Ex dueños acusan a los promotores de Terres Cavades de presionarles

Tres de los 21 ex propietarios y querellantes contra los promotores de Terres Cavades declararon ayer ante el juez de instrucción de Tarragona. Dos aseguraron haber recibido presiones para vender su finca, según fuentes judiciales. La tercera declarante, una mujer que confesó no saber leer ni escribir, explicó que puso en las manos de un familiar cualquier negociación. Las otras dos querellantes, hijas de una propietaria que falleció en 2004, aseguraron que su madre recibió tres veces por semana durante dos meses la visita de una persona que le instó repetidamente a vender su finca porque si no, dijeron, "la iban a expropiar", ya que por la zona estaba previsto que pasara una carretera.

Ni la madre ni las declarantes comprobaron nunca si por la finca iba a pasar carretera alguna. La fallecida padeció una sensación de "angustia", agudizada por la presencia continua del negociador y por sus "malos modales". Las hijas de la ex propietaria, que vendió su finca en 1998, declararon que aconsejaron a su madre que no vendiera precisamente a causa de la insistencia del comprador, quien aseguraron que actuaba en nombre de José Luis García, el principal constructor de Tarragona e impulsor del cancelado proyecto de Terres Cavades, que preveía la construcción de 4.580 pisos, lo que hubiera supuesto la mayor operación urbanística de la ciudad.

Llamada telefónica

En cambio, siempre según la versión de las querellantes, su madre recibió una llamada de un familiar suyo, "amigo de José Luis García", para animarla a vender. Este familiar incluso le aseguró que el precio de la operación era "ventajoso", al contrario de lo que opinan sus hijas y el resto de los querellantes. La llamada les causó sorpresa puesto que hacía varios años que su madre y este familiar no se hablaban.

La mujer regentaba un restaurante, donde habitualmente desayunaba unas tres veces por semana la persona que la sometía a presión para que vendiera, según las declarantes. Una de ellas declaró ayer que esta persona insistía tanto en que vendiera, que su madre pensó que hacerlo era la mejor forma de perderlo de vista, pese a la opinión contraria de sus hijas. Entre otros argumentos, el comprador había asegurado a la propietaria que su terreno iba a quedarse "aislado" porque en la zona había proyectos tan distintos como construir una carretera o ubicar una zona verde, y debido a esto la iban a expropiar. Todas estas conversaciones ocurrieron durante unos dos meses, según las querellantes, tiempo durante el cual ni ellas ni su madre buscaron una tercera opinión sobre el valor de la finca.

Por otra parte, el abogado de los 21 querellantes, Alfredo Nieto, aseguró ayer que sus clientes han sido objeto de una campaña de acoso a través de anónimos en los que les instan a retirar la querella.

El juez de instrucción ha imputado a una docena de personas en relación con este caso, entre los que figuran, además de García, el ex concejal de Urbanismo de Tarragona Àngel Fernàndez (CiU), su hermano Juan (con el que el segundo poseía intereses económicos en la zona siendo edil) y la mujer del senador convergente y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona Lluís Badia. Estos últimos compraron una finca en Terres Cavades en 1993 y la vendieron 10 años más tarde por 4,4 millones de euros, después de adjudicar a José Luis García la construcción del centro de negocios del puerto. Ninguno de los querellantes vendió por una cantidad similar a la que percibieron hicieron Badia y su esposa, y aseguran que vendieron fincas comparables a las de éstos por 180.000 euros.

El fiscal, que abrió su investigación de oficio, considera que hay indicios de que los imputados, políticos y empresarios de la construcción, formaban parte de una trama creada para beneficiarse mutuamente, y en sus diligencias señala, entre otros, los delitos de tráfico de influencias y actividades prohibidas para funcionario público.