Bienestar Social y las mujeres maltratadas

La Sindicatura de Greuges abrió la semana pasada la caja de los truenos al publicar un informe sobre la atención a mujeres maltratadas que concluía en la falta de profesionalización de las personas encargadas de asistir a las víctimas. "En algunos casos prefieren volver con su agresor antes de quedarse en el centro", llegó a apuntar el Síndic, Bernardo del Rosal. Estas valoraciones han abierto un alud de reacciones por parte de profesionales, entidades y sindicatos que matizan el informe y han provocado el anuncio de una reunión de la consejera de Bienestar Social con el propio Síndic y el Consell de la Dona. Pese a la diversidad de opiniones respecto a la situación de la atención a las maltratadas, si en algo están de acuerdo las distintas partes implicadas es en excluir de responsabilidad a las profesionales, que "hacen lo que pueden" con los conciertos que plantea la Administración.

"Hace años se cedió la gestión de un centro de Castellón a una empresa maderera"

Bienestar Social dice que las 115 profesionales tienen una experiencia media de seis años

"Estoy totalmente de acuerdo con el informe", apunta Alicia Gil, gerente de la Fundación Isonomía de Castellón, una entidad vinculada a la Universitat Jaume I destinada a potenciar la igualdad de oportunidades. "Hicimos un informe en 2002 sobre la casa de acogida de mujeres maltratadas de Castellón y aquello era lo más parecido a un tercer grado", comenta Gil. "Y no creo que haya cambiado mucho", añade. Aunque matiza que desde entonces no tienen información directa porque la Consejería de Bienestar Social "nos niega el acceso a la información". La gerente de la fundación experta en género, violencia, poder y conflictos, cree que en general, los trabajadores de los centros que asisten a las mujeres "en absoluto" se ajustan al perfil profesional que deberían tener.

En buena parte, apunta, por el esquema elegido por Bienestar Social para gestionar esta parcela, basada en la cesión de casas de acogida o centros de atención a través de concursos dotados de una financiación justa que, en ocasiones, rebajan las empresas en sus ofertas para quedarse con la adjudicación y que deriva en que no tengan luego dinero para pagar a personal capacitado, según relata. A lo que hay que añadir la falta de especialización: "Hace años se cedió la gestión de una casa de acogida en Castellón a una empresa maderera". Más común es la cesión a congregaciones de religiosas o asociaciones de amas de casa "que reproducen su ideología en la atención que prestan a las mujeres".

La responsable de mujer de CC OO, Ofelia Vila, matiza la opinión del Síndic. No está de acuerdo en que, como refleja en el estudio, haya suficientes recursos pero estén mal gestionados. Y tampoco en que las profesionales no estén capacitadas. El problema radica en que "la Consejería de Bienestar Social carece de un presupuesto que garantice los servicios que se han de ofrecer a las mujeres maltratadas. "Lo que no puede ser es que a una mujer maltratada le den hora cada 20 días para ir al psicólogo cuando prácticamente debería vivir con ella durante los primeros días". Para Vila no hay una correspondencia adecuada entre las 3.000 denuncias por maltrato -"que presuponen muchos más casos"- y los limitados servicios que ofrece la Administración para atender a estas personas.

"El Centro de Mujer 24 Horas de Valencia, por ejemplo, cuenta con profesionales de primera clase, tanto psicólogas, como abogadas o trabajadoras sociales; lo que sucede es que son pocas personas trabajando en plantilla y hay pocos centros de este tipo". Sin embargo, la responsable sindical de la mujer prefirió no referirse a la capacitación en otros centros, como los gestionados por la Asociación de Amas de Casa Tyrius. "La situación [de capacitación profesional] aquí se me escapa", comentó, "aunque sé que ha habido problemas laborales".

De la misma opinión es Consuelo Navarro, responsable de la mujer de CC OO en Alicante y antigua trabajadora de un centro de atención de mujeres: "Los centros públicos que conozco de Alicante cuentan con grandes profesionales muy formadas".

Mucho más crítica con el trabajo de la Sindicatura es Eugenia Garrigues, del gabinete técnico responsable de vivienda tutelada de la Asociación de Amas de Casa Tyrius, que cuenta con tres viviendas tuteladas y 33 plazas. "En la memoria que tenemos del año pasado no hay ningún caso de mujeres que hayan vuelto con su agresor, y sí otros que se han independizado con éxito", comenta Garrigues. La técnico de esta asociación rechaza las alusiones que se hacen a su entidad: "No somos amas de casa, contamos con abogados, psicólogos y técnicos especializados en el área de mujer y familia, con formación específica y larga experiencia en violencia doméstica". A ello suma "un equipo educativo de más de cinco años de experiencia con formación continuada gracias a los cursos de la Dirección General de la Mujer".

Ante las acusaciones de falta de técnicos preparados, Garrigues insistió en que se ajustan a los criterios de la consejería, ya que en cada centro trabajan dos licenciados -en derecho y psicología- por casa de acogida "en lugar de diplomados como marca el texto". Para cubrir a estos profesionales, cuentan con auxiliares que realizan las principales tareas de acompañamiento, que hacen el papel de educadoras, aunque no tienen necesariamente la diplomatura. Además, subraya que los proyectos que desempeñan "consiste en una actuación integral de apoyo y promoción (no sólo asistencia) compleja", en contra del análisis del Síndic en el que se señalaba que se primaba la asistencia, incluso marcadamente benéfica, a través de cursos de actividades domésticas, como coser o cocinar, frente a la principal tarea que consiste en la recuperación psicológica de una mujer que llega hundida después de años sometida a la humillación de su marido.

Otro de los aspectos a los que respondió Garrigues fue a la relación de la presidenta de Tyrius, Asunción Francés -asesora del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de su antecesor Eduardo Zaplana- y a las ventajas que hayan podido tener de adjudicación de recursos frente a entidades más preparadas. "Es una idea muy buena del Gobierno tener a nuestra presidenta como asesora porque es una mujer que preside una entidad con 140.000 socias y está para defender a la mujer, al margen de las ideas que tenga".

La propia Consejería de Bienestar Social salió al paso de las acusaciones de falta de profesionalidad. Fuentes de este departamento apuntan que las 115 trabajadoras de los centros acumulan una experiencia media superior a los seis años, "lo que, teniendo en cuenta que es un fenómeno que ha requerido atención en las sociedades modernas desde hace poco más de una década, es muy notable". Respecto a los Centros Mujer 24 Horas de Valencia, Castellón y Alicante -los encargados de la primera recepción de las víctimas- "la antigüedad media es superior a cinco años y en casos superior a los nueve". Y añade: "Hay verdaderas profesionales en el área de apoyo y tratamiento de víctimas de malos tratos: psicólogas, trabajadoras sociales, profesionales de la atención telefónica, abogadas y responsables del sistema de telealarma, en el que trabajan 77 mujeres".