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BRONCA POLÍTICA POR UNA ACTUACIÓN POLICIAL

Méndez asegura que mienten quienes le acusan de interferir en la actuación policial

El delegado afirma que "las instituciones están siendo usadas para la confrontación política "

El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, afirmó ayer que "no ordenó" la apertura de diligencias ni la detención de persona alguna por los incidentes ocurridos durante la manifestación convocada el pasado 22 de enero por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ni recibió instrucciones al respecto, ni interfirió en las actuaciones de la policía. Así lo asegura en un comunicado en el que subraya que, como en el resto de sus actuaciones, ha obrado con "escrupuloso respeto a la legalidad". "Quienes afirmen o insinúen lo contrario, simplemente mienten, faltan conscientemente a la verdad persiguiendo objetivos que nada tienen que ver con la justicia", subrayó.

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El comunicado de la Delegación del Gobierno se produjo tras la publicación de una información en el diario Abc en la que se apunta el contenido de la declaración ante el juez del inspector Heliodoro C., quien fue relevado de la investigación de la supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo el pasado 22 de enero. Dicho funcionario fue relevado del caso tras manifestar discrepancias sobre el procedimiento de actuación: él consideraba que no era procedente leer sus derechos a los dos militantes del PP supuestamente implicados en el incidente antes de que ellos admitieran que habían participado en "los actos de hostilidad o agresión" hacia Bono.

El delegado del Gobierno niega en el comunicado cualquier tipo de interferencia en el normal desarrollo del trabajo policial, detalla los antecedentes de la manifestación y la situación en la que se realizó y sostiene que "es objetivo que se produjeron hechos ilícitos en esa manifestación", puesto que "los violentos no sólo se dirigieron contra el ministro de Defensa, sino que posteriormente cortaron la Gran Vía", recuerda el texto.

Además, el delegado mantiene que "la policía de un sistema democrático, cuando se lesionan los derechos de los ciudadanos, tiene la obligación de esclarecer los hechos, identificar a los autores y ponerlos, en su caso, a disposición de la justicia".

Tras negar cualquier interferencia de su departamento en las actuaciones de la policía, detalla que la Delegación del Gobierno tuvo conocimiento de la situación de las personas afectadas y de su militancia en el PP, "mediante una comunicación del vicepresidente segundo de la Comunidad y consejero de Justicia y Seguridad, Alfredo Prada" y que ésta "se produjo una vez que los hechos ya se habían producido y tales personas habían retornado a sus domicilios".

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Méndez recuerda además las declaraciones de "miembros del Gobierno regional", en las que "se llega a afirmar" que ordenó tales detenciones. Al delegado del Gobierno tales afirmaciones le producen "estupor y tristeza". Por eso invitó a quienes las hacen a que "las retiren o las confirmen" y, en cualquier caso, que dejen claro ante los medios informativos "que lo que se pone en su boca es efectivamente lo que han dicho". Pero Méndez asegura tajante: "Estoy seguro de que no tendrán ni el coraje político ni el personal de decir que ordené tales detenciones".

En el comunicado, Méndez recuerda también que la policía actúa de acuerdo con sus protocolos y que la Jefatura Superior de Policía de Madrid, como en otros casos, abrió las diligencias previas de manera independiente y estableció las secuencia de acciones a realizar: la obtención de pruebas gráficas a partir de los medios de comunicación que divulgaron los hechos y las declaraciones de los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad, así como el testimonio de los escoltas, entre otras actuaciones.

El delegado del Gobierno consideró necesario que haya "un poco más de sensatez y de ecuanimidad" cuando Madrid atraviesa un momento político "lleno de crispación y desencuentros". Méndez reflexiona con pesimismo: "Las instituciones están siendo utilizadas para la confrontación política y se ha instalado un instinto cainita que deja escaso margen para las buenas intenciones. Cada día es más difícil encontrar las pasarelas a través de las cuales mantener la comunicación abierta entre las distintas instituciones y administraciones para desarrollar nuestras obligaciones.

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