El PP quiere suprimir la consulta previa al Congreso para mandar tropas al extranjero

El PP no quiere que el envío de tropas españolas al extranjero se someta a "consulta previa" del Congreso. Es decir, que éste se pronuncie antes de que los soldados españoles participen en conflictos como los de Irak o Afganistán. Aunque dirigentes populares han sostenido que dicha consulta no es una innovación y que Aznar la practicó, el Grupo Popular ha propuesto suprimir los artículos de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que la regulan. El PP quiere que el Parlamento se limite a "conocer, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional".

El proyecto de Ley Orgánica de Defensa Nacional obliga al Gobierno a realizar una "consulta previa, para conocer el parecer del Parlamento", antes de ordenar "operaciones en el exterior que no estén relacionadas con la defensa de España". Desde el punto vista jurídico, esta consulta no es vinculante, aunque sí lo es políticamente, pues ningún Gobierno se atrevería a enviar tropas a un conflicto con el expreso voto en contra del Congreso.

El PP propone eliminar este trámite, mientras otros grupos, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quieren que sea preceptiva la "aprobación, y no sólo examen", del Congreso antes de enviar tropas al extranjero. Coalición Canaria (CC) pide que la aprobación resulte necesaria para "cualquier intervención armada asimilable a una situación de guerra", mientras Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pretende que cuando se trate de una "acción militar ofensiva" se requiera el voto de dos tercios de la Cámara baja.

IU y Coalición Canaria quieren que el Parlamento se pronuncie no sólo cuando España colabore con el envío de tropas, sino también cuando preste "apoyo logístico" a una operación; por ejemplo, con el uso de las bases.

Por el contrario, el Grupo Popular pretende suavizar los requisitos para que las Fuerzas Armadas españolas sean enviadas al extranjero. Propone que éstas puedan actuar fuera de las fronteras no sólo en defensa de España, sino también de "sus intereses nacionales" y que, en estos supuestos, no sea precisa ninguna resolución de la ONU, la OTAN o la UE, y ni siquiera adecuarse al derecho internacional.

Para justificar esta enmienda, el PP recuerda la guerra del fletán y alega que, para defender a sus pesqueros, "España no tiene que pedir permiso a ninguna organización internacional".

Los populares piden que el Consejo de Defensa se denomine Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, conforme a lo previsto en la Revisión Estratégica de la Defensa de 2002, y que, "en caso de guerra o estado de sitio" -abogan por mantener la expresión tradicional guerra en lugar de conflicto bélico-, éste coordine no sólo al Cuerpo Nacional de Policía, sino también a las policías autonómicas y locales.

El anteproyecto de ley ha recibido unas 200 enmiendas parciales. Convergència i Unió (CiU), cuyo apoyo podría resultar decisivo para sacarlo adelante, dado el rechazo del PP y las grandes diferencias con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e IU, es uno de los grupos que menos ha presentado: sólo ocho.

Consejo de Defensa

La de mayor calado es la que señala que "los máximos representantes de las comunidades autónomas que cuenten con policía autonómica deberán ser convocados [al Consejo de Defensa] cuando sus respectivos territorios pueden verse de algún modo afectados por los asuntos" que aborde.

ERC propone incorporar al Consejo a "un representante de cada una de las nacionalidades, elegido por sus respectivos parlamentos", mientras Coalición Canaria pide que formen parte de dicho organismo el secretario de Estado de Seguridad y el director general de la Guardia Civil.

ERC también pretende someter a aprobación previa del Congreso las "maniobras, simulacros o cualquier otro tipo de acción de formación o investigación [...] fuera de los espacios propios del Ministerio de Defensa o que puedan afectar a espacios colindantes".

El PNV y ERC coinciden en su deseo de modificar el párrafo que reproduce el artículo 8 de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas Armadas la "misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Los peneuvistas alegan que hay que "evitar que se cometa el error de malinterpretar" el texto constitucional, mientras ERC argumenta que la Constitución se puede reformar.

IU aboga por excluir de la ley a la Guardia Civil, para convertirla en un cuerpo policial civil, así como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que ERC pide que los guardias civiles puedan sindicarse y que el servicio secreto no se ocupe de la integridad territorial de España.