Democracia informativa y autonomía
En los últimos días, los ciudadanos andaluces asistimos con estupor, y no sin cierta tristeza, al descrédito de nuestras instituciones y representantes autonómicos, que evidencia la baja calidad democrática y, especialmente, el paulatino "cercamiento" de libertades públicas esenciales, un proceso que amenaza a Europa, que se hace patente día tras día en Estados Unidos y que, en realidad, conforma el ámbito de dominio público en la mayoría de los países del mundo. Hablamos de descrédito no tanto por actitudes vociferantes y de confrontación de los representantes del PP en el último capítulo ultra escenificado en el Parlamento Andaluz -síntoma, por otra parte, de la crónica ausencia de ideas y voluntad de fortalecimiento de Andalucía que ha marcado la historia política de la derecha sainetesca en nuestro país- , sino exactamente por todo lo contrario, por el silencio y la falta de información, por el velo y ocultamiento de las contradicciones y voces discordantes en torno al nuevo Estatuto de Autonomía, que se ha impuesto por consenso de los cuatro partidos representados en la Cámara autonómica desde el pasado día 10 de mayo.
La decisión de PSOE, PP, IU y PA de avanzar en el marco de reformas estatutarias a puerta cerrada, notificando por escrito a la prensa los informes previamente acordados por sus representantes, no sólo constituye una restricción injustificable al derecho social a la información. Esta política de apagón informativo supone además la negación misma del principio de autonomía que inspira todo Estatuto y que ampara las libertades fundamentales y los derechos colectivos que, paradójicamente, nuestros parlamentarios pretenden profundizar en el nuevo marco autonómico. Más aún, podría calificarse esta situación de un síntoma o indicio revelador del empeoramiento de la salud democrática, o más bien de la incapacidad de construcción de nuevos horizontes de futuro, precisamente por la falta de confianza. No es una situación grave, pero sí preocupante. A este revelador indicio de la necesidad de secreto en las deliberaciones sobre el nuevo Estatuto, cabe añadir además un síntoma si cabe más significativo del malestar de nuestra cultura política en las instituciones autonómicas a tenor de lo observado en la configuración del nuevo Consejo Audiovisual de Andalucía. Lo que se presentaba como una conquista en la profundización de nuestra democracia, en medio de salutaciones y bienvenidas por todas las fuerzas del mapa político andaluz, hoy resulta el aldabonazo definitivo al crédito público depositado en un espacio audiovisual y una política informativa autónoma. Ni los profesionales dan crédito al nuevo órgano antes de su nacimiento, y menos aún los ciudadanos, alejados como están, como en el caso del Estatuto, de toda posibilidad de intervención, salvo la de pasivos espectadores de la representación confusa y desordenada que han protagonizado PP y PSOE, con apariciones fugaces y altisonantes del PA.
Si por crédito hemos de entender apoyo o autoridad, afirmarse y establecerse en la buena reputación del público por medio de sus virtudes o de sus más que loables acciones (R.A.E.), la clausura institucional de la deliberación ciudadana sobre éste y otros asuntos estratégicos como el modelo de Estado y el diseño del nuevo Estatuto de Autonomía -bien por la limitación del derecho de acceso a las fuentes o, por omisión, evitando liderar una campaña de movilización y compromiso político con las organizaciones sociales y la ciudadanía- deja en definitiva entrever la renuncia a un proyecto social de progreso, a un nuevo marco y alianza verdaderamente autónomo e instituyente de nuevas lógicas modernizadoras para Andalucía.
En el marco de la Segunda Modernización auspiciado por la Junta, resulta cuando menos contradictorio hablar de Sociedad de la Información mientras iniciamos un proceso vital para el futuro de la región renunciando de antemano a la autodeterminación del pueblo andaluz, excluido de un debate público posible y necesario, al cerrar las puertas del diálogo a todos los actores políticos e instaurar políticas informativas fiscalizadoras y nada generativas para impulsar un proyecto creíble, sólido y participativo.
Con este tipo de comportamientos políticos los máximos representantes de la soberanía nacional confunden el derecho de información con la difusión de propaganda. Si la política, según Aristóteles, es el arte de lo posible, la comunicación parece ser, para nuestras autoridades, el correlato perfecto para la orientación de las posibilidades autonómicas deseables según la ley propagandística de dosificación, por la que se administra, jerarquiza y controla los contenidos y las ideas discutibles en el marco de reforma del Estatuto, bien mediante la limitación del número de actores posibles y las voces únicas publicables, o definiendo los límites del juego o reglas de la comunicación política a cumplir. Exactamente todo lo contrario de lo que parece razonable para el fortalecimiento y la gobernabilidad en los tiempos que vivimos. Pues si no es posible pensar la Democracia sin Comunicación desde la Modernidad, la democracia también debe cualificar la comunicación reforzándola activamente. Sabemos que todo sistema, también nuestro sistema político autonómico, se fortalece en la medida que los flujos de información, que las conexiones, los actores y las iniciativas se multiplican, traman y cruzan en múltiples direcciones, complejizando y enriqueciendo las miradas, los discursos y las propuestas de futuro.
Desde este punto de vista, parece claro, a nuestro entender, que el Gobierno y los partidos de todo el arco parlamentario deben comenzar por reconocer la inteligencia colectiva del pueblo andaluz, la soberanía y poder de autodeterminación del público como sujeto activo de su autonomía, como actor protagonista capaz de construir y desarrollar creativamente, como ya lo hizo en la transición, su modelo de nación, su política de reconocimiento y desarrollo institucional, sin tutelaje alguno, sin administración de los niveles de conciencia posible, ni la guía paternalista de una política de información que menoscaba los derechos profesionales y el estatuto autónomo de los periodistas, restringiendo el natural derecho de la ciudadanía a informarse de las deliberaciones y posturas ideológicas en torno al nuevo Estatuto.
Si hemos de dar crédito, en definitiva, y creer, otorgar nuestra confianza a los representantes de la nación es porque concurrimos con ellos, esto es, porque avanzamos juntos. Parafraseando un célebre lema de campaña institucional de la Junta, Andalucía será imparable sólo si avanzamos juntos, si todos caminamos, si la ciudadanía está comprometida, implicada... en pie. Y esto sólo es posible con información, con debate, con movilización popular, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política. De libertad e información, de diálogo y participación pública, de medios y mediadores conectados, imbricados en el nuevo debate constituyente... con las puertas abiertas a todos y a todas.
Por fortuna, aún estamos a tiempo de cumplir estas condiciones. Todavía podemos abrir este espacio para formar, informar y fortalecer la autodeterminación de Andalucía. Esto depende de la voluntad política de nuestros representantes. Son ellos quienes tienen la primera palabra, pero -recuerden- no siempre la última.
Francisco Sierra es profesor titular de Teoría de la Información y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
