Un juez prohíbe registrar 152 parcelas de Ciempozuelos investigadas por intento de estafa

El Juzgado de Instrucción 2 de Valdemoro ha dictado un auto en el que prohíbe al Registro de la Propiedad de esa localidad que inscriba nuevas escrituras relacionadas con la titularidad de las 152 parcelas que son objeto de una denuncia de la Fiscalía de Madrid por un supuesto intento de macroestafa. El titular de este órgano judicial, Agustín Carretero, ha incoado diligencias y además ha ordenado al Registro de Valdemoro que efectúe una anotación preventiva sobre ellas y que adjunte la denuncia de la fiscalía para que conste que las mismas son objeto de un litigio penal.

La finalidad del magistrado es evitar que cualquier persona que compre alguna de estas fincas a la maraña de sociedades que ahora pretende registrarlas como propias pueda alegar luego que es comprador de buena fe.

La Fiscalía de Urbanismo de Madrid, que coordina Emilio Valerio, presentó una denuncia en los juzgados de Valdemoro en la que detalla un supuesto intento de macroestafa en Ciempozuelos que afectaría a 92 personas y a 152 parcelas; entre ellas, tres del Ayuntamiento de Ciempozuelos, cuatro de la Comunidad e igual número del arzobispado.

Según la denuncia, un grupo de personas ha constituido, en connivencia, una red formada por ocho sociedades que pretende inscribir en el Registro de Valdemoro los casi 1,5 millones de metros cuadrados de suelo que conforman esas 152 parcelas. Un parte de las personas que aseguran ser los dueños originarios de ese suelo, entre ellas el Consistorio, crearon el pasado mes de abril una asociación de afectados (Prosci) y denunciaron los hechos al fiscal, quien, a su vez, los ha elevado al juzgado.

Según la denuncia, tales empresas se han "inventado los títulos" y mediante "artificios" legales pretenden inscribirlas como propias en el Registro de Valdemoro basándose en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.

Además de la anotación preventiva, el juez ha ordenado a los dos notarios de Leganés que elaboraron la escritura de compraventa de esas 152 parcelas que le remitan "urgentemente" toda la documentación que le aportaron las citadas sociedades para hacer la escritura. Uno de los notarios, Joaquín Osuna, ha señalado a este periódico que él se limitó "a dar fe" de la compraventa de esas fincas y que toda la documentación que posee está a disposición del juzgado.

El juez también ha requerido al presidente de Prosci, José Luis del Olmo, para que le haga llegar toda la documentación que posean los socios sobre la adquisición de esas fincas. El valor del suelo que pretenden escriturarse las ocho sociedades es de 50 millones, según la denuncia.

Los denunciantes señalan que en ningún caso ellos han vendido sus fincas al grupo mercantil que pretende inscribirla.

El registrador de Valdemoro ha rehusado inscribir la escritura por entender que falta documentación que acredite la compra de las parcelas a sus dueños originarios. Los responsables de las sociedades han recurrido ante la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia la negativa del registrador a inscribir las parcelas.

Fincas no registradas

Muchas de las fincas que pretenden inscribir estas sociedades son inmatriculadas; es decir, no están inscritas en el Registro de la Propiedad. No estar inscritas no quiere decir que no pertenezcan a nadie, ya que puede haber documentos privados sobre ellas. No obstante, y sobre todo en zonas rurales, son abundantes los casos de fincas que carecen de escrituras y no están registradas. Quien se considera dueño de una finca no inscrita tiene dos formas de legalizar la situación. Hay un procedimiento, el más lento, que permite hacer la escritura y luego registrarla. Para ello, debe hacer saber al Ayuntamiento que es dueño de una finca inmatriculada para que éste publique un edicto durante un año en el que figure la persona que dice ser la dueña de la finca en cuestión. Pasado ese tiempo sin que nadie alegue nada, puede escriturarla y registrarla. El otro procedimiento, más rápido, y que es el que, según la denuncia, estarían haciendo estas sociedades, es el que permite al notario hacer la escritura sin esperar el año del edicto. En este caso, la finca no inscrita debe ser objeto de compraventa en dos ocasiones.

Según los denunciantes, se han utilizado estas ocho sociedades para comprarse y venderse entre ellas dos veces gran parte de las fincas en litigio. Todas esas compraventas se pueden hacer en el acto ante el notario. Ángel P., la persona que acudió a la notaría para escriturar en un mismo documento las 152 parcelas, ha asegurado que dispone de los títulos de estas fincas, que todo es legal y que las mismas se adquirieron "en lotes de herencias" a vecinos de Ciempozuelos.

El secretario del Ayuntamiento de Ciempozuelos ha remitido un escrito al registrador de la propiedad de Valdemoro en el que le indica que tres de las parcelas que el entramado empresarial pretende escriturar pertenecen al municipio "desde tiempo inmemorial".