Hacia el Estatuto de 2005

A salvo de cómo quede el texto definitivo que se presente en las Cortes y salga de ellas -salvedad que es importante porque los últimos textos que he visto necesitan de una corrección técnica intensa, lo que no tiene nada de particular; en las negociaciones se llega a acuerdos políticos, la instrumentación técnica viene después- me parece que hay cuatro temas fundamentales en la reforma estatutaria que pueden y deben operar como piedra de toque: la mejora del sistema institucional, la cuestión de los nuevos derechos sociales, una mejor definición de los asuntos competenciales y el sistema de financiación. Empezando por el final resulta claro que el sistema de financiación existente no resulta satisfactorio, los problemas surgidos en torno a la sanidad o la fuerte carga que la deuda de la Generalitat supone son indicadores fiables de que algo no funciona. Según los datos elaborados por el Ministerio de Administraciones Públicas la financiación per capita de todas las comunidades ha crecido en relación al régimen anterior, la media a pasado de 2.044 euros per capita a 2.857, y si nos ceñimos exclusivamente a las autonomías del sistema LOFCA estricto se ha pasado de 1.987 euros per capita a 2.819. En buena medida porque se ha producido la transferencia generalizada de enseñanza y sanidad. Pero a nosotros no nos ha ido tan bien. La Comunidad Valenciana ha pasado de 1.893 euros per capita en 2001 a 2.324 en 2004 y hemos pasado del 86 % de la financiación media a algo más del 77%. No es el único caso: salvo Andalucía, que se hallaba en 2004 exactamente en la media, todas las comunidades del arco mediterráneo se hallan financiadas por debajo de la media. La Comunidad Valenciana es la penúltima, solo delante de Baleares.

La cuestión financiera no puede remediarse en el Estatuto, depende de un sistema general y es en ese lugar donde hay que buscar los remedios principales, lo que si puede hacer el Estatuto es dotarnos de los medios necesarios para administrar bien los recursos, propios o cedidos, que nos correspondan y para obtener la información sin la cual la correcta gestión es imposible, cuestión nada baladí porque es opinión general entre los conocedores que una buena y bien informada gestión puede tener repercusiones financieras importantes. Por eso es clave el dotarnos de una administración tributaria propia que, asociada a la general, nos permita gestionar los impuestos cedidos, hoy la fuente principal de ingresos de la Generalitat, tener ingresos propios y controlarlos nosotros. Por eso era clave la cuestión del servicio o agencia tributaria. El nombre es lo de menos. Al llegarse al acuerdo en este punto no cabe duda que se ha cubierto un objetivo fundamental, sólo ese logro justifica la reforma.

En cuanto a las competencias la verdad es que no había mucho que rascar y buena parte de lo que hay por asumir (como prisiones o policía de tráfico) es más bien poco interesante. Dos cuestiones importantes estaban con todo pendientes: clarificar las competencias en enseñanza y contar con una policía autonómica. La primera cuestión se ha resuelto con una fórmula virtualmente idéntica a la que existe en el estatuto vasco, la segunda lo ha sido en el sentido de prever una policía autonómica con competencias en orden público, con lo que dos de los más serios defectos del Estatuto de 1982 se han resuelto. En este campo el balance es, por lo que yo sé, y a reserva de conocer el texto detallado, satisfactorio.

Por lo que afecta a los nuevos derechos sociales se trata de una materia ausente del Estatuto del 82 e innovadora en el contexto autonómico. El estatuto incorpora un título nuevo sobre derechos, acoge buena parte de los derechos sociales que provienen de la legislación europea y no se encuentran en la Constitución y prevé la producción de una carta de derechos sociales detallada. Aparecen así derechos de prestación tanto de cobertura general (renta de ciudadanía, por ejemplo) como sectoriales (derechos sociales ligados a la maternidad, o a los servicios de salud, por ejemplo). En este punto el Estatuto puede ser pionero y, en todo caso, el avance respecto del actual es notable.

Por último la mejora del sistema institucional, que registra luces y sombras. Entre las primeras hay que anotar la correcta regulación de la elección del Presidente, la incorporación de la disolución presidencial en forma similar a la que ostenta el Presidente del Gobierno, la incorporación y mejora de las instituciones creadas en los últimos años o la previsión sobre el Consejo del Audiovisual. Entre las segundas hay dos que, a mi juicio, destacan: el mantenimiento de la barrera electoral en los términos existentes y de la desigualdad de voto y la conservación del muy poco satisfactorio régimen local, que incluye una rigidificación, a mi parecer excesiva, de las condiciones de desarrollo legislativo. Aquí se ha retrocedido respecto del primer acuerdo y no sería precisamente improcedente usar del trámite parlamentario para recuperar el acuerdo inicial.

En sustancia el balance global me parece satisfactorio. Ciertamente podría serlo más, pero a la vista de cómo estaban las cosas en el mes de octubre, no me cabe la menor duda de que en mayo estamos mucho mejor. Una piedra de toque adicional va a ser, a mi juicio, lo que vaya a suceder con el paquete de medidas legislativas que se han negociado en paralelo, porque en ese nivel el catálogo es importante.

Para acabar, el acuerdo que puede dar a luz el Estatuto de 2005 debe seguir un largo y complejo trámite parlamentario, en las Cortes Valencianas primero y en las Cortes Generales después, es de esperar y de desear que el trámite sirva para incorporar al consenso a l'Entesa, tercera fuerzas parlamentaria, conviene no olvidarlo, aun al precio de las cesiones que hagan falta. Un acuerdo unánime comprende más valencianos que un acuerdo a dos y me parecería un fracaso que el Estatuto de 2005 tuviera menos base parlamentaria y social que el Estatuto del 82 cuando, recogiendo la experiencia de un cuarto de siglo de autonomía, me parece sustancialmente mejor.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.