La sangre de las víctimas

Las maldiciones bíblicas se han mantenido desde los orígenes del hombre y nos persiguen hasta nuestros días.

Cuando Caín intentó engañar a Dios ocultándole que había matado a su hermano Abel, el Señor le dijo: "La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra". No obstante, Dios le perdonó y le dejó habitar al Este del Edén.

La historia de la humanidad está salpicada de feroces odios fratricidas que han generado un reguero de crímenes, que aumentaron cuando el género humano se multiplicó. A la vista de la inutilidad de la ayuda divina, los hombres establecieron sus reglas de convivencia y reaccionaron, lógicamente, contra los crímenes graves que cometían los unos contra los otros.

Al principio, la elementalidad y simpleza de los razonamientos humanos consideró que cada crimen era acreedor de una guerra entre las tribus o pueblos del agresor y el agredido.

Más adelante reflexionaron sobre su incongruente y bárbara conducta, conviniendo que la venganza de la sangre podía satisfacerse con medidas más selectivas e individualizadas. Finalmente tuvieron que admitir, después de ensayar todo género de respuestas violentas, que el delito es un fenómeno que acompaña la vida de los pueblos y de los individuos.

La función del derecho penal, como instrumento inevitable de represión, pasó, en principio, por la tesis de la venganza: venganza divina, venganza privada y venganza pública. Esta justificación de la pena por la venganza es una consecuencia de la equiparación del delito al pecado o a la vulneración de las leyes de la naturaleza. La reacción vengativa no se centraba en el agresor. Se extendía a su entorno familiar o tribal, que era arrasado por el solo hecho del vínculo de sangre o vecindad.

La racionalidad, la civilización, la cultura y la evolución del pensamiento humano llevaron a la conclusión de que la justificación de la pena por la venganza primaba los instintos primarios sobre los valores colectivos de la comunidad. A pesar de algunos residuos de la ley del talión, ahora socializada y generalizada, se alzaron voces para encauzar el conflicto de forma proporcionada, racional, inteligente y civilizada.

Instalados afortunadamente en un mundo que reconoce los valores del individuo como norma suprema, plasmada en el reconocimiento de los derechos individuales, se exige una nueva configuración de las respuestas al delito. La reacción corresponde al Estado, que tiene el monopolio de la fuerza. Debe ejercitarla con proporcionalidad y humanidad, sin retroceder a los excesos vengativos del pasado.

La utilización de las víctimas como razón y único fundamento de la política criminal no sólo es peligrosa, es hipócrita e interesada.

Desde hace tiempo se han puesto en marcha políticas de ayuda a las víctimas de los delitos violentos y agresiones sexuales y posteriormente y de manera específica a las víctimas de delitos terroristas. Las leyes están para ser cumplidas y no simplemente manipuladas. Su ámbito de aplicación exige a los poderes públicos desarrollar las medidas de asistencia, ayuda, protección y atención que son exigibles en una sociedad moderna, sin descartar, en un futuro, la indemnización de los daños sufridos con una generosidad mayor de la que ahora se señala. Es, en todo caso, un problema presupuestario, pero no un pretexto para endurecer las leyes y para cercenar, hasta la asfixia, los derechos y garantías de las personas acusadas de cometer un hecho delictivo. Las sociedades democráticas no pueden permitirse, en aras de una demagógica compasión por las víctimas, dejar indefenso al acusado exponiéndole de antemano a la venganza pública y privándole del derecho a un proceso con todas las garantías.

El problema adquiere caracteres dramáticos cuando las víctimas son objeto de manipulaciones políticas, llegando incluso a distinguir ideológicamente a las diferentes asociaciones que agrupan a los familiares y supervivientes de los ataques terroristas. La víctima tiene derechos indiscutibles, pero no puede marcar la política de un Estado a la hora de hacer frente a los desgarros que plantea la supervivencia de una irracional furia asesina por parte de quienes se consideran a su vez víctimas de un sistema, que les ofrece todas las posibilidades de alcanzar sus objetivos por las vías democráticas.

La escenificación del dolor de manera permanente y la apelación a los sentimientos y emociones de los ciudadanos para hacer política sólo puede llevar al Estado a una regresión a etapas ya superadas.

Nadie se preocupa de realizar un seguimiento de las políticas de ayuda y asistencia, exigiendo el cumplimiento estricto y continuado, sin inflexiones y sin olvidos posteriores a la exhibición pública del dolor de las víctimas. La legalidad constitucional no pone el acento de la política criminal en la dureza implacable con el criminal. Se exige racionalidad, proporcionalidad y serenidad en la respuesta. En caso contrario, no merecería la pena haber establecido estos principios en el texto constitucional.

La coreografía que se monta a favor de las víctimas resulta paradójica e insoportable para los propios familiares y afectados. Se les considera como héroes por haber estado en un lugar en un momento determinado o incluso por haber sido el objetivo selectivo de unos asesinos patológicos.

En un reciente coloquio en la New School University de Nueva York participaron representantes de víctimas del 11-S y del 11-M. Su mensaje fue verdaderamente conmovedor. Habían sublimado el dolor y eran capaces de transmitirnos a todos la inmensa profundidad y riqueza de los sentimientos humanos. Merece la pena seguir sus palabras y su sentimiento profundo de reconciliación y de aportación positiva para que los sucesos no vuelvan a repetirse.

Entre todos los testimonios escuchados, en unas jornadas inolvidables, repiquetean en mi mente las dulces y serenas palabras de Nikki Stern, merece la pena conocer su nombre, directora ejecutiva de las víctimas del 11-S, casada con una de las personas que trabajaban en las Torres Gemelas. Escandalizada por la utilización política e incluso patriótica de las víctimas, dijo, con una impresionante sencillez y ternura: "Yo adoraba a mi marido, pero mi marido no era un héroe".

Volviendo al dolor, la cuestión candente en Nueva York que nadie quiere abordar políticamente es el destino del inmenso solar en plena cuna de Manhattan que se conoce como zona cero. Las víctimas quieren que sea un recinto para el recuerdo que escenifique y perpetúe el horror del atentado. Otros, con argumentos vacuos, quieren obtener una rentabilidad edificándolo de nuevo para conseguir unos rendimientos de 350.000 millones de dólares. ¿Usted, ciudadano o político, que opción escogería para respetar el dolor de las víctimas?

José Antonio Martín Pallín es magistrado del Tribunal Supremo.