El TSJA obliga a devolver a un colono los terrenos del Palacio de Congresos de Estepona

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) a devolver al colono José Díaz Navarro los terrenos en los que está ubicado el Palacio de Exposiciones y Congresos, que fueron expropiados en 1995 por el Grupo Independiente Liberal (GIL). En caso de que esto no sea posible, la sala ordena que se indemnice a Díaz Navarro por los daños y perjuicios sufridos "con arreglo a las pérdidas de los trabajos y plantaciones existentes y de las ganancias dejadas de obtener".

El 12 de septiembre de 1995 el equipo de gobierno, presidido entonces por Jesús Gil Marín, aprobó el proyecto de obras municipal para la colocación de una carpa, procedente de la Expo, en la finca El Ciprés, y acordó a su vez el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos y el desahucio y desalojo de sus ocupantes. José Díaz Navarro impugnó el acuerdo de pleno, que ahora ha sido anulado por el Tribunal Superior andaluz.

La sala reconoce también que el proyecto de obras vulnera el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que la actuación urbanística, para instalar la carpa que acoge el Palacio de Congresos del municipio, se realizó en unos terrenos calificados como suelo urbanizable no programado.

"La Corporación demandada prescindió absolutamente de las previsiones normativas expuestas para actuar en suelo urbanizable no programado, poniendo en marcha el mecanismo de la expropiación y del consiguiente desahucio administrativo por ruina inminente, sin sustento en el debido procedimiento y sin instrumento programático alguno, lo que vicia de nulidad los actos recurridos", recoge la sentencia en los razonamientos jurídicos.

Cambio de formas

El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, aseguró ayer que respeta la sentencia e insistió en que "afortunadamente los tiempos y las formas de actuar han cambiado" tras la desaparición del GIL de la alcaldía. La responsable de Política Municipal de Izquierda Unida, Victoria Domínguez, considera la sentencia como un precedente o vía de actuación de cara al resto de los colonos de la finca El Ciprés, que forma parte de la Herencia Nadal-Guerrero, que se encuentran en una situación precaria y que exigen que se reconozcan sus derechos como arrendatarios de unas tierras que ocupan desde el siglo XIX.

En las últimas semanas los colonos se han movilizado en numerosas ocasiones en defensa de sus derechos históricos como arrendatarios. Exigen al Obispado y a Unicaja, albaceas de la Herencia Nadal-Guerrero, que retiren las 19 demandas de desahucio interpuestas para expulsarlos de estas tierras, y que respeten el testamento de María Catalina Nadal, que legó sus bienes a la iglesia para promover los estudios y la cultura entre las mujeres pobres de Estepona. También pidió que se diera un trato generoso a los colonos que cultivaban las tierras.

El alcalde Antonio Barrientos se comprometió la pasada semana en mediar para buscar una salida al conflicto. El próximo martes está previsto que se celebre una reunión entre el Obispado, Unicaja, el regidor esteponero y los colonos, que exigen para sentarse a negociar que se retiren todas las demandas. Según los colonos las demandas comenzaron cuando se supo que Globalia había realizado una oferta para comprar el 50% de los terrenos.

En la actualidad existen unos 30 colonos en las tierras de la herencia Nadal, la mayoría en la finca El Ciprés y el resto en Arroyo Vaquero y Guadalobón.

Aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, IU considera que el gobierno municipal va a intentar llegar a un acuerdo económico con el colono para resolver el asunto.