El alcalde de San Lorenzo, juzgado por segunda vez por un delito de prevaricación

El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo, del PP, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid. El regidor explicó que las competencias en urbanismo las tiene delegadas en su concejal de área, el edil José Antonio Perea, acusado también de prevaricación en este mismo proceso.

La de ayer es la segunda vez que Fernández Quejo se sienta este año en el banquillo. La primera, y durante casi un mes, fue ante la Sección Cuarta de la Audiencia -que preside Juan José López Ortega-. Esta instancia judicial no ha hecho pública aún la sentencia de este otro proceso, en el que el fiscal acusa al regidor de recalificar una parcela protegida vulnerando la normativa urbanística.

Este nuevo juicio contra el alcalde de San Lorenzo de El Escorial se está celebrando en la Sección Sexta de la Audiencia. Junto al regidor se sientan en el banquillo, entre otros, el promotor de las citadas viviendas, Federico Martínez; el arquitecto municipal, Francisco Navarro Roncal; y el concejal de Urbanismo, José Antonio Perea.

Los hechos se remontan a enero de 1998, cuando los acusados concedieron licencia para levantar 18 casas en un lugar donde las normas sólo permitían levantar "ocho o nueve", según un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo.

"Existen indicios", señaló el juez instructor, de que "las resoluciones dictadas son injustas", puesto que se dictaron "con frontal oposición al ordenamiento jurídico, desbordando de manera palmaria la legalidad" vigente.

En la sesión del juicio de ayer, Fernández Quejo fue interpelado por el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio. Éste le preguntó por qué había concedido una licencia para construir 18 casas en contra del criterio de la Comunidad de Madrid, que consideró ilegal la licencia.

El regidor señaló que las competencias en urbanismo las tiene delegadas en su concejal del área. También fue preguntado por la tramitación de la licencia de obras pese a que la misma había sido declarada ilegal y anulada. "Que le pregunten al secretario", subrayó el regidor.

El concejal de Urbanismo indicó que cuando la Comunidad de Madrid le advirtió de que la licencia para levantar las 18 casas era ilegal, él ordenó que la misma fuese revisada. Preguntado por qué no se revisó, destacó que eso ya no era competencia suya. Al arquitecto municipal, Francisco Navarro, el tribunal le inquirió por unas declaraciones que hizo ante el juzgado instructor en las que calificaba de "obsoleta" la norma que regulaba el tope y amplitud de las casas construibles en una zona. El arquitecto opinó que "ahora se va hacia [la construcción de] pisos más pequeños".

Al constructor de las 18 casas, Federico Martínez, se le preguntó por qué había construido 18 viviendas y no las nueve máximas que establece la normativa. Martínez señaló que lo hizo animado por el propio alcalde y el concejal, quienes le indicaron que tenían pactado con la Comunidad ese aumento de edificabilidad. Este constructor está acusado de estafa. Los terrenos donde hizo las 18 casas eran de una vecina, Rosa Andradas, que los vendió más baratos porque en el Ayuntamiento le habían dicho que en ellos sólo se podían hacer nueve casas.