Una reserva social del 10%

La caída de la vivienda social en estos años de boom inmobiliario apenas la discute nadie. Para los promotores y constructores de la Comunidad Valenciana la causa ha sido la evolución del suelo y de la propia economía española. "El suelo es tan caro que imposibilita la construcción de viviendas sociales", han repetido los dirigentes del sector, mientras pedían a la Administración Pública una revisión al alza del precio del módulo de los pisos protegidos o la creación de otras fórmulas intermedias que compatibilicen la ayuda oficial con una edificación menos encorsetada.

Eva Hernández, responsable de Vivienda del sindicato CC OO-PV, que ha firmado un convenio con Blasco para la edificación de pisos protegidos, reconoce que la Generalitat está intentando hacer un esfuerzo por liberar suelo en estos dos años de legislatura. "Pero no es suficiente", añade la portavoz, a pesar de que la normativa exige que de cada Plan de Actuación Integral (PAI) se libere un 10% de suelo para vivienda social. "Nosotros pedimos en su día un cupo del 20% o 30% del plan, pero la norma dice que es un 10%", explicó Hernández. Los ayuntamientos pueden aumentar este porcentaje; es el caso de Sagunto, que obliga a que el 40% sea vivienda social. Según Hernández, habrá que esperar para ver el resultado de las acciones de la Generalitat: "Nuestra opinión es esperar y ver cómo fructifica la política de Blasco".

En el PSPV-PSOE, principal partido de la oposición, el anuncio del PP de edificar 65.000 viviendas protegidas genera incredulidad. El secretario de Acción Territorial, Eugenio Burriel, califica de "despropósito" que el IVVSA se dedique a hacer negocio con varios promotores privados en vez de promover pisos sociales. "Dice el consejero Blasco que sin la participación privada no habría sido posible la construcción de VPO, pero lo que no dice es que el IVVSA actúa como si de una constructora privada se tratase".

Para Burriel, el cupo del 10% establecido por Blasco es "insuficiente", sobre todo a la vista de lo que sucede en otras autonomías españolas gobernadas por el PP, como Madrid o Cantabria, donde el porcentaje se eleva al 50% y al 35%, respectivamente. Los socialistas denuncian en un escenario de precios altos de la vivienda libre y apenas inversión en VPO, cómo es posible que la Consejería de Territorio y Vivienda recorte el presupuesto de vivienda de este año en 40 millones de euros.