrícola" y que, "si se realizaba" alguna, tenía que "ordenar las medidas para la salvaguarda de los valores a proteger".

Arnal destacó la trascendencia de esta sentencia, cuyos criterios, dijo, son de aplicación y pueden afectar a otras zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, como los marjales de Massamagrell o de Oropesa, entre otros. Por su parte, Ramos recordó que la ley prohíbe el drenaje de las zonas húmedas, pero que eso no ha impedido que en algunos lugares se haya llevado a cabo impunemente, "ante las narices" de la Administración y en ocasiones con "subvención" oficial. Tras esta sentencia, Blasco "no tiene excusa para no intervenir", dijo Ramos. No obstante, el abogado recordó que 2004 un juez ordenó restaurar terrenos aterrados en el marjal de Massamagrell y aún no se ha hecho nada, por lo que pidió a Blasco "que deje de abrir expedientes sancionadores e inicie los procesos de restauración".

Boicot de Blasco

"Ahora dirá que se alegra de la sentencia, cuando la ha boicoteado todo lo que ha podido", dijo Ramos sobre la actuación de la Consejería de Territorio durante el proceso judicial. Según el abogado de IDEA, el departamento que dirige Rafael Blasco aportó en un primer proceso penal una certificación acerca de la condición de marjal de la zona en cuestión. Más tarde, cuando el TSJ le reclamó la misma certificación, añadió Ramos, la consejería dijo no poder hacerlo porque no disponía de "copia" del original remitido anteriormente a otro juzgado. En otro momento del proceso, el abogado notificó a Territorio la existencia de nuevos aterramientos en las parcelas colindantes. Pero la consejería alegó que no podía intervenir en el asunto porque estaba en el juzgado.

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