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OPINIÓN DEL LECTOR
Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

112

: ¿servicio público?

El 112 es el número único de emergencias en toda la Comunidad Europea que en Andalucía funciona desde 2001. Lo presta la Junta y atiende y coordina las emergencias sanitarias, policiales, de rescate y salvamento, incendios y protección civil. Está pagado con dinero de todos los andaluces.

Pues bien, cuando ustedes utilizan el 112 quien les atiende no es la administración pública sino una empresa privada. El 112 está gestionado por una empresa de telemarketing, que, como a cualquier otra, le mueve el beneficio económico y no el interés público. Cuando marcan el 112 quien descuelga el teléfono es el esforzado trabajador de una subcontrata. Subcontrata que para obtener el máximo beneficio del dinero que recibe de la Junta no duda en emplear un número de trabajadores muy por debajo del que sería necesario para atender las llamadas que se reciben (más de 1000 por operador en muchos turnos). Que satura a sus trabajadores con turnos y horarios muy por encima de lo que la calidad en la atención de las llamadas recomienda. Que los mantiene en una situación de precariedad laboral absoluta.

En Sevilla, el 112 atiende, además, la línea de la policía local. Cuando usted llama al 112 o al 092 pensando que será atendido por un agente, quien le escucha y le orienta no es sino un subcontratado. Hasta la fecha, la subcontrata no ha facilitado a sus trabajadores la formación que permita que el ciudadano sea atendido con todas las garantías.

Todo bajo el consentimiento y la complicidad de la Junta que con tanto empeño defiende ante los votantes la importancia de la calidad en el empleo y publicita el 112 poniendo el énfasis en su carácter de servicio público que genera empleo de calidad pero cede a una subcontrata la gestión de algo tan esencial.

Los trabajadores del 112 y 061 estamos luchando porque la Junta asuma la gestión de unos servicios de seguridad pública hasta ahora en manos de empresas que están haciendo de la salud y la seguridad de todos los andaluces su propio negocio.

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