Bargalló corrige a Vallès y dice que no se impondrá una cárcel en Estarás

El primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló, desautorizó ayer en Tremp (Pallars Jussà) al consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, al asegurar que el Gobierno catalán "no impondrá en ningún caso" una prisión en la comarca leridana de la Segarra, donde el proyecto ha provocado un amplio rechazo entre la población. Bargalló sostuvo que la cárcel no se construirá "contra la voluntad del Ayuntamiento" de Estaràs, la localidad donde se prevé que esté ubicada, y afirmó que el proyecto se hará con "diálogo y participación" de las partes afectadas.

El secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Albert Batlle, se reunió el martes con los 21 alcaldes de la comarca de la Segarra y les aseguró que, una vez escuchada la voz del territorio, la Generalitat tomaría en solitario la decisión de ubicar un centro penitenciario en el término municipal de Estaràs. Al día siguiente, Josep María Vallès reconocía que "hay una fase de negociación", pero alertataba de que ésta "tiene un final" y sustentaba así la construcción de la polémica prisión.

Las palabras de Batlle y del consejero provocaron un profundo malestar entre los alcaldes y vecinos, la mayoría de los cuales se oponen a esta nueva cárcel. Bargalló trató de rebajar ayer la crispación existente y, al ser preguntado sobre la polémica, afirmó que la prisión prevista en la Segarra sólo se construirá a través de un proceso de "diálogo y participación" con todas las partes afectadas, también con los que se oponen a la construcción de la prisión. "En ningún caso se impondrá contra la voluntad del Ayuntamiento" de Estaràs, añadió el dirigente republicano.

Bargalló criticó al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) por no haber tenido valentía política para aprobar los proyectos de las nuevas prisiones que eran necesarias en Cataluña para hacer frente al progresivo aumento de la población reclusa, que en estos momentos ya supera los 8.000 internos.

El primer consejero explicó que el actual Gobierno heredó un panorama carcelario deficiente y señaló que el tripartito será valiente para aprobar un plan de equipamientos penitenciarios sin necesidad de imponer las prisiones si los municipios afectados no están de acuerdo. "Tenemos sobre la mesa muchas posibilidades, hemos iniciado conversaciones con muchos ayuntamientos y en ningún caso se impondrá contra su voluntad", concluyó Bargalló.

La plataforma ciudadana No a la Presó considera que la postura de los alcaldes de la zona en contra de la prisión debería ser más firme de lo que ha sido hasta ahora.

El Consejo Comarcal de la Segarra, controlado por CiU, solicitó ayer una reunión urgente con el consejero de Justicia con el objetivo de "trasladarle la inquietud de la comarca" respecto a la construcción de la prisión, que podría albergar a entre 500 y 750 reclusos. El presidente del consejo, Adrià Marquilles, advirtió de que si la reunión con Vallès no resulta satisfactoria, solicitará una nueva entrevista, esta vez con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Marquilles criticó la reunión del pasado martes entre Batlle y los alcaldes de la comarca por considerar que "no hubo diálogo" y que el Gobierno catalán pretendía imponer su criterio.

Oposición de CiU

Por su parte, CiU instó ayer al Gobierno a desistir de su intención de construir la prisión en Estaràs. En una proposición no de ley, la federación nacionalista reclama que "se respeten los criterios de localización" de prisiones recogidos en el Plan Director de Equipamientos Penitenciarios 2004-2010. En el plan, según CiU, no se prevé "en ningún caso" la instalación de un centro penitenciario en la Segarra.

CiU reclama, además "el incremento del presupuesto de inversiones en la comarca de la Segarra", pero sin que este aumento esté supeditado a la construcción de prisiones. La diputada nacionalista Anna Miranda destacó que en Lleida ya existe actualmente una cárcel con capacidad para más de 1.000 internos. Según los cálculos de Miranda, esta área del territorio catalán cubre de sobras su "cuota de solidaridad", ya que sólo tiene el 5,5% de la población y, en cambio, alberga al 15% del total de los reclusos de la comunidad. La diputada de CiU alertó de que si se construye una nueva prisión, la cuota "aumentaría y pasaría a ser de más del 20%".