Anticorrupción decidirá si asume 'el caso Orihuela' tras interrogar al ex interventor

Felipe Briones, fiscal Anticorrupción de Alicante, dirigirá hoy el interrogatorio al ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, José Manuel Espinosa, en las diligencias abiertas a raíz de la autoinculpación del funcionario de haberse apropiado de unos 30.000 euros de las arcas municipales. Espinosa comparece esta mañana ante la titular del Juzgado número 5 de Orihuela que instruye la denuncia del Ayuntamiento.

Briones asiste al interrogatorio en sustitución de la fiscal de ese partido judicial y por delegación de la Fiscalía de la Audiencia. No obstante, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que la presencia de Briones en la declaración del Espinosa es "una primera toma de contacto" con el caso en previsión de que finalmente asuma la investigación.

Tras la autoinculpación, la corporación de Orihuela destituyó a Espinosa el pasado 22 de febrero. Dos días más tarde y en un encuentro con los portavoces de la oposición, el ya ex interventor denunció una serie de supuestos fraudes contables (facturas falsas, excesos de obra sin consignación, adjudicaciones verbales de contratos y ausencia de justificantes de facturas de subvenciones). Espinosa responsabilizó del conjunto de supuestas irregularidades al equipo de gobierno del PP que preside José Manuel Medina.

Las denuncias del ex interventor han acarreado la constitución de un colectivo, Plataforma por la transparencia, que ha reclamado insistentemente la presencia del fiscal Anticorrupción para esclarecer el alcance de la denuncia del ex interventor.

Las supuestas irregularidades en el área económica del Ayuntamiento de Orihuela no sólo proceden de la denuncia del ex interventor. Su sucesor en el cargo, Manuel Pons, presentó en el pleno celebrado el martes un minucioso informe sobre el estado de las cuentas de la corporación en el ejercicio 2004, que también abunda en ese sentido. El documento elaborado por el nuevo interventor general recoge que el Ayuntamiento pagó un total de 564.298 euros sin soporte documental. El informe subraya que las supuestas irregularidades contables han acarreado el falseamiento de las cuentas municipales.