Aguirre ampliará la querella por la detención de sus militantes con "falsedad documental"

La disputa política y judicial por la detención de dos militantes del PP por presunta agresión al ministro José Bono en la manifestación del 22 de enero convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) subió ayer varios grados. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunció que el PP pedirá hoy la ampliación de la querella que presentó por "detención ilegal" de sus dos militantes para incluir "falsedad en documento público, abuso de autoridad, y coacciones y amenazas". El secretario general del partido, Ángel Acebes, fue más allá y afirmó: "El talante del Gobierno socialista consiste en utilizar a la policía para meter en la cárcel a la oposición". El PP pedirá la dimisión del ministro del Interior.

Aguirre mantuvo que hechos como la detención de esos dos militantes del PP "sólo ocurren en Estados totalitarios". Tras entregar la medalla de oro al Mérito Ciudadano al camionero Santiago Mero, que salvó a dos niños, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que las declaraciones del inspector de policía que instruía el caso "han puesto de manifiesto que se le relevó de su cargo por negarse a detener a dos personas por el mero hecho de ser militantes del PP".

El inspector jefe Heliodoro C., que investigó la supuesta agresión al ministro Bono declaró ante el juez que, el 25 de enero por la mañana, su jefe de sección, Javier F., le ordenó que cuando llegaran a la Brigada Provincial de Información los dos militantes del PP para prestar declaración voluntaria por su participación en aquella manifestación "les detuviera y les leyera los derechos", según informó ayer el diario Abc. El policía alegó que "no tenían pruebas que los inculparan hasta ese momento" por lo que mostró su desacuerdo con tal decisión. El policía añadió ante el juez que, por esa negativa, fue destituido inmediatamente. Este funcionario destituido había tomado declaración a los escoltas de Bono y de Rosa Díez y vio los vídeos de la manifestación. Según él, "en las cintas no se vio ningún tipo de agresión, aunque empujones sí".

"Abuso de autoridad"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid afirmó que "se cambió la declaración de los ocho escoltas de José Bono y Rosa Díez que decía que no se había producido ninguna lesión ni agresión física". Añadió que cuando se coteja la instrucción que figura en los autos con la que éste redactó, "resulta que no es la que él hizo". Por ello, Aguirre anunció que el PP pedirá hoy que la querella se amplíe, "no solamente a detención ilegal, sino por falsedad en documento público, por abuso de autoridad, y por coacciones y amenazas a un policía". La presidenta criticó la "utilización partidista" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Según dijo, "en una democracia es absolutamente intolerable que se detenga a ciudadanos que ejercen su legítimo derecho de manifestación".

Este asunto ocupó ayer buena parte de la reunión semanal del Comité de Dirección del PP nacional. Su presidente, Mariano Rajoy, decidió llevar la censura al Gobierno por este asunto al Congreso de los Diputados. Así, el miércoles, su secretario general, Ángel Acebes, preguntará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, si el Ejecutivo "sabe ya quién ordenó detener a dos personas sólo por ser militantes del PP", y si ha depurado las "responsabilidades políticas y administrativas" por "utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir al primer partido de la oposición".

Acebes recordará que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, se comprometió en el Congreso a remitir al Parlamento "toda la documentación" sobre este caso. Eso no ha ocurrido, según afirmó Acebes, al decir que se enteró de esa disputa policial por los periódicos.

El número dos del PP reclamará a la vicepresidenta del Gobierno que exija al ministro Alonso que tome medidas claras con "quienes ejercieron ese abuso de autoridad". Si no lo hace, los populares pedirán la dimisión del ministro.

La acusación de fondo del PP va más allá. Acebes opinó que "estas detenciones se produjeron para desprestigiar una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo; para desactivar a la AVT; para provocar la división entre las asociaciones de víctimas, y para mostrar la imagen de un PP radicalizado y capaz de agredir a un ministro". Acebes insinuó que con esa "división de las víctimas del terrorismo y con la imagen de un PP radical" el Ejecutivo socialista intenta "desactivar" a ambos en su "legítima crítica a la política antiterrorista por la que ha optado el Gobierno".