Los expertos piden una ley de golf que prohíba la recalificación de los campos

El grupo de expertos reunidos por la Universitat de València para debatir sobre el futuro del golf en la Comunidad Valenciana pidió ayer que la ley que prepara el Consell para estas instalaciones prohíba la recalificación de suelo deportivo para evitar su conversión en urbanizaciones residenciales. La secretaria autonómica de la Consejería de Territorio y Vivienda, Cristina Serrano, esbozó el borrador de la ley, que se aprobará en 2006.

El titular de Territorio y Vivienda del Consell, Rafael Blasco, explicó el miércoles en la apertura de las jornadas sobre golf que ha organizado la Universitat de València que la futura ley reguladora de estas instalaciones se aprobaría a finales de año o principio de 2006. Unas 20 de estas instalaciones, ahora en trámite, podrían autorizarse antes del nuevo marco legal, pero, en cualquier caso, deberán adaptarse a los criterios de calidad ambiental que establezca el nuevo texto, precisó la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente.

Serrano sí explicó, sin embargo, la intención del departamento que dirige Blasco de no cerrar las puertas a la ubicación de campos de golf en espacios protegidos. "Esta ley no lo va a prohibir, pero tampoco habrá absoluta permisividad. Dependerá del sitio porque algunos de estos espacios ganarían con un campo de golf", agregó.

Los promotores de este debate, el catedrático de Sociología Manuel García Ferrando y el letrado David Blanquer adelantaron al cierre de estas jornadas algunas conclusiones. Blanquer subrayó que la industria del golf representa una oportunidad no sólo turística y económica sino adecuada para la recuperación de espacios degradados. "No existe un modelo definido y parece que éste es el momento para elegirlo", enunció Blanquer recogiendo las opiniones de los ponentes.

Los puntos fuertes del mercado valenciano serían el clima templado, la accesibilidad de transportes y la existencia de una oferta turística y madura. Entre las debilidades, la más llamativa, según coincidieron los ponentes, es "una opinión pública poco informada" y que todavía se cuestione el derecho a jugar a golf o que las desaladoras colmaten la ocupación de la primera fachada del litoral.

Especialistas de distintos ámbitos han propuesto la elaboración de un plan estratégico, en el que participe un amplio espectro social, y una ley específica. Esa norma debería incorporar, según los expertos, la obligación de regar los campos con aguas residuales depuradas, la garantía de que se ejecute finalmente el campo de golf y no sólo el complejo residencial que lleva anexo, la exigencia de que estas instalaciones pasen con cierta periodicidad un examen de gestión medioambiental, y el fomento de campos de titularidad pública que hagan más asequible la práctica de este deporte.

Para proteger precisamente los suelos que deben albergar campos de golf y evitar que en un periodo corto de tiempo pasen de uso deportivo a residencial, la ley debería prohibir la reclasificación de este terreno por espacio de 75 años.

Ayudas de la UE

Territorio reiteró que la autorización de nuevos campos se regirá por la ley específica y las urbanizaciones adosadas a estos campos dependerán de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), todavía en fase de borrador. Blasco, en una nota de prensa, destacó además que los campos de golf que se construyan al amparo de la norma específica podrán recibir ayudas de la Unión Europea que permitirán financiar con el Programa Life Naturaleza hasta el 50% del coste de los proyectos. La consejería puso de ejemplo de proyectos financiados con ayudas comunitarias un campo de golf en Génova. El proyecto, con un coste de 1,4 millones de euros, ha recibido 722.493 euros por su sistema de gestión medioambiental.