El Consell aprueba la ley de urbanismo que sustituirá a la LRAU 10 años después

El Consell aprobó ayer el nuevo proyecto de ley de ordenación urbanística que sustituirá a la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). La denominada Ley Urbanística Valenciana (LUV), en palabras del consejero de Territorio, Rafael Blasco, completa todo un paquete de medidas legislativas que servirá para ordenar el urbanismo durante las próximas decadas. La LUV, una vez sea aprobada por las Cortes Valencianas, supondrá también la derogación de la LRAU, medida necesaria "por los conflictos que había planteado en los últimos años", según Blasco.

Los socialistas afirman que la LUV es "una operación más de maquillaje"

El proyecto de ley aprobado ayer por el Ejecutivo de Francisco Camps "cierra un ciclo de innovación legislativa" tras las leyes de fomento de la calidad en los edificios, la ley de suelo no urbanizable y la ley de protección del territorio y el paisaje, según aseguró Blasco.

Tras una década de gobierno del Partido Popular en la que ha estado vigente la LRAU, pese a las protestas de un sinnúmero de propietarios y que ha provocado las protestas de embajadas europeas, el consejero de Territorio explicó ayer que la nueva ley se articula en seis bloques y 264 artículos que incluyen novedades importantes. Una de ellas es la aprobación de un estatuto del propietario, en el que se recogen por primera vez sus derechos y obligaciones.

Según Blasco, el proyecto de ley establece "mecanismos de mayor transparencia en relación a los agentes urbanizadores", otorga mayor protección a los pequeños propietarios y apuesta por la vivienda de carácter social.

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley obliga a los ayuntamientos a destinar a vivienda protegida todo el terreno que obtengan de las cesiones urbanísticas, que se deberá inscribir en un registro autonómico de patrimonios públicos municipales de suelo, que contendrá todos los bienes procedentes de la gestión urbanística.

La nueva LUV prevé que el agente urbanizador tendrá obligación de notificar individualmente a cada propietario afectado por la aprobación de un Plan de Actuación Integral (PAI), adjuntado toda la información sobre datos urbanísticos y económicos que afectan a sus terrenos. También ampliará el plazo de 10 días a dos meses para que los propietarios puedan elegir entre pagar en metálico o con terrenos el coste de la urbanización.

Rafael Blasco también quiso recalcar que la LUV será un instrumento para hacer cumplir de manera inflexible la legalidad urbanística, ya que contiene una regulación exhaustiva de las licencias urbanísticas y de un régimen de infracciones y sanciones.

En el denso proyecto de ley también se acuerda un nuevo procedimiento para la adjudicación de los PAI, cuya finalidad es buscar mayor transparencia y dar garantías de que la urbanización se realizará en las mejores condiciones técnicas y económicas. Una vez adjudicado el PAI, según explicó ayer la Consejería de Territorio, el urbanizador tendrá que licitar el proyecto de obra con todos los requisitos de publicidad, libre concurrencia y competencia exigibles a una contratación administrativa.

El consejero de Territorio y Vivienda expresó su confianza en que el proyecto de ley pueda lograr el respaldo de los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes Valencianas, algo que no parece muy probable a tenor de las reacciones suscitadas.

El secretario de Medio Ambiente de la ejecutiva de los socialistas del País Valenciano, Francesc Signes, aseguró ayer que "Blasco es incompatible con la ordenación racional del territorio". El portavoz socialista aseguró que la LUV "es una operación más de maquillaje a las que Blasco nos tiene acostumbrados, ya que adolece de gran indefinición, lo que la convierte en un instrumento al servicio de quien la aplique".

Signes denunció que "la LUV dificultará que los ayuntamientos controlen directamente las nuevas actuaciones urbanísticas, ya que les obliga a hacer frente a todas las cargas de urbanización, obligándoles a financiar por anticipado la actuación de los propietarios". "Blasco ha hecho una ley para poder lucirse, impidiendo que ninguna Administración, salvo él, puedan hacer vivienda pública", indicó el responsable de Medio Ambiente de la dirección socialista.