La consejera de Gobernación asegura que se han vulnerado los derechos constitucionales de Aguëra

La consejera de Gobernación, la socialista Evangelina Naranjo, apoyó ayer a la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Rosa Agüera, objeto de un informe de la Policía Local en el se recoge detalles de su vida privada con datos facilitados por su escolta y una insólita valoración de su actividad política.

A una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, la consejera afirmó que el Ayuntamiento de Málaga "en ningún momento" se ha puesto en contacto con su departamento y que las referencias del caso las conocía por los medios de comunicación. Naranjo afirmó que la Junta carece de autoridad sobre las policías locales, que dependen en última instancia de los alcaldes y que, por lo tanto, la Consejería de Gobernación no podía intervenir administrativamente en este asunto.

Pero una vez aclarado los márgenes legales, la titular de Gobernación sí hizo valoraciones políticas sobre el espionaje sufrido por la concejal malagueña y aseguró que "se han vulnerado los derechos constitucionales" de Rosa Agüera, y "se ha atentado no sólo contra su vida privada, sino que también se ha puesto en riesgo su seguridad".

El informe, que fue filtrado a los medios de comunicación a través de un anónimo, da cuenta de las ideas y venidas de la edil y también hace una valoración de su trabajo ya que el autor del documento opinaba que dedicaba poco tiempo a su actividad municipal.

Naranjo señaló al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como el único responsable político del caso Agüera, por lo que afirmó que "es al que se le debe exigir la responsabilidad" y el que debe "parar" las acusaciones que se están haciendo sobre la concejal. "Se está invirtiendo la carga de la prueba", afirmó Naranjo, que hace poco sufrió en el Parlamento una acusación falsa de nepotismo por parte del PP.

Por su parte, Antonio Romero calificó de "gravísimo hecho de espionaje" el sufrido por Rosa Agüera, coincidió con la consejera en que ha habido una "vulneración de los derechos constitucionales" y en que el máximo responsable es el alcalde De la Torre. Romero concluyó que el caso era propio de "mafiosos".