'Okupas' de última generación

Cuando uno se acerca a los 80 años, o incluso hace tiempo que los cumplió, y vive en Sevilla en una casa alquilada y vieja pero bien situada, tiene muchas posibilidades de pasar el resto de sus días entre grietas. O en el peor de los casos, de recibir la visita de un asustaviejas, personas que en nombre de constructoras o de los dueños visitan a los inquilinos, en su mayoría señoras de avanzada edad, y les ofrecen dinero para que se vayan o les amenazan con echarles.

Muchos de los vecinos más viejos del barrio de San Bernardo han pasado por esta experiencia mientras peleaban con la burocracia para que los dueños, o el Ayuntamiento de forma subsidiaria, les arreglaran sus casas. Cansados de esperar, los inquilinos amenazados se han convertidos en reivindicativos okupas. "No sé ni cómo estoy aquí. No sé lo que aguantaré", dice Josefa Borrego, con 71 años, una prótesis en la rodilla, operada de vesícula y aquejada de diabetes e hipertensión.

Ella es uno de los más de 20 vecinos que el pasado martes decidieron ocupar un edificio de 15 viviendas del barrio que permanece vacío desde que se construyó, hace dos años. "Nos hemos instalado aquí para reinvindicar que arreglen nuestras casas, que les den unas condiciones de habitabilidad digna", asegura Antonio Buenavida, que con 49 años es el más joven de los que quedan dentro del edificio.

El martes se encerraron 11 familias, pero una abandonó de forma voluntaria el miércoles por la noche después de que los vecinos, el Ayuntamiento y la inmobiliaria Prasa, propietaria del inmueble, acordaran cederles el uso de 10 viviendas que pertenecen a la Gerencia de Urbanismo. Les dieron las llaves y prometieron darles agua y luz. Algunos vecinos aprovecharon para ir a sus casas a buscar ropa o comida, pero cuando volvieron se encontraron con que agentes del Cuerpo Nacional de Policía y vigilantes de una empresa privada de seguridad les negaban la entrada. Algunas familias se quedaron con sus miembros repartidos, unos dentro y otros fuera.

Alfonso Gutiérrez, de 76 años fue uno de los que se quedó fuera y ayer charlaba con su esposa, Carmen Fernández, de 74, a través de la ventana de un bajo. Ella sigue en el nuevo edificio y está dispuesta a quedarse hasta que le arreglen su casa. "Tiene 10 puntales entre el salón y el dormitorio", asegura.

Inmaculada López, la hija de Josefa Borrego, la vecina que teme no tener fuerzas para aguantar, salió de la casa para trabajar y no pudo volver a entrar. Quiere que le dejen cambiarse con su madre, pero no se lo han permitido. "Ella tiene 71 años y está enferma. Yo tengo 29 y aguanto lo que sea", afirma mientras pasa a través de las rejas de la ventana una bolsa de plástico con "necesidades básicas" para Josefa. Un cojín, una bata de verano, un bote de gel, ropa interior, una manopla y las pastillas para dormir.

"Yo la apoyo porque quien no lucha no gana, pero esto es indignante", dice Inmaculada, que se ha quedado en casa con su padre, que también salió y no pudo volver. "No pedimos ni otra casa, sólo que nos arreglen la nuestra", insiste. El piso que ahora ocupa su madre es de nueva construcción y mide 70 metros cuadrados. La vivienda en la que los padres y la hija han vivido hasta ahora mide 38 metros, tiene más de 70 años y una grieta que cruza en diagonal la pared del dormitorio principal. "Se tapa con cemento y vuelve a salir", cuenta Inmaculada.

El encierro de los vecinos nació con el apoyo de la Liga de Inquilinos La Corriente, una plataforma creada hace unos meses para luchar contra las presiones de constructoras y propietarios con ansias especulativas. Varios miembros de la plataforma hacen guardia ante el edificio para intentar evitar un desalojo policial que temen que pueda llegar en las próximas horas. Ellos y los familiares de los encerrados se encargan también de llevarles agua y comida. Si la policía y los vigilantes se lo permiten, por la puerta, y si no, por la ventana.

Lo que echan de menos los más viejos es el apoyo de los vecinos del barrio. "Hace 40 años esto era una familia. Pero ahora ha venido gente con más dinero a los pisos nuevos y lo tienen todo cerrado. Pasan y ni saludan", lamenta Antonia Ruiz, una vecina veterana.