La Guardia Civil plantea retirar a 4.095 agentes de la custodia de cárceles y edificios públicos
El plan estratégico del instituto prevé implicar a la seguridad privada en la lucha antiterrorista
La Guardia Civil ha diseñado el llamado Plan Estratégico 2005-2006 en el que se plantea "la redistribución" de los agentes del instituto armado "que actualmente desempeñan tareas cuyas competencias no le pertenecen". Esto quiere decir que pretende replegar o retirar a 4.095 agentes de la vigilancia perimetral de prisiones o de edificios públicos situados en 50 ciudades en las que la competencia de la seguridad es del Cuerpo Nacional de Policía. El plan prevé la implicación de la seguridad privada en "la estrategia de seguridad estatal", que incluiría que vigilase instalaciones sensibles a ataques terroristas.
La Guardia Civil, dirigida por el teniente general Carlos Gómez Arruche, ha dividido el denominado Plan Estratégico Operativo a corto plazo 2005-2006 en cinco ejes. El fundamental es la lucha contra el terrorismo. Lo primero que se ha previsto, y ya está en marcha, es la incorporación de 300 funcionarios al combate del terrorismo internacional. Y, lo segundo, "la concienciación y motivación" del conjunto del cuerpo en el reto de este tipo de crimen. "No es que no estén concienciados, es que los agentes que no son de Información están acostumbrados a los procedimientos de otro tipo de terrorismo y tienen que reciclarse", aseguran altos mandos del cuerpo.
El diseño antiterrorista prevé la elaboración de un plan de seguridad de puntos sensibles o estratégicos (ya se está haciendo el catálogo de esos puntos), en el que podría implicarse la seguridad privada (125.000 vigilantes en toda España). "Se trata de crear espacios de actuación concertada entre la Guardia Civil y el sector de la seguridad privada que sean plenamente válidos para la estrategia de seguridad estatal", indicaron las citadas fuentes.
Esta implicación de la seguridad privada podría ser una de las alternativas al repliegue en estudio y planteado en el plan estratégico. Lo que le gustaría a la Guardia Civil es que los 4.095 agentes que ahora prestan servicios que no están entre sus funciones catalogadas puedan ser dedicados a otras misiones, dentro de la seguridad ciudadana o la lucha contra todo tipo de criminalidad.
De esos 4.095 guardias, un total de 2.595 prestan tareas en 28 centros penitenciarios y en 117 edificios públicos sitos en ciudades. Ahí también desarrollan tareas de seguridad ciudadana 1.500 agentes acantonados "en términos municipales responsabilidad de la policía". El repliegue o redistribución requiere "un análisis exhaustivo" del llamado Comité Ejecutivo del Mando Único (CEMU), pero aún no hay nada decidido.
"Hay 50 municipios españoles con comisarías de policías en los que estamos nosotros y creemos que convendría y sería necesario que los nuestros que están en esos sitios sean recuperados para otras tareas", insistieron las fuentes consultadas. Esto sugiere que el instituto armado pretende traspasar estas competencias concretas ciudadanas a la policía.
Otra de las pretensiones de la Guardia Civil es tener una mayor presencia policial internacional. La dirección general quiere impulsar un plan para que el Ministerio del Interior asuma la representación policial en las embajadas, la Unión Europea o los organismos internacionales de representación. Tal y como lo explican, se pretende crear legislativamente la figura del agregado o consejero de Interior para las legaciones diplomáticas, tal y como la tienen reguladas otros ministerios. Luego se decidiría, caso a caso, si en una embajada el puesto lo cubre un guardia civil o un policía. Estos últimos son los que, tradicionalmente, se encargan de esta misión. El Ministerio del Interior ya trabaja en esta figura, lo que supondría que asumiría el pago de su sueldo, que ahora paga cada cuerpo.
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