El pleno del Parlament propone vetar las donaciones anónimas a partidos
El Partido Popular vota contra la resolución en el pleno sobre el Carmel y CiU se abstiene
La comisión del Parlamento catalán que ha investigado las causas del hundimiento de un túnel en el barrio barcelonés del Carmel concluyó ayer con la votación de las conclusiones en el pleno. La comisión no ha podido "acreditar" la existencia de comisiones ilegales pagadas a los partidos, pero propone, entre otras medidas, suprimir las donaciones anónimas a las fuerzas políticas. El PP votó en contra de este punto y CiU se abstuvo. La comisión defiende que el hundimiento tiene causas inmediatas y remotas y que las responsabilidades políticas se agotan en las dos dimisiones aceptadas.
La comisión tuvo dos partes: una dedicada al análisis de las causas del hundimiento de la obra, y otra centrada en las adjudicaciones de contratos públicos. En el primer caso desfilaron ante la comisión diversos cargos políticos de este Gobierno y del anterior, que es el que licitó y adjudicó las obras de ampliación de la línea 5 del metro barcelonés donde se produjo el hundimiento. En el segundo caso, azuzado por un comentario de Pasqual Maragall sobre el "3%", que provocó una querella luego retirada por parte de CiU, la comisión no consideró oportuno convocar a un solo político, pese a que el Partido Popular hizo diversas propuestas.
El PP votó ayer en contra de todos los acuerdos de la comisión y su líder, Josep Piqué, la definió como "un fraude". Los grupos que apoyan al tripartito no ahorraron descalificaciones para los populares, sobre todo porque trató de enarbolar en solitario el baluarte de la decencia. "Entonces, ¿por qué no votan contra las donaciones anónimas?", preguntó el socialista Joan Ferran. Oriol Amorós (ERC) les dijo que realizaban "una oposición desbocada fuera de medida". Pero la más dura fue Dolors Clavell (ICV). "Nosotros hemos denunciado varios casos de corrupción en los tribunales y el PP no lo ha hecho, y tenemos la intuición de que en esto ustedes saben más que nosotros", dijo, antes de invitarles a acudir juntos a los tribunales: "Podrían aportar por propia experiencia datos relevantes".
Josep Piqué replicó a Clavell con contundencia: "Tiene usted razón, en la mayoría de asuntos sabemos más que ustedes, pero ha elegido uno en el que no es así", dijo. La estructura de la sesión, sin posibilidad de réplicas, dejó ahí el debate, aunque reapareció por la tarde en una refriega en la que participaron el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y los líderes de CiU, Artur Mas, y el PP, Josep Piqué.
Entre las propuestas de la comisión, además de la oficina antifraude y la supresión de las donaciones anónimas, figuran la reducción drástica de la subcontratación, el anuncio de un calendario de inversiones, un registro público de licitaciones, adjudicaciones y precio liquidado de las obras, el aumento de la seguridad en túneles urbanos y la creación de un registro de estudios geológicos. La comisión asume que las responsabilidades son de este Gobierno y del anterior, pero las da por agotadas con las dos dimisiones admitidas, la del ex presidente de GISA, Ramon Serra, y la del director general de Transportes, Jordi Julià.
Pese a que buena parte del texto cuenta con los votos de todos los partidos, excepto el PP, en el pleno quedó claro que cada partido lee una cosa distinta en el mismo texto. Josep Rull (CiU) explicó que las conclusiones dejan claro que hubo por parte de este Gobierno una actuación "inadecuada, incorrecta y negligente", que faltaron estudios geológicos, que no hubo control de la obra.Rull sostuvo que la causa última del hundimiento es una excavación hecha la noche antes "sin estar prevista", aunque resaltó también el descontrol de la obra por parte de las empresas y de GISA. Y acabó: "Joaquim Nadal lo sabía desde el principio y no lo dijo" porque, en opinión del diputado de CiU, pretendía ocultar la mala gestión de la crisis.
Joan Ferran replicó a CiU que la comisión reconoce errores en el Gobierno actual, pero que el peor de los errores era haber asumido una política de continuidad con la obra de CiU, una política que consistía en "inaugurar la obras varias veces y contratar personas por afinidad política".
En una línea más dura se expresó Josep Piqué quien, sin embargo, salvó a Joaquim Nadal, "el único que ha dado la cara", dijo, frente a los "ausentes". Se refería a los titulares de Comercio, Josep Huguet; Vivienda, Salvador Milà; Bienestar Social, Anna Simó, y el primer consejero, Josep Bargalló, además de criticar la "nefasta política informativa" con "conatos de censura" y dirigismo sobre TV-3 y Canal 33. Piqué calificó el informe de la comisión como "lamentable" y una burla; las discrepancias de CiU fueron definidas "una representación teatral" que no se traduce en votaciones diferentes.
Piqué recordó peticiones de comparecencias rechazadas en la segunda parte de la comisión: la del actual portavoz de CiU, Felip Puig, ex consejero de Política Territorial, para que aclarara en qué casos tuvo que desempatar en las adjudicaciones de contratos; la de Joan Ignasi Puigdollers, ex presidente de GISA, que dijo que a veces recibía recomendaciones para que tratara "con cariño" a alguna empresa"; la del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, para que informara a la comisión de cómo llegó a disponer de la información que le llevó a hablar del 3%. "El objetivo era conocer la posible corrupción política y no se ha convocado a políticos", criticó, para concluir que la comisión era una burla.
Piqué lamentó que se rechazara una propuesta del PP para dotar de inmunidad a quienes denunciaran el pago de comisiones ilegales.
Este aspecto fue rechazado por el resto de partidos porque el PP presentó sus conclusiones como un todo enfrentado al resto de la comisión, en un intento de reflejar una postura radicalmente distinta a la del tripartito y CiU. Una actitud de permanente oposición que, en opinión de Oriol Amorós (ERC) les deja sin credibilidad y que, según Joan Ferran (PSC), está hecha desde la "mala fe", porque el PP "se ha instalado en una política destructiva, más acorde con lo que hacen sus compañeros de Madrid que con lo defendido por el propio Piqué en Barcelona", dijo.
En la misma línea, Dolors Clavell (ICV) les acusó de buscar permanentemente "maraña", de "manipular y tergiversar" y de haberse entregado "al populismo y la demagogia con técnicas de Berlusconi".
En la misma línea de hacer transparentes las cuentas de los partidos, la comisión propuso al pleno que se cree un sistema de contabilidad que limite los gastos electorales con un añadido a lo que ya existe: el control externo del gasto. En estos momentos, sostienen el PSC, ICV y ERC, hay partidos que gastan y declaran mucho menos por el sistema de decir que un cartel cuesta la mitad y presentar una factura amañada. Un informe externo que contara la publicidad real en las calles acabaría con esta situación. La propuesta, introducida en la redacción final por el PSC, fue aprobada con los votos en contra del PP y la abstención de CiU.
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