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Trabajadores sin cualificar ligados a la economía sumergida o la delincuencia

Jorge A. Rodríguez

El informe económico del atentado del 11-M aclara el perfil de los terroristas que lo perpetraron, apoyaron o jalearon. Todos los islamistas y algunos de los españoles eran o trabajadores de baja cualificación, o tenían negocios que se habían montado por su cuenta (Jamal Zougam), o se dedicaban al narcotráfico (Jamal Ahmidan), tenían pericia en la falsificación de documentos (otra vez Ahmidan) o vivían de subsidios o subvenciones. Los investigadores concluyen que "la mayor parte de los recursos necesarios para financiar la operación fueron obtenidos por medios ilícitos". Eso sí: los atentados tuvieron un "reducido coste total".

La policía ha recibido información fiscal sobre 55 personas implicadas y sobre una empresa (la que vendió los teléfonos móviles) y ha recabado del Ministerio de Trabajo el histórico de la vida laboral de 55 implicados. También ha revisado el Registro Central de la Propiedad en busca del patrimonio inmobiliario de esas personas. "Salvo excepciones", según el informe, viven en "la economía sumergida ligada al desempeño de una actividad laboral poco cualificada y muy vinculada a la economía sumergida".

Los terroristas y sus colaboradores han desarrollado una actividad laboral caracterizada por "su escasa cualificación y temporalidad". Normalmente, desempeñaban tareas agrícolas, servicios (mensajería, restauración, seguridad privada) y, sobre todo, en la construcción. Ésta última era la actividad que desarrolló la mayoría de los suicidas de Leganés y los huidos.

Subvenciones

Otros, en cambio, trabajaban en régimen de autónomos, "dedicándose a la gestión de locutorios, venta y reparación de teléfonos, diseño y colocación de rótulos y venta de vehículos usados". De dos de ellos no se sabe que hayan tenido una actividad reglada, "bien porque obtienen sus ingresos en la economía sumergida (Allekema Lamari, suicida)" o porque estaban inmersos "en la actividad delictiva (Jamal Ahmidan)".

Un tercer grupo obtenía sus ingresos de "subvenciones procedentes de políticas sociales de desempleo, protección social y asistencia sanitaria (Rifaat Anouar [muerto en suicidio] Othman el Gnaout [preso], Daoud Ouhnane [huido)".

Las cosas no les iban muy bien a la mayoría de ellos, ya que además de tener descubiertos en sus cuentas, eran "incapaces de hacer frente al pago de los alquileres y suministros básicos de servicios". Los investigadores concluyen que la "microfinanciación" era la mayor fuente económica del grupo", junto con los beneficios obtenidos del "tráfico de drogas, falsificación de documentos y el robo de vehículos". De hecho, los coches utilizados no costaron ni un duro: o eran robados o eran los suyos propios.

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Sobre la firma

Jorge A. Rodríguez
Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Debutó en el Diario Sur de Málaga, siguió en RNE, pasó a la agencia OTR Press (Grupo Z) y llegó a EL PAÍS. Ha cubierto íntegros casos como el 11-M, el final de ETA, Arny, el naufragio del 'Prestige', los disturbios del Ejido... y muchos crímenes (jorgear@elpais.es)

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