El PP rechaza en el pleno el cese del director de seguridad de Málaga por el 'caso Agüera'

El coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Rubio, a quien la oposición hace máximo responsable del informe policial sobre la concejal Rosa Agüera permanecerá en su cargo después de que la mayoría absoluta del PP rechazara ayer en pleno la petición de cese formulada en sendas mociones de PSOE e IU. Pero la sorpresa de la sesión no vino por este turbio asunto. Los concejales del PSOE apoyaron una moción del PP para trasladar a Málaga las sedes de la Cámara de Cuentas y el Consejo Económico y Social, que no respaldará en el Parlamento.

La oposición no logró su pretensión de que el cese de Carlos Rubio se sometiera a voto secreto, ya que el secretario aseguró que ésta sólo es pertinente en los casos en los que el pleno tiene competencias para nombrar o relevar a cargos municipales, lo que no es el caso del coordinador de seguridad, que es un puesto de confianza de libre designación del alcalde.

El PP salvó la cabeza de Rubio, pero su portavoz, Mariví Romero, no se empleó en hacer una defensa de su labor. En el debate sobre el asunto, se limitó a reiterar los argumentos ya expuestos con anterioridad por el partido sobre el caso Agüera y dio por satisfechas todas las interrogantes sobre el caso.

Rubio, que fue subdelegado del gobierno en la provincia, recibió duras críticas de los portavoces de la oposición. José Luis Portillo, de IU, le llegó a acusar de poner en peligro la seguridad de la concejal, porque guardó un informe en el que se ponían de manifiesto hábitos vida de Agüera en los que no tenía protección suficiente. "No tiene la capacidad que exige el cargo", dijo Portillo.

La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, consideró necesario el cese de Rubio "para limpiar la imagen tan terrible que se ha creado la ciudad". Aseguró que la elaboración y filtración del informe policial sobre Agüera en el que se detallan actividades privadas y se realizan valoraciones negativas sobre su trabajo, es "la situación más lamentable y esperpéntica que Málaga ha vivido hasta ahora", porque dijo que "afecta clarísimamente a la estructura del sistema democrático y atenta contra los derechos constitucionales".

La oposición recalcó la conveniencia de constituir una comisión de investigación sobre el asunto, que ya rechazó en pleno el PP, ya que entiende que hasta ahora aún no se ha aclarado "quien, por qué y para qué" se hizo el polémico informe. IU solicitó la comparecencia en un futuro pleno del alcalde para dar nuevas explicaciones sobre el caso. PSOE e IU criticaron al alcalde su empeño en no depurar responsabilidades políticas sobre el caso. El primer edil, Francisco de la Torre, replicó que el propio Ayuntamiento llevó a la Fiscalía el caso y los resultados del expediente reservado en el que se apunta con nombres y apellidos algún presunto culpable de la filtración del informe. El juzgado de instrucción número 7 de Málaga se ha hecho cargo de la investigación para determinar si ha existido un presunto delito de rebelación de secreto.

El pleno ordinario celebrado ayer deparó una sorprendente votación de los concejales del PSOE que respaldaron una moción del PP para que las sedes de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Consejo Económico y Social se trasladen a Málaga. El reparto geográfico de ciertas instituciones autonómicas está incluida en las propuestas presentadas por el PP para la reforma del Estatuto de Autonomía, "para evitar la concentración y el centralismo del que actualmente hace gala la Junta".

En realidad, el voto favorable del PSOE está realizado con la boca pequeña. Marisa Bustinduy, que es también secretaria provincial del PSOE, explicó que previamente había consultado con la dirección regional del partido y que no veía motivos para no respaldar la moción porque se trata de una propuesta realizada desde el consistorio de Málaga. Recordó que en todo caso es el Parlamento quien tiene que decidir sobre el asunto. El PSOE de Andalucía no es partidario del reparto geográfico de las instituciones.