Tres cargos del PP desoyeron a la Abogacía del Estado y aprobaron la compra de Quality Food

Ni en una o en dos, sino hasta en tres ocasiones, los ex delegados del PP en la Zona Franca y algunos consejeros populares en este organismo -ediles del Ayuntamiento de Cádiz- actuaron al margen de los informes o recomendaciones jurídicas de la Abogacía General del Estado en algunas operaciones bajo sospecha en la gestión de la Zona Franca de Cádiz. A los dos desmentidos del abogado del Estado sobre los polémicos contratos millonarios de Rilco -sociedad del recinto fiscal- con una empresa de Miami, se suma ahora la sordina del ex delegado Miguel Osuna y de los concejales Ignacio Romaní y Enrique García Agulló al rechazo de la Abogacía del Estado a que la Zona Franca adquiriese el 23 de diciembre de 2003 la mayoría del capital social de la empresa privada Quality Food.

Según publicó ayer Diario de Cádiz, el abogado del Estado, Manuel Ponce, "no apoyó" la adquisición del 52 % del capital social de Quality, sociedad dedicada a servicios de alimentación y catering y que ha provocado desde entonces a las arcas del recinto fiscal un quebranto económico superior a los 30 millones de euros.

El letrado del Estado propuso que la Zona Franca interviniese en esta empresa a través de un préstamo y siempre después de que dos auditorias detallasen la situación financiera y el valor de esta sociedad. De los cuatro cargos del comité ejecutivo de la Zona Franca, los populares Osuna, Romaní y García Agulló -primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz- desoyeron esta recomendación jurídica y acordaron que la Zona Franca comprase Quality mediante el pago de 4,6 millones de euros de dinero público. Sólo José Ramón Pérez Díaz Alersi, representante del Estado, se abstuvo.

En un informe de febrero de 2004, el abogado del Estado apunta la diferencia de criterios en la operación de compra de Quality Food. Con todo, defiende la legalidad de la actuación de Osuna, aunque no la respaldase. Mientras los cargos del PP optaron por comprar esta empresa con la valoración de una única auditoria, el abogado del Estado pedía dos auditorias y desaconsejó abonar el dinero teniendo en cuenta que la auditoria era de junio de 2003, seis meses antes de la operación de compra.

Se trata de la tercera ocasión en la que dirigentes del PP de Cádiz actuaron al margen de la Abogacía del Estado, pese a que Rodríguez de Castro, Osuna, Romaní, y la propia presidenta de la Zona Franca, Teófila Martínez, afirmasen siempre que todas las actuaciones del recinto fiscal fueron respaldadas por la Abogacía del Estado.

Los dos primeros desmarques de este cuerpo de asesores jurídicos se produjeron cuando la Abogacía del Estado no avaló "en ningún momento" los contratos millonarios que el ex delegado Rodríguez de Castro firmó en 2000 con Miami Free Zone para crear una red informática que no existe y tampoco emitió ningún informe contrario para poder anular este contrato, como adujo el también ex delegado popular Miguel Osuna para justificar que mantuvo los pagos de 4,23 millones que inició su antecesor.

El PP de Cádiz y el consejero Ignacio Romaní no atendieron ayer la llamada de El PAIS y declinaron ofrecer explicaciones sobre esta polémica compra. La oposición en Cádiz si reaccionó con contundencia, en especial contra los concejales del gobierno local del PP que preside Teófila Martínez. El PSOE sostuvo que se trata del "enésimo escándalo" sobre la gestión del PP en la Zona Franca. "La forma de proceder es cuando menos dudosa porque los representantes del PP actuaron de manera temeraria y apresurada. Estaban tan obsesionados por hacerse con Quality Food que ni siquiera conocían su valor real", lamentó Rafael Román, diputado y portavoz municipal socialista, quien preguntó a Martínez si también desconocía esta actuación de dos de sus concejales al margen de la Abogacía del Estado.

Destitución

En términos más duros se pronunció el diputado autonómico de IU por Cádiz, Ignacio García, quien pidió la destitución de los concejales del PP a los que acusó de gestionar la Zona Franca como "si se tratara de una empresa privada". García instó a Teófila Martínez a que "renuncie" a la presidencia de la Zona Franca porque, a su juicio, "o bien permitió lo ocurrido o bien no controló a sus delegados".