Resolución y ruptura

Ocho de los nueve grupos parlamentarios respaldaron ayer la resolución propuesta por el PSOE a favor del diálogo con ETA si se dan determinadas condiciones. Votó en contra el primer partido de la oposición, el PP, que cuenta con 148 diputados. Aunque la resolución se refiere a un futuro indeterminado -cuando ETA decida abandonar las armas-, el aval de la Cámara otorga al Gobierno un cierto margen para explorar las posibilidades de acelerar el fin de ETA con iniciativas que sólo podrán concretarse tras su renuncia al terrorismo. De momento, la perspectiva de una salida avalada por el Parlamento español puede animar y dar credibilidad a movimientos del entorno de ETA y Batasuna en favor del abandono de las armas.

Si aparecen posibilidades de avanzar por ese camino, el respaldo de otros partidos será conveniente, especialmente el del PNV, pero el del PP será tarde o temprano imprescindible. No sólo para evitar que el miedo al fracaso paralice iniciativas plausibles, sino porque el proceso, si arranca, durará años, incluso varias legislaturas, como el de Irlanda, iniciado en 1993. Si se esperaba recuperar al PP para el consenso mediante la resolución votada ayer, alguien ha cometido un error. Tras lo oído en el debate sobre el estado de la nación era evidente que el PP no la apoyaría; la astucia de incluir en el texto párrafos del Pacto de Ajuria Enea, firmado en su día por el PP, no ha sido una buena idea. El argumento del PP es precisamente que la experiencia que culminó en Argel y Zúrich (y en Lizarra en su versión nacionalista) demostró la imposibilidad de alcanzar la paz por la vía negociadora; y por eso se planteó, tras la ruptura de la tregua, cerrar el paso, mediante el Pacto Antiterrorista, a cualquier expectativa de diálogo con los terroristas.

La ruptura, casi consumada, de ese pacto sería una desgracia en la misma medida en que su existencia ha sido un éxito: las condiciones que hoy hacen verosímil la hipótesis de la derrota de ETA, cualquiera que sea la forma en que se concrete, son efecto en buena medida de ese entendimiento entre PP y PSOE. Pero uno de los fundamentos del pacto es que la dirección de la política antiterrorista corresponde al Gobierno y, salvo vulneración flagrante, el papel de la oposición será respaldar sus iniciativas. Así lo hizo el PSOE, que renunció expresamente a hacer de la política antiterrorista un eje de oposición, mientras que desde el 14-M, el PP no ha dejado de cuestionar las iniciativas de Zapatero. Todavía ayer el portavoz popular, Eduardo Zaplana, insistió en la falacia de que la prueba de la fidelidad del PSOE al pacto sería que instase la ilegalización del partido para el que pidió el voto Batasuna.

Zaplana se abstuvo de dar el pacto por muerto, y tampoco lo hizo el portavoz del PSOE, López Garrido, lo que deja un resquicio para pensar que los contactos discretos que han faltado en los últimos meses puedan en los próximos ayudar a recuperar el consenso que interesa a ambos partidos y desea la mayoría de los ciudadanos.