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CAÑADA REAL, LA CIUDAD FANTASMA

Rivas exige a Aguirre un plan de realojo de la Cañada Real Galiana

La Comunidad afirma que los ayuntamientos son los que tienen la competencia urbanística

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa Díaz (IU), ha decidido abrir una guerra contra la Comunidad de Madrid hasta que este organismo, máximo y único responsable de la Cañada Real, redacte un plan de realojo para acabar con la situación de marginalidad y exclusión que sufren 40.000 personas justo en el límite del término municipal de Madrid. Según el regidor, la presión de estos vecinos está trayendo problemas y enfrentamientos en Covíbar, dentro de Rivas.

Masa recuerda que el problema de la Cañada Real empezó hace unos 30 años, cuando empezaron a asentarse en "este espacio de alto valor ecológico" algunas construcciones ilegales. Pero ha sido en los últimos cuatro o cinco años cuando el problema se ha disparado y el número de personas que han ocupado esta vía pecuaria ha crecido de manera exponencial. "Como alcalde me preocupa que en un municipio se pueda romper la convivencia ciudadana por el enfrentamiento entre los vecinos de la cañada con los de Covibar. Hay que atajar este problema cuanto antes", reclama Masa.

"El PP no hace nada porque el problema está a 14 kilómetros de Sol", dice el alcalde José Masa

Y el alcalde recuerda que la competencia única en ese territorio es de la Comunidad de Madrid, más concretamente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirige Mariano Zabía. "El PP no quiere hacer nada porque el problema se encuentra a 14 kilómetros de la Puerta del Sol y nadie se da por enterado", critica el alcalde de Rivas.

El regidor de IU exige que la Comunidad de Madrid, con su presidenta Esperanza Aguirre a la cabeza, se dé al menos por enterada del problema. Según Masa, las soluciones requieren medidas sociales y urbanísticas. "Hay que realojar a esa gente en casas legales y darles medios para que puedan vivir. El siguiente paso es el derribo de todas las construcciones ilegales", añade el edil. "Hay que acabar con ese potencial foco de delincuencia".

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, preguntado por este asunto, se limitó a decir que son los ayuntamientos los que tienen en primera instancia las competencias en materia de urbanismo. "Hasta la fecha, ningún ayuntamiento [ni Madrid ni Rivas] han pedido un procedimiento judicial para acabar con la zona", comenta este portavoz.

Las soluciones, para la Comunidad de Madrid, pasan por la legalización o el desmantelamiento del poblado. Lo primero supondría el cambio de los planes generales de ordenación urbana (los documentos que rigen el urbanismo de ambas localidades, Madrid y Rivas) y el visto bueno posterior por parte del Gobierno regional. Así, el Ejecutivo de Aguirre abandonaría sus competencias en la Cañada Real. "Si se pretende ir por el derribo o la declaración de ilegalidad, hablamos de un proceso a largo plazo que necesita la participación de todas las administraciones", concluye el portavoz.

La Delegación del Gobierno quiere que tanto los ayuntamientos afectados como la Comunidad de Madrid se pongan de acuerdo en un tema tan controvertido y que se busquen soluciones que satisfagan a todos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de mayo de 2005