Desarrollo urbano a la carta

Las tres capitales de provincia valencianas, en manos del PP en la última década, han calcado su modelo de desarrollo urbano. En este caso su no modelo, porque la gestión de los gobiernos locales del PP de Valencia, Alicante y Castellón se ha basado en las modificaciones puntuales, planes especiales y convenios urbanísticos. Algunas de esas decisiones han ido acompañadas de polémica por los beneficios que han deparado a grupos privados.

El Ayuntamiento de Valencia, liderado por Rita Barberá desde 1991, se ha enfrentado a severas críticas de la oposición e incluso a recursos judiciales por su gestión urbanística, salpicada por un centenar de cambios en el PGOU, aprobado en 1988 con el voto en contra del PP.

Barberá y Alperi han firmado convenios con importantes réditos para algunos grupos privados

La primera decisión fue la venta del Balneario de Las Arenas. El complejo, patrimonio del Ayuntamiento y gestionado durante años en régimen de concesión por la empresa H. Santos D., SA, se subastó, extinguida la concesión, a esta misma sociedad. La enajenación se produjo de acuerdo con las condiciones del Plan Especial de Ordenación del Paseo Marítimo aprobado por el anterior gobierno socialista, que impedía más de tres alturas en la fachada litoral. Dos años más tarde, el equipo de gobierno aprobó, a petición de la empresa propietaria del balneario, un aumento a cinco alturas. El TSJ avaló la decisión de la alcaldesa.

El posible traslado del campo del Mestalla a las afueras de la ciudad ha hecho correr auténticos ríos de tinta. En diciembre pasado la alcaldesa y el promotor Juan Soler, presidente del Valencia CF, cerraron un acuerdo para la recalificación de la manzana donde ahora se ubica el campo, una parcela de 48.000 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad, de acuerdo con la densidad de su entorno y a lo que establece la ley, de 1,82 de volumetría por metro cuadrado. Esto equivalía a unos 57.000 metros cuadrados de techo que, tras el nuevo convenio entre el club y el Consistorio, pasaron a 87.000. El promotor Francisco Murcia Puchades contaría con una opción de compra sobre 18.000 metros cuadrados de esta manzana, según fuentes municipales.

Y un tercer caso polémico, la antigua Tabacalera de Valencia. En febrero de 2001, el pleno del Ayuntamiento acordó la apertura de conversaciones con su propietaria Altadis para convertirla en un espacio de uso público. En julio de 2002, el grupo Ballester compra a Altadis el 49% del suelo por casi ocho millones de euros y, a partir de ese momento, el Consistorio abre una negociación con los dos propietarios del suelo, a los que recalifica para uso residencial dos parcelas de terreno y les cede el complejo municipal de la Avenida de Las Américas a cambio del edificio de Tabacalera. La operación reportará unos 100 millones de beneficios a los dueños del suelo, según cálculos de la oposición.

La polémica en torno a la gestión urbanística ha sido una constante en los tres mandatos del popular Luis Díaz Alperi, al frente del Ayuntamiento de Alicante. El también ex promotor inmobiliario ha jalonado sus dos lustros en la alcaldía con unilaterales y sonadas decisiones urbanísticas. La última ha sido la adjudicación, al margen de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del PAI de Rabassa al empresario local Enrique Ortiz. Y todo a golpe de modificaciones puntuales del PGOU, vigente desde 1987. El equipo de gobierno inició la revisión del planeamiento en 2002. Tres años después todavía no hay un documento definitivo.

En febrero de 2002, el Ayuntamiento de Alicante y Altadis firmaron un convenio por el que el Consistorio cedió a la tabacalera dos parcelas públicas valoradas en 9 millones de euros a cambio de los terrenos de la Fábrica de Tabaco. Al mes, Altadis vendió el suelo municipal con un saldo a su favor de cinco millones de euros.

Díaz Alperi cerró su anterior mandato con otra decisión urbanística de envergadura: la ordenación del sector Benalúa Sur. El suelo del plan parcial estaba ocupado por dos naves industriales. Alperi sorteo el problema mediante la fórmula de cesión de suelo público en la misma zona a los dos empresarios (Antonio Bufort y José Cloquell) a cambio del desmantelamiento de las dos factorías. El convenio incluye la cesión de un millar de metros cuadrados en superficie y 10.200 de uso y tipología.

La tercera decisión urbanística en la ciudad de Alicante en la que también está implicado el Ayuntamiento fue la recompra del hotel palas al promotor local y presidente del Alicante CF, Antonio Solana. En marzo de 2003, la Cámara de Comercio de Alicante adquirió por 6,7 millones de euros el antiguo hotel Palas para ubicar su nueva sede. La operación se financió con dinero público. Los dueños del inmueble ganaron 2,4 millones en menos de cinco años.

En Castellón, la operación que más ampollas levantó surgió a raíz del soterramiento de las vías férreas, en 2003, cuando el grupo municipal socialista presentó una querella contra el entonces alcalde, José Luis Gimeno y el empresario Luis Batalla, que fue admitida y posteriormente archivada, por las actuaciones urbanísticas y la adjudicación de la urbanización de más de 40.000 metros cuadrados que iban a ser ocupados por viviendas, un hotel y por El Corte Inglés. El proceso comenzó con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que, según los socialistas, se daba un tratamiento urbanístico especial a los terrenos, con "el claro objetivo de obtener una porción del suelo lo suficientemente amplia para albergar una gran superficie comercial (El Corte Inglés), por lo que se cambió el desarrollo urbanístico de esta zona. "El mayor pelotazo de la historia de Castellón", en palabras de los socialistas.

La capital de La Plana ha sido escenario de otras operaciones que han tenido como protagonistas a miembros del equipo de gobierno. En 2001, el Ayuntamiento aprobó el cambio de calificación de unos terrenos, de industrial a urbanizable, propiedad de la familia del entonces concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Alberto Fabra.

Información elaborada por Cristina Vázquez, Santiago Navarro y María Fabra.