Ahora Baleares
Después de Valencia, Baleares. Poco a poco el PP se va incorporando al debate sobre la reforma de la estructura del Estado, que se ha abierto camino de manera imparable tras el resultado electoral del 14-M de 2004. Si cualquier reforma constitucional o estatutaria parecía imposible mientras el PP estuviera en el Gobierno, todas ellas se están convirtiendo en inevitables, una vez que ha dejado de estarlo. A la dirección nacional del PP le ha costado aceptar esta realidad, pero parece que por fin la está aceptando.
Es una buena noticia. Por dos motivos. En primer lugar, porque el concurso del PP resulta imprescindible en cualquier operación de reforma de la estructura del Estado. En España no hay nada más que dos partidos de gobierno, PSOE y PP, por este orden o por el inverso, y no se puede tener una estructura de Estado establemente definida sin el concurso de ambos. Incluso cuando el impulso de la reforma de la estructura del Estado pueda proceder de comunidades autónomas, en las que el concurso del PP no resulta jurídicamente imprescindible, como ocurre en País Vasco, Cataluña y Andalucía. Pues la estructura del Estado se ve afectada tanto por la reforma constitucional como por las reformas estatutarias. De ahí que en todas ellas deba participar el PP. Y que deba hacerlo de verdad, como lo que realmente es, un partido que no es ahora mismo Gobierno de la nación, pero que puede serlo, que es el único de todos los que no lo son en este momento que puede serlo. Las noticias que llegan de Valencia y Baleares parece que apuntan en esta dirección y parecen, en consecuencia, conjurar el riesgo de que el PP se desentendiera en general de los procesos de reforma estatutarias, boicoteando en cierta medida la operación reformadora en su conjunto.
El concurso del PP resulta imprescindible en cualquier operación de reforma de la estructura del Estado
Pero es una buena noticia por otra razón. Parece que el PP va adaptando su estructura interna a la estructura políticamente descentralizada del Estado. Hasta el momento el PP ha venido operando como si tuviera que hacer política en un Estado unitario y no en un Estado descentralizado, políticamente federal, aunque no lo sea jurídicamente. La dirección nacional ha venido incluso presumiendo de ello, descalificando al PSOE como una jaula de grillos, porque no todos los dirigentes socialistas en las distintas comunidades autónomas decían lo mismo sobre todos los temas. El PP era presentado como modelo de coherencia frente al PSOE. La estructura interna fuertemente centralizada del PP parecía sustancialmente resistente a cualquier posible penetración de la estructura fuertemente descentralizada del Estado. Parece que está dejando de ser así.
Esto es importantísimo. Un partido político de verdad, esto es, un partido que no sea una pandilla, sino que sea una asociación política portadora de un programa general de gobierno para la sociedad y que tenga vocación de intentar hacer real y efectivo ese programa de gobierno mediante el ejercicio del poder estatal, tiene que adaptar su estructura interna a la estructura del Estado en el que tiene que actuar. No puede pretender que ocurra a la inversa. Mientras no adapte su estructura interna a la estructura del Estado su posición será sumamente frágil.
Esa adaptación es muy fatigosa y está preñada de sinsabores. Pero tiene que producirse. El PSOE tuvo que hacerla a finales de los ochenta, cuando empezó a resquebrajarse el dominio que se había impuesto con el tándem Felipe González y Alfonso Guerra. Inicialmente pareció que aquella transición descentralizadora de la estructura del partido conducía a la impotencia y, sin embargo, ha sido todo lo contrario. La existencia de baronías no ha acabado debilitando al PSOE, sino todo lo contrario. Le ha permitido hacer política adaptándose a las necesidades del terreno, relativizar los conflictos, circunscribiéndolos a la dimensión territorial que cada uno de ellos tiene y ha dejado que la dirección nacional tenga, cuando sea necesario, una función arbitral.
El PP necesita hacer esa transición. Lo que se ha hecho en Valencia y en Baleares está bien, independientemente del juicio que desde una perspectiva sustantiva nos pueda merecer la propuesta que viene de la primera o de la segunda. Está bien que el PP en una comunidad autónoma interprete discrecionalmente lo que está ocurriendo en dicha comunidad y que decida tomar la iniciativa de acuerdo con dicha interpretación. El PP en Valencia o en Baleares no puede estar esperando las instrucciones de la dirección nacional para ir al encuentro de las demandas políticas que se están abriendo camino en la comunidad. Por ese camino no es que se corra el riesgo, sino que se tiene la seguridad de que se llegará tarde y mal a dar respuesta a cualquier problema.
Me parece que en Andalucía es donde el PP tiene la mejor prueba de lo negativo que puede resultar su inadaptación a la estructura del Estado. La plena subordinación de la estrategia popular andaluza a la estrategia nacional lo ha conducido a una situación de casi total irrelevancia política. La dirección regional andaluza tiene que autonomizarse respecto de la dirección nacional y ser capaz de tomar la iniciativa. Y debería darse prisa. Han sido demasiadas las ocasiones en las que el PP andaluz ha traicionado su condición de partido andaluz en los últimos quince años. Me atrevería a decir que no es que no disponga de crédito ante la sociedad andaluza, sino que tiene que levantar una pesada hipoteca. Es posible que los nuevos aires que parece que se están abriendo en el PP le permita a la dirección andaluza operar con un mayor margen de maniobra. Su participación en la reforma estatutaria en curso sería una buena ocasión para ponerlo de manifiesto.
