Demasiada gente presa

Las cárceles españolas tienen una capacidad de 35.000 internos, sin llegar a cumplir, ni mucho menos, el mandato legal de alojar a un interno por celda. Con esa cantidad de presos podemos considerar que estaríamos en el óptimo, tanto para la seguridad de los preventivos como para poder individualizar el tratamiento resocializador de los penados. Y que puedan llevar una vida honrada cuando alcancen la libertad.

La cifra que, sin ser óptima, se considera todavía funcional para la intervención penitenciaria, y por lo tanto soportable por el sistema, sería de 45.000 internos; la alcanzamos en 1993. Desde entonces el incremento de la población reclusa ha sido progresivo, y hace dos semanas se rompió uno de los techos de cristal penitenciarios, nuestras cárceles superan desde entonces los 60.000 internos. La organización de los servicios y las funciones de los puestos de trabajo en el interior de los centros penitenciarios están regulados por el Reglamento de 1981, pese a que el Reglamento de 1996 facultaba a la Administración para dictar una normativa más funcional, el anterior Gobierno no acometió esta tarea, porque para ellos tal reforma hubiese exigido un incremento desproporcionado del gasto público.

Así pues, con una organización del trabajo de hace exactamente 24 años, y con unos centros con incapacidad manifiesta, creo que la reforma y mejora del sistema penitenciario español se ha convertido en una urgencia sorda a la que nadie ha hecho frente, pero que la sociedad española exige y que el Gobierno debe asumir ¡ya!