Engullidos por la Ballena Blanca

La operación Ballena Blanca ha dejado en su camino un reguero de empresas y clientes del bufete de Fernando del Valle, que han visto sus negocios paralizados por la intervención judicial de empresas y cuentas bancarias relacionadas con la trama de blanqueo de capitales descubierta en la Costa del Sol. Centenares de ellos, la mayoría particulares, han acudido al Colegio de Abogados de Málaga y a otros despachos para pedir asesoramiento sobre los asuntos jurídicos que encargaron al bufete marbellí DVA, que hasta marzo contaba con más de mil clientes.

Una de las empresas afectadas, Guadalmansa Instalaciones, ha tenido que despedir a 120 trabajadores y se encuentra al borde de la quiebra por la deuda que dos de las sociedades involucradas en la trama mantienen con ella. Guadalmansa Instalaciones fue contratada por Green and Blue Properties y White Compass para construir dos urbanizaciones en Manilva y Estepona, y cuando el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, decretó el embargo de ambas sociedades, dejó de cobrar las certificaciones de obras.

Una empresa está al borde de la quiebra por los pagos pendientes de dos firmas embargadas

La empresa, a la que las dos promotoras intervenidas adeudan 3,2 millones de euros, reclama al titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Marbella que libere las cuentas embargadas o nombre un administrador judicial que ordene los pagos pendientes. Guadalmansa Instalaciones, que hasta hace pocos días contaba con 130 trabajadores directos y 220 a través de subcontratas, mantiene sólo una decena.

"El 25 de abril presentamos un escrito al juez explicando el problema, sabemos que lo pasó al fiscal pero aún no hemos recibido respuesta", explica su gerente, Santiago García, que desconoce si hay otras firmas en esta situación. Las obras de las promociones están paralizadas y los responsables de Guadalmansa tratan de obtener nuevos préstamos bancarios con que pagar los finiquitos. "Hemos llegado al límite, la situación es insostenible", dice García.

Pero éste no es el único caso. "Hay muchos afectados porque los investigadores de la policía, a sabiendas de que no tenían nada que ver en este lío, les han metido por medio, y es a ellos a los que corresponde la responsabilidad de los perjuicios causados a terceros", asegura Javier Núñez, uno de los abogados de Fernando Del Valle, el supuesto cerebro de la red de blanqueo de capitales. El bufete DVA ha contratado a otro despacho para que defienda los derechos de los clientes afectados.

La mayoría de ellos son, según Javier Núñez, personas normales que estaban tramitando compraventas a través del despacho de Del Valle, especializado en temas mercantiles. Núñez afirma que son "cientos" los clientes que han denunciado los hechos en la Fiscalía, y que el juez tiene conocimiento de cada uno de estos casos. "Se han intervenido las cuentas y no se ha respetado el principio de audiencia. Lo del Carmel va a ser una tontería al lado de esto", añade.

Pone un ejemplo, el de un ciudadano inglés que iba a comprar una casa por 150.000 euros y envió al despacho de Del Valle un pago de 60.000 para el primer plazo, poco antes de estallar el caso. "El dinero ha quedado bloqueado; se ha presentado al juez un dossier sobre el origen lícito del dinero; el comprador, un dentista inglés, está plenamente identificado y cuenta con todos los papeles en regla, pero como envió el dinero a Del Valle, ha quedado bloqueado, no se puede ejecutar el contrato y el cliente puede perder los 60.000 euros, además de que no se realice la compraventa".

Numerosos clientes se han dirigido al Colegio de Abogados de Málaga, que llegó a establecer un servicio de asistencia y orientación. "Hemos prestado la ayuda que pudimos, y les hemos recomendado que consulten a un abogado para defender sus intereses", explica su decano, Nielson Sánchez Stewart, que apunta que la mayoría de las consultas se refieren a "compras de casas y personas normales que han visto bloqueados sus fondos a pesar de que eran simples inversores que nada tenían que ver con todo ello".

Mientras empresas y particulares esperan que el juez Torres libere las cuentas embargadas para que se puedan afrontar los pagos y deudas pendientes, Fernando del Valle continúa en prisión, y el caso sigue bajo secreto de sumario. Tras negar el pasado jueves que hubiese blanqueado dinero, su defensa pedirá esta semana su libertad provisional.