El CES sólo logró aprobar un dictamen el año pasado por la falta de consenso

La memoria de actividades del Consejo Económico y Social (CES) vasco de 2004 recogerá cuando se apruebe un balance bastante decepcionante. La falta entre sus miembros de un consenso que es obligatorio para llegar a cualquier acuerdo ha motivado que sólo pudiese aprobar el año pasado un único dictamen, sobre el plan para la incorporación de los discapacitados al mercado laboral. Los otros cinco informes que se le pidieron no llegaron a ver la luz. El CES tiene pendiente aprobar su memoria de actividades en el pleno, aprobación que se retiró la semana pasada del orden del día por una cuestión formal.

El CES es un órgano consultivo del Gobierno y el Parlamento en el que están representados, divididos en tres grupos, los empresarios, los sindicatos y una serie de instituciones y entidades sociales: las cámaras de Comercio, cajas de ahorro, cooperativas, universidades,... Sus decisiones se toman por acuerdo de dichos tres grupos. Este sistema propicia los bloqueos y hace en ocasiones inviable su trabajo, algo de que se han quejado habitualmente los sindicatos CCOO y UGT, que han propuesto una reforma que haga imposible el veto. Dentro del propio grupo sindical, la división entre las centrales hace casi imposible llegar a acuerdos. El PSE propuso incluso en la pasada campaña electoral autonómica su supresión.

El pasado ejercicio resultó especialmente significativo en este sentido para una institución con una presencia consultiva menor a la que se le supone. Su presidente, Antxon Lafont, señaló en marzo pasado, al poco de llegar al cargo, que respalda matizar el derecho de veto de sus miembros a los informes, aunque no suprimirlo. Esta decisión dependería de un cambio legislativo que aprobase el Parlamento.

Respecto al único dictamen aprobado, el CES fue además especialmente duro. Aseguró en su texto que la ausencia de compromisos de gasto y otras deficiencias mostraban "un carácter intencionista y de imagen".

Entre los proyectos de leyes y reglamentos que llegaron al Consejo Económico y Social vasco para su estudio y no tuvieron el correspondiente dictamen figura la ley de Suelo que propuso Vivienda. Este proyecto de ley fue rechazado por el Parlamento vasco justo al final de la anterior legislatura. Tampoco pudo informar sobre el decreto de horarios comerciales, materia que ha suscitado la convocatoria para junio de dos huelgas generales en el comercio en Vizcaya y en Guipúzcoa y una dura oposición sindical. Las centrales siguen pidiendo la reforma del decreto, mientras que el sector ha aparcado en las dos provincias citadas su decisión inicial de abrir dos festivos este año.

Otro proyecto que no se trató fue el del Consejo Vasco de Empleo, órgano, que, por otra parte, permanece dormido por la oposición de ELA a su existencia y el reconocimiento del Gobierno de que ya nació "cojo". Tampoco intervino, entre los asuntos de que puede informar, ni en el decreto de cooperativas ni en el proyecto de ley de Paridad, finalmente aprobado y que ya obligó a los partidos a presentar listas paritarias en las pasadas autonómicas.

Por decisión propia, el CES realizó durante el año pasado otros tres informes. El primero de ellos se refería a las políticas activas de empleo y censuraba la cantidad de órganos y de entidades administrativas que se dedican a esta cuestión y lo desperdigados que se encuentran los fondos para ello.

El segundo de los informes realizado a iniciativa propia se refería a los nuevos perfiles profesionales en la presente era del conocimiento.

Por último, el dictamen que más tiempo y estudios le ocupó al Consejo Económico y Social fue el dedicado a los problemas de acceso a la vivienda en la comunidad autónoma. Este informe nació ya mutilado, toda vez que sus recomendaciones fueron vetadas por el sindicato nacionalista ELA.

El órgano consultivo cuestionaba en este texto la extendida afirmación de que el suelo urbanizable en Euskadi sea escaso y que su correspondiente carestía suponga uno de los principales factores del aumento del precio de la vivienda en la comunidad autónoma. El estudio suponía al final un mero diagnóstico de la situación y estimaba que la vivienda ha aumentado su precio un 100% durante los últimos ocho años.