El fiscal pide el procesamiento de Otegi por entender que es dirigente de ETA

El fiscal Juan Moral solicitó ayer el procesamiento por pertenencia a banda terrorista en grado de dirigentes de los ex parlamentarios de Sozialista Abertzaleak (la antigua Batasuna) Arnaldo Otegi y Jon Salaberria. La petición se produce en el marco del sumario que instruye el juez Fernando Grande-Marlaska, en la Audiencia Nacional, por la utilización de la red de herriko tabernas como medio de financiación de ETA. Otegi salió el viernes pasado de prisión tras haber constituido una fianza de 400.000 euros, la mitad en metálico. Salaberria está en busca y captura al no comparecer ante el juez.

La petición del fiscal se produce tan sólo cuatro días después de que Otegi declarase durante de tres horas ante el magistrado. Allí, el dirigente de Batasuna se extrañó de que el fiscal Jesús Alonso hubiera reclamado su prisión incondicional y llegó a preguntarle si su jefe, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, estaba al corriente de la petición porque, a su entender, "la posición del fiscal podría ser un sabotaje al diálogo" para lograr la paz en el País Vasco.

Agregó que él ocupa una posición política importante en su país y que iba a ser encarcelado únicamente por llamarse Arnaldo Otegi. El dirigente de Batasuna no hizo ninguna alusión al coche bomba que esa misma mañana había hecho explosión en Madrid, y que causó varios heridos leves.

Sin embargo, la petición de prisión incondicional formulada por el fiscal auguraba una inminente petición de procesamiento por integración en banda armada en grado de dirigente, delito castigado con una pena de hasta 14 años de prisión.

Los razonamientos del fiscal ya fueron expuestos en la petición de prisión. Por un lado, explicaba cómo la banda terrorista ya en 1992 puso en funcionamiento el denominado Proyecto Udaletxe, que tenía como misión "planificar las consignas económicas de ETA y definir los medios de financiación". En el mismo se sistematizaba la distribución de los beneficios que se fueran obteniendo: 50% para Herri Batasuna, 30% para Gestoras Pro Amnistía y 20% para KAS.

Por otro, el fiscal destacaba que "a la vez el servicio financiero que las herrikos tabernas prestaban al MLNV [Movimiento de Liberación Nacional Vasco], controlado por ETA, también constituían una infraestructura logística para el desarrollo de las actividades de las organizaciones controladas por el frente militar de ETA, tales como KAS, Ekin, HB, todas ellas grandes empresas del Proyecto Udaletxe, así como servir para el depósito seguro de material y propaganda relacionado con actividades de la kale borroka".

El escrito del fiscal hace referencia a un informe de la Unidad Central de Información (UCI) del 16 de mayo pasado, en el que describe la trayectoria política de Arnaldo Otegi, y a otro, de la Comisaría General de Información, de 17 de mayo, en el que se destaca que Otegi ha continuado con su actividad al frente de Batasuna, a pesar de que esta formación está ilegalizada por el Tribunal Supremo.

Reiteración delictiva

Otegi, según el fiscal, "ha seguido actuando de forma notoria, pública y reiterada como portavoz de una organización ilícita e ilegalizada, suspendida por su subordinación orgánica y factual del entramado de la organización terrorista ETA".

Para el fiscal "del marco de lo investigado se ha podido acreditar" que Sozialista Abertzaleak no desarrollaba "actividad parlamentaria alguna, sino todo lo contrario, es decir, ha continuado ejerciendo una acción de proselitismo y apología de la actividad de la organización ilícita HB".

La petición de procesamiento de Otegi es extensiva a Jon Salaberria, aunque éste haya huido, como ya se aplicó en febrero al también ex parlamentario José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.

El fiscal ya señalaba en enero de este año: "En el estado actual de la causa no existe ninguna duda de que, a través de la estructura financiera de las herriko tabernas, (...) Batasuna (antes Herri Batasuna) forma parte orgánica de la estructura de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin, como se desprende de su identificación en el denominado Proyecto Udaletxe, y se constata por todos los datos posteriores, algunos de los cuales ya obran en esta causa".

El pasado 25 de enero, el juez Baltasar Garzón, que había iniciado las investigaciones, ya procesó a 36 dirigentes de Batasuna por participar en la financiación de la banda a través de las herriko tabernas.

El 28 de febrero, fueron procesados los también ex parlamentarios de Sozialista Abertzaleak Joseba Álvarez, Joseba Permach y Josu Ternera. Este último, que hasta su detención en Francia en 1988 había sido máximo dirigente de la banda, se encuentra en la actualidad en paradero desconocido, después de que no acudiera a declarar a un llamamiento del Tribunal Supremo en noviembre de 2002 para que aclarase su participación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. En este atentado, ocurrido el 11 de diciembre de 1987, murieron 11 personas, cinco de ellas, niñas, y otras 73, resultaron heridas.