Los 'narcos' amenazan a México

Enrique Cárdenas Saldaña, de 43 años, salía de su casa de buena mañana para llevar a su hija de nueve años a la escuela. Cuando se disponía a subir al coche, varias balas disparadas desde un vehículo en marcha acabaron con su vida. La víctima era un comandante de la Policía Municipal Preventiva de la ciudad mexicana de Nuevo Laredo (Tamaulipas), junto a la frontera con Estados Unidos. Los agentes atendieron a la menor, que sufrió una crisis nerviosa, y retiraron del lugar la pistola del oficial, con la que aparentemente intentó defenderse. El crimen ocurrió el jueves. El día anterior, otro comandante de la Policía Municipal resultó herido en un atentado. En lo que va de año, 57 personas han sido asesinadas en Nuevo Laredo, de las cuales siete eran policías.

En Culiacán (Sinaloa), un joven de 24 años fue tiroteado desde un automóvil. Su muerte eleva a 294 el número de víctimas en este Estado durante 2005. En Guerrero, un empresario cayó bajo las balas cuando reparaba un neumático de su camioneta. Así transcurrió el miércoles en diversos puntos de México, donde la lista de víctimas de la violencia es interminable.

Según las autoridades, buena parte de los crímenes tienen que ver con ajustes de cuentas entre bandas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. La explicación oficial muestra la incapacidad del Estado para frenar la violencia y siembra mayor inquietud entre la población. Los últimos en levantar la voz contra la ineficacia del Gobierno han sido los obispos de cinco estados del noroeste del país. Una declaración pastoral bajo el título Narcotráfico y violencia social señala que los ciudadanos han perdido la confianza en las autoridades, mientras los narcotraficantes ganan espacios y se aprovechan de la pobreza y la desorientación de los jóvenes.

En este escenario de violencia, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) ha recurrido contra la resolución dictada el jueves por un juez federal, que decreta la libertad bajo fianza para Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias El Chapito, de 21 años, detenido el pasado 13 de febrero en el Estado de Jalisco. El Gobierno ha ido más lejos y ha acusado a los jueces de estar protegiendo a los narcotraficantes. "Es obvio que en el caso específico de algunos jueces hay serias sospechas de que actúan a favor de los criminales", dijo ayer el portavoz, Rubén Aguilar.

El magistrado, José Luis Gómez, considera que no hay elementos suficientes para procesar a Guzmán por lavado de dinero. El joven es hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, presunto jefe del cartel de Sinaloa y considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Está en paradero desconocido desde que se fugó de la cárcel en enero de 2001.

El Chapito conducía una camioneta en la que llevaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cuando fue detenido. La Fiscalía le acusa de delincuencia organizada, narcotráfico y doble homicidio, aunque el juez sólo le imputó el cargo de lavado de dinero, derivado de la compraventa de un automóvil de lujo en Ciudad Juárez (Chihuahua). Lo sucedido en los tres meses y medio que ha pasado en la cárcel es digno de la mejor película de acción.

En los primeros días fue trasladado del centro nacional de arraigos, en el Distrito Federal, al Reclusorio Preventivo Sur. El cambio de prisión abrió numerosos interrogantes. ¿Cómo era posible, se preguntaban varios medios informativos, que alguien vinculado con uno de los carteles más importantes de México fuera trasladado ante un juez con sede en una cárcel de la capital, cuando regularmente la PGR envía, por razones de seguridad, a este tipo de presos ante jueces que tienen su base en penales federales?

El defensor del inculpado, Jorge Bussio, replicó que la fiscalía actuó penalmente contra El Chapito únicamente por ser hijo del presunto jefe del cartel de Sinaloa. El 26 de mayo pasado, el hijo del Chapo fue cambiado nuevamente de centro penitenciario. En medio de un aparatoso despliegue de fuerzas policiales, fue trasladado del Reclusorio Preventivo Sur al penal de máxima seguridad de La Palma (Estado de México).

Las autoridades justificaron la inesperada medida por el riesgo de una fuga inminente del Chapito. Fuentes oficiales aseguraron haber descubierto los preparativos de una acción de rescate por parte de un comando armado. Según esta versión, funcionarios del penal de máxima seguridad estaban implicados en el plan, que pretendía "acercar" al recluso a la puerta de aduanas de la prisión, después del último pase de lista, y en este punto sería rescatado por el comando. El director general de reclusorios de la capital, Antonio Hazael Ruiz, confirmó haber recibido una llamada advirtiendo de la fuga.

El Preventivo Sur no reúne las condiciones para hacer frente a una amenaza de ese tipo, por lo que las autoridades penitenciarias decidieron el traslado de Guzmán Salazar, a pesar de que una suspensión de amparo impedía moverlo de centro de detención.