Los socialistas preguntan si Mercalicante estaba en quiebra entre 2000 y 2002

El PSPV de Alicante, que ejerce la acusación popular en el caso Mercalicante, ha pedido a la juez instructora que un perito contable elabore un dictamen para verificar si entre 2000 y 2002 la firma estaba o no en quiebra. En ese período se produjo un supuesto desfalco en la empresa de seis millones de euros. Por estos hechos están imputados 15 personas, entre ellas, el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, y otros dos ediles de esa formación.

La instrucción del caso Mercalicante, que dirige la titular del Juzgado número 1 de Alicante -y no el número 2, como se recogía por error en la edición de ayer- ha entrado en una nueva fase tras el interrogatorio a los 15 imputados en las diligencias. Los últimos en ser incluidos en ese apartado han sido los cinco miembros del comité ejecutivo de Mercalicante (máximo órgano de control de la firma integrado por el alcalde, dos ediles del PP y otros dos miembros en representación de Mercasa, socio tecnológico del Ayuntamiento en la empresa).

La magistrada está ahora a la espera de la petición de nuevas pruebas de las partes para comprobar aspectos de las declaraciones de los últimos imputados o recursos solicitando el sobreseimiento de la imputación a alguno de los 15 implicados. En el primer apartado, el PSPV ha dado el primero y ha anunciado que solicitará que practiquen seis nuevas diligencias. En el segundo, la defensa del alcalde y resto de miembros del comité ejecutivo también ha anunciado su intención de presentar sendos recursos de sobreseimiento de la imputación.

El concejal socialista Ángel Franco fue el encargado de presentar la batería de nuevas pruebas. La más destacada, a juicio del edil, es que se designe un perito contable judicial para que dictamine si entre 2000 y 2002 la empresa estuvo en situación de quiebra técnica. "Si lo estuvo, que informe si se han usado recursos públicos o financiación ajena para superar tal situación, y si esto fue correcto", precisó Franco.

Los socialistas también piden a la magistrada que el Ayuntamiento aporte las grabaciones de las reuniones de la comisión de investigación municipal del caso Mercalicante -este órgano estudió el caso entre noviembre y diciembre de 2002-. El alcalde, Luis Díaz Alperi, se negó a llevar al pleno las conclusiones. A juicio del PSPV, en la comisión de investigación municipal se dieron a conocer "datos importante" que contradicen o no constan en las diligencias judiciales.

Otras las pruebas que exige el PSPV es que el juzgado pida a las entidades bancarias que certifiquen quién o quiénes del Consejo de administración firmaban, junto al ex gerente, las autorizaciones para que éste dispusiera de cantidades por encima de las permitidas (90.000 euros al año, mientras el libro de inventario contable de 2001 refleja que esas disposiciones del ex gerente superaron los 400.000 euros).

Los socialistas proponen a la juez instructora que tome declaración a tres nuevos testigos: Javier Mexía, asesor jurídico de la comisión ejecutiva y miembro del grupo de trabajo que puso en marcha el frustrado sistema de venta electrónica; Diego Cano, ex interventor municipal y vocal del consejo de administración en el que miembros del comité ejecutivo han derivado la responsabilidad; y, por último, la persona de la oficina técnica de Mercasa que se ocupaba del seguimiento de Mercalicante.

Por último, el PSPV plantea que se averigüe si Mercasa abrió algún expediente a los miembros de su oficina técnica que se ocupaba de Mercalicante, si el Ayuntamiento abrió algún expediente al ex interventor, las fechas de compra y venta de las acciones de las firmas Tenos y Sime y cuál era la plantilla real de esas dos firmas entre 1998 y 2003.

El concejal Ángel Franco remachó que esta batería de nuevas diligencias tienen por "objetivo clarificar cada uno de los hechos y declaraciones de los imputados". "Los hechos han dejado claramente inhabilitado al alcalde Alicante para gestionar los bienes públicos de los ciudadanos alicantinos", añadió.