Industria insta a las compañías de móvil a que pacten con los ayuntamientos el despliegue de antenas

El Ministerio de Industria cree que las compañías de telefonía móvil ya tienen un marco legal suficiente para cumplir con sus compromisos de despliegue de antenas con el fin de asegurar un nivel adecuado de cobertura en todo el territorio español.

El Ministerio considera que ya es efectiva la propuesta que presentó en noviembre en la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación para acabar con la ralentización -en algunos casos hasta paralización- del despliegue de antenas.

La principal medida propuesta a los ayuntamientos era la de aligerar el procedimiento administrativo para la instalación de antenas pasando de los 18 meses empleados de promedio hasta entonces a un tiempo aproximado de seis meses y medio. Además, se permitía a las operadoras presentar paralelamente el proyecto técnico a Industria para su aprobación y la solicitud de obtención de licencia para la instalación al ayuntamiento pertinente.

Industria entiende que los ayuntamientos han cumplido su parte del pacto, pero no así las compañías, que no se han avenido a llegar a acuerdos con las entidades locales.

En la citada comisión, creada en junio del año pasado, estaban representadas las Comunidades Autónomas, la Asociación Española de Empresas de Electrónica Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones.

El Ministerio de Industria también ha elaborado un documento que contiene un total de 14 recomendaciones, entre las que cabe destacar la creación de un comité técnico de seguimiento del despliegue de infraestructuras; la reducción del impacto visual de las instalaciones de telefonía móvil; fomentar que los operadores compartan instalaciones, y la utilización de equipos técnicos menos agresivos con el entorno ambiental.

Industria también ha vigilado el cumplimiento del informe del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la aplicación del real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

El informe concluía que los niveles medios de emisiones radioeléctricas en todo el territorio están muy por debajo de los límites considerados como seguros por los comités y organizaciones nacionales e internacionales.