La comisión del Carmel pide que el Gobierno demande a las empresas

La comisión de investigación del Carmel, según el documento de conclusiones que aprobó ayer, considera corresponsables del hundimiento del túnel del metro a las empresas adjudicatarias. Por este motivo, los diputados instan al Gobierno a querellarse contra estas compañías con el fin de que reparen los daños causados, cifrados por el Ejecutivo catalán en 95 millones de euros. El dictamen fue aprobado por todos los grupos salvo el PP.

Las responsabilidades de las empresas adjudicatarias, tanto las encargadas de la dirección de obra (una unión temporal formada por Geocontrol y Tec 4) como las constructoras (también unión de empresas integrada por Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa), se consideran "graves". La comisión no concreta la parte de culpa de cada firma, algo que deberá resolverse "en el ámbito judicial". Sin embargo, sí insta al Gobierno a "emprender las acciones legales oportunas" para que las empresas asuman los 95 millones de euros que el Ejecutivo deberá desembolsar entre compra de viviendas, arreglos en edificios y dietas y hoteles para los vecinos afectados.

El PP catalán se desvinculó a última hora del consenso y votó en contra de la totalidad del documento de conclusiones. Daniel Sirera, portavoz del PP en la comisión, reconoció que están de acuerdo en la explicación de las causas que provocaron el hundimiento en el barrio barcelonés del Carmel, así como en las recomendaciones que se hacen para mejorar los procesos de adjudicación de obra pública en Cataluña. Sirera cree que la comisión parlamentaria de investigación ha sido un "fraude" porque no ha cumplido sus objetivos. El PP elevará al pleno del Parlament del próximo 2 de junio un texto distinto. La posición del PP causó malestar en el resto de los grupos, satisfechos con las conclusiones.

Responsabilidad política

El documento atribuye parte de la responsabilidad en lo sucedido al actual Gobierno tripartito, pero da por extinguidas las responsabilidades políticas con las dimisiones, ya producidas, de Jordi Julià como director general de Transportes y de Ramon Serra como presidente de la empresa pública GISA. Además, se reconocen errores en la gestión de la crisis tras el hundimiento. Así, la decisión de autorizar el retorno de los vecinos a sus domicilios 24 horas antes del segundo hundimiento es calificada de "precipitada".

El Gobierno de CiU también aparece como responsable, aunque en menor medida. Las conclusiones indican que el proyecto inicial de ampliación de la línea 5 del metro -redactado bajo la Administración convergente- contenía "debilidades e imprecisiones", y que las modificaciones de este proyecto se hicieron "sin ningún trámite administrativo". CiU hizo constar sus reservas en este punto y señaló que las responsabilidades del actual Ejecutivo deben ser "más amplias".

Los diputados de PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds se felicitaron por la "autocrítica" del tripartito y lamentaron que los nacionalistas no hayan actuado de la misma forma.

Sobre el presunto cobro de comisiones ilegales, el 3% citado por Pasqual Maragall, las conclusiones señalan simplemente que "no se ha podido acreditar" su existencia. Debido a la presión de ERC y de Iniciativa, el texto sugiere la eliminación de las donaciones anónimas a los partidos políticos, una resolución que no contó con el apoyo de CiU, la formación más favorecida por este tipo de aportaciones.El ingeniero Sebastien S. M., que trabajada en una empresa proveedora de las obras del metro en el Carmel, declaró hace escasos días en Madrid, ante la policía, que detectó problemas "de adherencia" en la gunita (hormigón) debido a filtraciones de agua. "Hubo problemas de adherencia con el soporte por culpa de la aparición de agua", declaró. Esta circunstancia, según fuentes judiciales, pudo ser una de las causas del hundimiento de la cola de maniobras que desencadenó la tragedia en el barrio barcelonés, informa Europa Press.

Este mismo ingeniero, de nacionalidad francesa, es el que denunció, una semana después de que se produjera el hundimiento, que se escatimaron materiales en la construcción del túnel. En su segunda declaración ante la policía, Sebastien dijo que detectó que la resistencia del hormigón inyectado alcanzaba entre el 38% y el 57% del nivel exigido en el proyecto constructivo. "Por esa razón la UTE (Unión Temporal de Empresas) echaba más gunita para compensar las bajas resistencias", dijo. Y añadió que fue contratado para aplicar la capa de gunita con la condición de que aumentara su resistencia pero no se incrementara el coste.

Reacciones a la comisión

Las reacciones ante las conclusiones alcanzadas por la comisión de investigación no se hicieron esperar. El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, el socialista Joaquim Nadal, dio por "buenas" y "razonables" las resoluciones de los diputados. Nadal justificó las escasas referencias del dictamen al presunto cobro de comisiones ilegales en la obra pública porque ésta, a su juicio, "no era la comisión del 3%". El consejero aseguró que las conclusiones de la comisión van "en la línea" de lo que él mismo explicó en comparecencia parlamentaria y en la comisión.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, se sumó a este análisis. Clos aseguró que es "bastante obvio" que hubo "errores" en la obra. A su juicio, las conclusiones apuntan como responsables fundamentalmente "a las empresas constructoras".