Populares y socialistas se juegan la reforma del Estatut d'Autonomia en el modelo de financiación

Las negociaciones sobre la reforma del Estatut concluirán a finales de esta semana. El acuerdo, según el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, está pendiente de que el presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps, acepte la última versión del artículo elaborado por el PSPV sobre los criterios de financiación. El resto está ya cerrado, pero los populares pretenden, con el objetivo de frenar las reivindicaciones del tripartito catalán, rebajar aún más la última propuesta socialista en materia de financiación, que abriría la puerta a una Agencia Tributaria concertada con el Estado. Una concesión que los socialistas no están dispuestos a realizar, para no sellar una reforma de segunda, que tendría coste electoral.

Ni siquiera se ha llegado a debatir en serio incluir una referencia a la deuda histórica

El PP ha involucionado su posición en materia de financiación autonómica desde la pérdida de las elecciones generales, probablemente en un intento de frenar el impulso federal que pretende dar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al Estado de las autonomías. En su libro El acierto de España, publicado en 2001, el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana apostaba por un incremento de la autonomía financiera y no dudaba en apuntar como una posibilidad factible "la descentralización completa de la gestión tributaria, que llevaría consigo la creación de una Agencia Tributaria en cada comunidad dependiendo de los gobiernos autonómicos su estructura y la designación de sus cargos directivos con el consiguiente traspaso de medios materiales y personales de la administracion tributaria del Estado a las comunidades". Aunque a renglón seguido, Zaplana considerada que esa no era la mejor opción porque no sería "eficiente un sistema integrado por 17 agencias tributarias y 17 cuerpos de inspección" y apostaba por convertir la Agencia Tributaria en "un organismo conjunto dependiente de la Administración general del Estado y las 15 comunidades de régimen común" -excepto País Vasco y Navarra. Una fórmula que garantizaría la particpación de las comunidades autónomas "en las actividades de gestión, recaudación e inspección de los tributos".

Más recientemente, el pasado mes de noviembre, la ponencia política aprobada en el congreso regional del PP que eligió a Francisco Camps como presidente dedicaba su propio apartado a la financiación de la Comunidad Valenciana. Tras distribuir entre todos los partidos la responsabilidad del error de que la Comunidad Valenciana no hubiese accedido a la autonomía por la vía del artículo 151, la ponencia criticaba la equivocación de los socialistas a la hora de aprobar dos sistemas de financiación que reconocían la autonomía de gasto de la Generalitat, pero no la de recaudación de ingresos. "Sin autonomía financiera puede haber Comunidad, lo que no puede haber es Comunidad Autonóma", sentencia la ponencia del PP, que añade que los modelos de financiación autonómica elaborados por el Gobierno de José María Aznar y Rodrigo Rato permitieron a la Comunidad Valenciana pasar "de la minoría de edad en materia tributaria a poder fijar el volumen de ingresos que quería recaudar e influir en el patrón distributivo de la renta de los ciudadanos".

Pese a todo, tanto desde el Consell como desde el PP se ha reconocido en público y en privado la falta de suficiencia financiera para atender servicios básicos como la sanidad, cuyo déficit año tras año se ha convertido en un auténtico lastre. La Comnidad Valenciana, aparte de verse perjudicada por el aumento de la población asistida -a causa fundamentalmente de los desplazados y la inmigración-, ha empezado a notar los efectos del actual sistema de financiación autonómica puesto en marcha por el PP. Unos efectos cuya consecuencia fundamental ha sido que un distanciamiento de la media de gasto por habitante en las comunidades autónomas de régimen general.

En las negociaciones para la reforma del Estatut, Esquerra Unida- L'Entesa propuso basar la financiación autonómica en la creación de una Agencia Tributaria Valenciana y la adopción de un Concierto Económico Solidario. Una tesis que mantiene Iniciativa per Catalunya en el tripartito catalán y que el PSC de Pasqual Maragall no ve con malos ojos, ya que su apuesta es la de lograr en el futuro una financiación por habitante igual a la media de que disfrutan el País Vasco y Navarra. Por su parte, el PSPV de Joan Ignasi Pla ha defendido la craeción de una Agencia Tributaria Valenciana consorciada con el Estado y "el establecimiento de un sistema que garantizara un mínimo de financiación equivalente a la media por habitante de las comunidades autónomcas". El Partido Popular, que en las deliberaciones previas llegó a plantear "la posibilidad de referenciar explícitamente los gastos adicionales del sistema sanitario" por el fenómeno de la inmigración y los turistas estivales y residenciales, se limitó a rechazar las propuestas de los grupos de la oposición.

Fuentes conocedoras de la negociacion aseguran que dada la disparidad de posiciones en materia de financiación, ni siquiera se ha llegado a debatir en serio la posibilidad de incluir una referencia a la deuda histórica generada por la deficiente financiación de los servicios sanitarios y educativos. Una opción que sigue manteniendo en su propuesta el PSOE de Andalucía presidido por Manuel Chaves, quien apuesta como Pla por una Agencia Tributaria consorciada con el Estado pero va más allá al reclamar la deuda histórica no cobrada y demandar la capacidad de recaudación de los ingresos de la Seguridad Social, sin romper la caja única del Estado. Cartas con las que pretende obtener contraprestaciones en caso de que Cataluña lograse un marco diferenciado dentro del sistema general.

Mientras, el Consell ha optado por seguir recortando gastos y reordenar su deuda para hacer frente a unos compromisos financieros que atenazan el sistema de universidades valenciano, las grandes infraestructuras y las ayudas a los ayuntamientos.

Sin embargo, desde el inicio mismo de las negociaciones, tanto el PP, que partía de posiciones mucho más inmovilistas, como el PSPV y Esquerra Unida, que reclamaban niveles mucho mayores de autogobierno, han rebajado sus pretensiones iniciales. EU abandonó la negociación hace varias semanas al considerar que no podía seguir haciendo más renuncias en su plataforma reivindicativa. Socialistas y populares parecen haber llegado también al límite, condicionados por la situación política española.