Los grupos acuerdan en la ponencia de la reforma del Estatuto andaluz garantizar una renta básica

La ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía acordó ayer, con reticencias por parte del Partido Popular, incluir un nuevo título sobre derechos sociales y políticas públicas, entre los se contempla el de garantizar una renta básica a los ciudadanos que lo necesiten. La redacción de este apartado se ha dejado para más adelante. Este derecho figura en la proposición de ley del Estatuto de la Comunidad de Valencia, en el que se remite a una normativa posterior para determinar las modalidades y prestaciones. La propuesta figuraba en el paquete de medidas de IU y PA.

Los populares expresaron sus "dudas" sobre la necesidad de redactar un nuevo título sobre derechos sociales, por entender que tienen mejor encaje en la Constitución, según informó el Parlamento en un comunicado. De hecho, los populares no habían presentado ninguna propuesta concreta a este apartado, frente a las formuladas por los grupos socialista, de Izquierda Unida y, en menor medida, andalucista.

Con este nuevo título, reclamado por los sindicatos, lo que se pretende es el reconocimiento expreso en el Estatuto andaluz de derechos que ya se encuentran recogidos en el ordenamiento jurídico de manera que las administraciones estén obligadas a garantizarlos. En este título es donde han hecho más hincapié, como seña diferencial respecto a otros Estatutos, los partidos andaluces de izquierdas.

La ponencia acordó reconocer como titulares de los derechos a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía, es decir, también a los inmigrantes. El acuerdo recoge que la educación será gratuita, permanente, de calidad y de carácter compensatorio, como demanda la comunidad educativa. El Partido Popular planteó que además del carácter público de la educación se reconociera también la red privada.

Los ponentes incluyeron la existencia de un modelo público de salud universal y de calidad, en el que se vele por la voluntad vital anticipada. El derecho a morir dignamente (al que el PP planteó reservas), el acceso a las tecnologías, a la protección de los menos y de los mayores, a la libertad de orientación sexual y a las prestaciones y de apoyo a las familias, son otros de los acuerdos.

Dentro de este título se ha incluido un capítulo a las políticas públicas en la que lo más destacado es el "derecho a una renta básica, mínimo vital o renta mínima de reinserción", según el comunicado oficial. La redacción final de este tipo de prestación para las personas que lo necesiten ha quedado pospuesto para otras reuniones. En Valencia la redacción elegida ha sido: "Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat reconoce el derecho de todo ciudadano valenciano en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta garantizada de ciudadanía. Mediante una Ley de Les Corts se determinarán sus modalidades y prestaciones". (Artículo 15).

La Administración andaluza también deberá promover un sistema público de servicios sociales, garantizar la especial protección de las personas dependientes y promover de forma efectiva el derecho a una vivienda digna, apartado al que Izquierda Unida planteó que se incluya una alusión a la lucha contra la especulación del suelo. También figura favorece la integración de los inmigrantes, el derecho a la participación en todos los asuntos públicos y el derecho al trabajo en condiciones de seguridad.