La Junta avala el nuevo PGOU de Marbella y emplaza a Yagüe a aprobarlo en un mes

El documento de González Fustegueras puede poner fin a una década de conflicto

La Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa para que Marbella se dote por fin de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que acabe con la inseguridad jurídica y defina un modelo claro de ciudad. El urbanista Manuel González Fustegueras tiene ya ultimado el documento de avance -será presentado el lunes- que cuenta con el aval de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de forma que ésta confía en que el Ayuntamiento lo apruebe inicialmente tal cual y de forma inmediata, para que entre los meses de junio y julio se someta a información pública.

La Junta ha hecho valer su derecho de criterio prevalente en el seguimiento de los trabajos de elaboración del nuevo PGOU que le reconocía una de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración firmado en enero de 2004 entre la alcaldesa, Marisol Yagüe, y la consejera, Concepción Gutiérrez.

Desde entonces hasta ahora, las discrepancias entre las dos administraciones ha ido en aumento, hasta el punto de que la comisión mixta que contemplaba el convenio no se ha llegado a reunir nunca por la negativa de la Junta a sentarse con Yagüe al entender que la alcaldesa no ha cumplido los compromisos que adquirió. Éstos eran el acatamiento de las resoluciones judiciales sobre las obras impugnadas, la no concesión de licencias contrarias al PGOU vigente y que el que fuera gerente de Urbanismo en la etapa de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, no tuviera ninguna intervención en asuntos urbanísticos del municipio. La Junta entiende que Yagüe se ha saltado los tres por lo que tampoco asistirá a la reunión de la comisión mixta que la alcaldesa ha convocado para el lunes.

Ese día, la consejera tiene previsto enviar el documento de avance del nuevo PGOU al Ayuntamiento y presentarlo a la vez a la opinión pública. El convenio contemplaba que "en caso de discrepancia de criterio técnico en aspectos de legalidad urbanística y de control de oportunidad supramunicipal entre ambos representantes de la administración, prevalecerá el del funcionario designado por la Junta de Andalucía hasta la aprobación inicial".

Coordinación

Un jefe de servicio técnico de la consejería ha trabajado en los últimos meses con el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, para coordinar los criterios de éste con los de la administración autonómica, de forma que el PGOU cuenta ya con el absoluto respaldo de ésta, hasta el punto de que la consejera lo considera un "documento de la Junta". El PGOU está además adaptado a las determinaciones del Plan Subregional de Ordenación de la Costa del Sol Occidental, actualmente en tramitación.

Al Ayuntamiento ahora le compete realizar la aprobación inicial en pleno, algo que la Junta considera debe ser hacer de forma inmediata porque además en el convenio también se estipulaba que la consejería "informará preceptivamente y con carácter vinculante los documentos de avance y de aprobación inicial" del PGOU.

Una vez que se realice la aprobación inicial, el documento será sometido a información pública durante dos meses, y la Junta pretende que sea en junio y julio. Una vez superado este trámite, el Ayuntamiento deberá estudiar las alegaciones e incluirlas o no en el documento, fase en la que previsiblemente puedan surgir nuevas discrepancias entre la Junta y el consistorio.

La Junta está decidida a poner fin de una vez a la situación de caos e inseguridad jurídica en la ciudad y dotarla lo antes posible de un PGOU que, además de proporcionar un marco estable, defina a la vez un modelo de ciudad que permita recuperar los espacios públicos y zonas libres de las que se ha visto privada durante la etapa de desarrollo inmobiliario impulsada por los distintos gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal. "Lo importante es que Marbella tenga un plan y la Junta se va a implicar hasta las cejas para devolver la normalidad jurídica", asegura la consejera. Una vez que se apruebe inicialmente el PGOU, la Junta tiene intención de abrir una oficina de información para los ciudadanos.

Previsiblemente, el nuevo documento dejará fuera de ordenación aquellas viviendas construidas sobre zonas verdes o de equipamientos públicos cuyas licencias han sido impugnadas en los tribunales y que se consideren irrecuperables.

Tras su llegada a la alcaldía en 1991, Jesús Gil comenzó a firmar convenios urbanísticos con promotores a los que trató de dar cobertura con la revisión del PGOU. En 1998, la Junta rechazó el plan elaborado por el consistorio y que, entre otras determinaciones, convertía en urbanos 11 millones de metros cuadrados de suelo protegido. La Junta rechazó hasta en tres ocasiones los proyectos de PGOU del Ayuntamiento de Marbella, hasta que en julio de 2003 archivó definitivamente el expediente, y requirió al Ayuntamiento para que iniciara desde el principio la redacción de un nuevo plan adaptado ya a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que entró en vigor aquel año.

Rescate de competencias

El Consejo de Gobierno de la Junta verá en su sesión del próximo martes el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitirá a la administración autonómica asumir competencias de planeamiento de los ayuntamientos en caso de que éstos incumplan la legalidad.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado ya su visto bueno al proyecto de la Junta y no ha detectado que vulnere las leyes superiores que establecen el reparto de competencias entre las administraciones, más que la propia ley que va a reformar. El artículo 31 de la LOUA estipula que son competencia exclusiva de los ayuntamientos la formulación de cualquier instrumento de planeamiento de ámbito municipal.

Con la reforma, la Junta podrá quitar estas facultades a los municipios por un periodo máximo de cinco años en los casos en los que los ayuntamientos ejerzan sus potestades de tal forma que afecten a la ordenación territorial que compete a la administración autonómica.

La reforma de la ley tiene una clara inspiración en el caso de Marbella, paradigma de los incumplimientos de las leyes urbanísticas, como evidencia el hecho de que en los últimos 10 años la Junta haya tenido que impugnar más de 400 licencias de obras del consistorio.

Una vez que el Consejo de Gobierno apruebe el texto, éste deberá someterse al preceptivo trámite parlamentario para su aprobación definitiva.

En caso de que el Ayuntamiento de Marbella no tramite la aprobación de su nuevo PGOU antes de la entrada en vigor de la reforma legal, la Junta podría asumir sus competencias y formularlo.

La reforma de la ley también contempla la creación de un cuerpo especial de inspección urbanística, similar a la que existe en Trabajo, que persigue agilizar el sistema de control de la legalidad, ya que estos funcionarios tendrán potestad de proponer sanciones.

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