1.800 condenados a penas menores de cinco años, en busca y captura

Mil ochocientos condenados por los tribunales se encuentran en situación de búsqueda y captura en los cuatro juzgados de Madrid encargados de que se cumplan las sentencias con penas menores de cinco años. Suelen escapar aprovechando la libertad provisional, o cambian de domicilio para que no les localicen y evitar cumplir las sentencias. Además, unas 10.000 personas se declararon insolventes para no indemnizar a sus víctimas.

Según el juez López- Palop, las leyes se hacen "en laboratorios" al margen de la realidad

En los cuatro juzgados encargados de que se cumplan las sentencias de los condenados a menos de cinco años hay 1.800 fugitivos en búsqueda y captura. Según el magistrado de ejecutorias penales de la capital, Eduardo López-Palop, algo más del 60% -1.080- de los reos contra los que hay lanzada una orden de búsqueda y captura son inmigrantes latinoamericanos, de países como Colombia, Ecuador o Perú.

El juez López-Palop señala que en la mayoría de los casos el motivo por el que están en búsqueda y captura está relacionado con la violencia doméstica. El perfil se repite: han sido condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel por haber agredido a sus mujeres y que se han ocultado de la justicia a la hora de cumplir sus penas. López-Palop apunta que, en el tema de la violencia doméstica, se están produciendo casos muy llamativos. "Muchas víctimas de estos delitos procedentes de estos países acuden al juzgado cogidas del brazo de su marido y agresor para pedir que no ejecutemos la sentencia. Lo único que puedo decirles", añade el magistrado, "es que la sentencia es firme y que la única opción que tienen es pedir el indulto al Gobierno, pero la sentencia hay que cumplirla".

A veces López-Palop se ha visto forzado a pedirles que abandonen el despacho: "La sentencia suele dictaminar el alejamiento de la mujer, así que cuando vienen juntos, el agresor está cometiendo un delito de quebrantamiento de condena, y no es de recibo que lo cometan delante del juez", comenta indignado.

López-Palop señala otro de los problemas con que se encuentran al ejecutar las sentencias de los 22 juzgados de lo Penal que hay en Madrid, en la calle de Julián Camarillo: "Es habitual que el agresor sea el sostén económico de la familia y que esté en situación ilegal en España. Cuando son condenados, el fiscal suele pedir que se sustituya la pena por la expulsión de España. Entonces se devuelve al agresor a su país, olvidando que es quien mantiene a la agredida y sus hijos, que se quedan en Madrid sin nada. Por eso, muchas mujeres llegan exigiendo que no se condene a sus maridos: alegan que ellas son las agredidas y que tienen derecho a perdonarles". Ante la pregunta de los jueces de por qué les denunciaron la respuesta suele coincidir: "Yo no sabía las consecuencias que iba a tener". En opinión del juez López-Palop, hay leyes que se hacen "en laboratorios" no siempre próximos "a la realidad social" y con una aplicación muy compleja día a día.

En Madrid hay cuatro jueces que reciben las sentencias de los 22 juzgados de lo Penal de la ciudad y su misión es ejecutarlas: citar al reo y ordenar su ingreso en prisión o -si reúne los requisitos- dejarle la pena en suspenso a cambio de que no delinca. Se suele suspender la pena si es menor de dos años de prisión, el reo ha pagado las responsabilidad civil resarciendo a la víctima y carece de antecentes penales.

Cuando los reos tienen que optar por pagar una multa o ir a la cárcel la mayoría opta por pagar la indemnización, pero de forma fraccionada. "Muy pocos vienen con todo el dinero. Suelen declararse insolventes y van pagando una cantidad cada mes. Lo que obliga a mantener la causa abierta durante años", señala el magistrado López-Palop.

Los jueces de ejecutorias disponen de ordenadores conectados con la Agencia Tributaria y el Registro Mercantil que les permite averiguar si un reo, cuando dice ser insolvente, está contando o no la verdad. Estos ordenadores no paran de trabajar. Desde que comenzó el año, estos jueces han hecho en torno a 10.000 investigaciones patrimoniales, según señala el magistrado López-Palop. Lo común es hacer la averiguación en delitos de impago de la pensión al cónyuge tras una separación o por maltrato doméstico. En los casos de los acusados de robos, la mayoría de las averiguaciones suelen ser negativas porque no disponen de patrimonio que embargar", destaca.

En los juicios rápidos, si el reo se conforma con la pena que le pide el fiscal y evita de esta forma el juicio, se le recorta la pena en un tercio. Por ejemplo, si el fiscal pide a un agresor de violencia doméstica 12 meses de cárcel y éste la acepta, inmediatamente la misma se traduce en una sentencia firme de ocho meses de prisión, tras la reducción del citado tercio.

Dado que en casi la mitad de los juicios rápidos que se celebran en Madrid hay conformidad, la sentencia pasa inmediatamente al juzgado de ejecutorias para que se haga cumplir. Los pagos fraccionados y la avalancha de sentencias firmes desde que nacieron los juicios rápidos han llevado casi al colapso a los juzgados de ejecutorias.

Ahora mismo, estos juzgados tienen cerca de 30.000 sentencias pendientes de ejecutar en su integridad. Estos jueces han mantenido reuniones con miembros del Poder Judicial para pedirles apoyo con el que afrontar la gran carga de trabajo que sufren sus juzgados, aunque de momento no han tenido demasiado éxito.