Camps asegura que nadie va a demostrar nada contra Fabra

El presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, expresó ayer su convencimiento de que "nadie va a demostrar nada" de lo que se afirma en las denuncias contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra. Camps arropó a Fabra sólo unas horas después de difundirse que Hacienda ha denunciado al político popular por un supuesto delito fiscal, tras descubrir que ocultó 150.000 euros en la declaración de 1999.

"Llevamos año y medio con estas cuestiones y nadie ha demostrado nada", afirmó Camps, que recalcó: "Estoy convencido de que nadie va a demostrar nada".

La Agencia Tributaria presentó el pasado 27 de mayo la denuncia por supuesto delito fiscal ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decidió trasladar el escrito al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón). Éste es el juzgado en el que se instruye la causa en la que figura Fabra como imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública. El traslado de la denuncia presentada por Hacienda se produjo tras ser consultado el fiscal Anticorrupción, que considera que existe relación entre el contenido de la misma y la investigación del juzgado de Nules.

Apoyo en tromba

El PP valenciano decidió ayer salir en tromba a arropar al presidente de la Diputación de Castellón. El vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, compareció en su condición de secretario general del PP provincial de Castellón, para manifestar: "Todo tiene visos de ser una persecución política del Partido Socialista en una estrategia puesta en marcha hace año y medio".

"Si [el caso Fabra] es el gran escándalo nacional ellos [los socialistas] sabrán por qué lo hacen. En el Partido Popular seguimos confiando en el señor Fabra y no hay ningún cambio respecto a nuestra posición de hace dos días [antes de conocerse la existencia de la denuncia por supuesto delito fiscal]", dijo Campos, que reconoció que había hablado por teléfono con el presidente de la Diputación de Castellón. "Del señor Fabra he notado absoluta tranquilidad de conciencia, de que no ha cometido ninguna irregularidad", argumentó Campos.

Otros cargos destacados del PP de Castellón reclamaron que se le aplique a Fabra la presunción de inocencia. Por su parte, tanto el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) como Esquerra Unida reclamaron nuevamente la dimisión de Fabra y advirtieron a Camps, que ha unido su destino político al del presidente de la Diputación.

También Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle millonarias cantidades de dinero a cambio de favores políticos, indicó que la denuncia de Hacienda significa que "hay alguien más que ve cosas que no están claras en sus negocios".

El escrito de denuncia de la Agencia Tributaria sobre el presunto delito fiscal del que se acusa a Fabra señala que las cuotas de IRPF no declaradas se refieren a actividades profesionales.Según el registro de intereses que el propio Fabra presentó ante la Diputación de Castellón ese mismo año, las actividades tanto públicas como privadas generadoras de ingresos económicos o susceptibles de generarlos eran nueve (tres públicas y seis privadas, entre las que figuran las de abogado y corredor de seguros).

El escrito remitido a la fiscalía también hace referencia al incremento patrimonial detectado y que no se corresponde con los ingresos declarados. Según el acta notarial que el propio Fabra hizo pública, en 1999 sólo adquirió una parcela en una urbanización de la localidad de Borriol.

Según las fuentes consultadas, el escrito solicita a la fiscalía "celeridad" en la tramitación de la denuncia ante la posibilidad de que el presunto delito fiscal prescriba. En cualquier caso, la parte administrativa de ese presunto delito habría prescrito ya, mientras que la penal lo hará el próximo 30 de junio, fecha en la que el juez se debe haber pronunciado sobre la denuncia al objeto de que se interrumpa el plazo de prescripción. De la celeridad que reclama la Agencia Tributaria, se desprende que Fabra no debió recibir comunicación formal acerca de la investigación a la que estaba siendo sometido ya que, de esa manera, el tiempo de prescripción se hubiera interrumpido.