Amnistía ve "falta de accesibilidad" de algunas mujeres a casas de acogida

Amnistía Internacional cree que existe "falta de accesibilidad" de determinados colectivos de mujeres a los centros de acogida de maltratadas en Andalucía. La organización, que ha elaborado un informe sobre la violencia hacia las mujeres y la eficacia de las respuestas legales y políticas ante este fenómeno a nivel estatal, sostiene que estos problemas afectan a mujeres con discapacidades, drogodependientes, con enfermedades mentales, hijos mayores de 14 años o de etnia gitana. Asimismo, consideran que el número de centros de la comunidad es "escaso" en relación con la población. Según sus propios datos, existen 39 pisos tutelados, 16 centros de emergencia y 23 casas de acogida.

Sobre las órdenes de protección, según datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial, el 17,5% de todas las solicitadas en Andalucía fue denegada. En total se pidieron 6.468 órdenes y se concedieron 5.219. El porcentaje de órdenes autorizadas en Andalucía supera al conjunto estatal (se denegaron el 21%). La situación, sin embargo, no es uniforme en todas las provincias. Así, mientras que en Jaén se concedieron el 90% de todas las reclamadas, en Huelva se autorizaron el 66,2%. El porcentaje de órdenes denegadas en Almería fue del 11,6%, en Cádiz del 14%, en Córdoba, del 20%, en Granada, del 17,6%, en Málaga, del 14% y en Sevilla, del 23%.

Inmigrantes 'sin papeles'

Además, Amnistía Internacional censura que "con carácter general" no se conceden las ayudas económicas derivadas de la orden de protección a las mujeres inmigrantes en situación de irregularidad y aseguran que en la mayoría de los casos deben acreditar su empadronamiento para ingresar en los centros de acogida.

En el informe, la organización incluye el caso de una extranjera de 24 años que comenzó una relación sentimental con un español en Huelva en 1999, al poco de llegar. Con él ha tenido una hija de cuatro años. Según la entrevista que mantuvo con las integrantes de Amnistía, la mujer comenzó a sufrir agresiones psicológicas pronto y, cuando estaba embarazada de ocho meses, fue víctima de la primera agresión física. Sus suegros, según su testimonio, han presenciado los golpes "sin ayudarla" porque la responsabilizan de la situación. Tras el nacimiento de su hija, la inmigrante denunció una agresión e ingresó, primero, en un centro de emergencia y después en una casa de acogida. Según relató a Amnistía, "le dijeron que no podía quedarse al no tener legalizada su residencia en España".

La mujer volvió con su agresor porque rechazó la oferta para ir a un centro de inmigrantes y comenzó a vivir en una casa de su pareja sin agua caliente ni cocina, donde sufrió agresiones sexuales y psicológicas constantes. En octubre de 2004, cuando se hizo la entrevista, seguía viviendo con él y pensaba casarse en pocos meses por temor a perder la custodia legal de su hija.