La Junta pide un trámite urgente para la ley que le permitirá asumir funciones urbanísticas municipales

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer el proyecto de ley de la vivienda protegida y el suelo, en el que incluye medidas para tratar de fomentar la construcción de viviendas de protección oficial y evitar el fraude en su adquisición y uso. El proyecto también incluye la modificación legal que permitirá a la Consejería de Obras Públicas quitar la potestad para formular los planes urbanísticos a aquellos municipios cuyos "incumplimientos graves" afecten a la ordenación del territorio. La Junta de Andalucía solicitará al Parlamento que tramite la norma por el procedimiento de urgencia, una forma de acortar los plazos a la mitad, aunque es poco probable que entre en vigor antes de 2006.

La Junta ha tardado poco más de un mes en aprobar su propuesta de modificación legal para asumir algunas competencias urbanísticas de ejecución municipal en los casos en los que las decisiones de los Ayuntamientos se repitan los "incumplimientos graves" de las normas urbanísticas. Tal y como se había anunciado, la modificación legal permitirá al Ejecutivo andaluz asumir la potestad de diseñar los planes urbanísticos de esas localidades conflictivas y de firmar convenios urbanísticos con particulares o administraciones. Esas localidades sólo se quedarían con la concesión de licencias, que como recordó la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, "está garantizada para los ayuntamientos por legislación básica del Estado".

La Junta también quiere que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de viviendas protegidas y suelo, norma en la que va incluida la modificación legal para actuar ante "incumplimientos graves" de los ayuntamientos, sea lo más rápida posible. De ahí que haya solicitado el trámite de urgencia, una vía que si es adoptada por los grupos parlamentarios podría permitir la aprobación de la ley, como muy pronto, a finales del segundo semestre de este año.

La consejera de Obras Públicas insistió en que la modificación legal no se realiza para un "caso en concreto". Preguntada en conferencia de prensa por su futura aplicación al Ayuntamiento de Marbella, una posibilidad admitida en una comparecencia parlamentaria por la propia consejera, Gutiérrez se limitó a decir que el trámite previsto en la ley es un proceso "de muchas garantías" en el que deben pronunciarse varios órganos antes de tomar una decisión. La consejera indicó que el "Ayuntamiento de Marbella tiene que cambiar de actitud" y consideró que ahora tiene una buena oportunidad con el avance del plan urbanístico, presentado ayer, que cuenta con el visto bueno de la Junta.

Las "garantías" a las que hizo referencia Gutiérrez se plasman en que la decisión de aplicar la modificación legal tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno, con el informe favorable previo del Parlamento andaluz y el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Consultivo. La modificación legal establece que la Junta podrá asumir las competencias municipales durante un "máximo de cinco años", un plazo que ha sido criticado por la oposición, por cuanto podría afectar la gestión de un gobierno municipal (los mandatos son de cuatro años) distinto al responsable de los "incumplimientos graves".

Gutiérrez adujo que el plazo se decidirá "caso a caso" y que cinco años puede ser un tiempo adecuado para "devolver a la normalidad urbanística" a la localidad en cuestión. La ley de vivienda protegida se aprovecha también para crear un cuerpo de inspectores urbanísticos, que centrarán su atención en las irregularidades urbanísticas de los ayuntamientos conflictivos. Ahora mismo, la Junta estima que una quincena de municipios (la mitad en Málaga) está en esa situación, aunque ninguno al nivel de incumplimientos de Marbella.

El proyecto de ley de vivienda protegida incluye algunas medidas ya anunciadas por la Junta. Entre ellas, la obligación de que los nuevos planes urbanísticos de los ayuntamientos reserven el 30% del suelo a viviendas de protección oficial. Además, se exigirán plazos de entrega para esas viviendas protegidas y, en caso de que no se cumplan, la Junta tendrá la posibilidad de expropiar los terrenos a los ayuntamientos o los promotores. La expropiación se utilizará también como medida coercitiva en caso de que el propietario de una vivienda de protección oficial no se ajuste a las condiciones por las que se le adjudicó la casa.