Los universitarios reclaman que se oiga su voz en el proceso de convergencia

La universidad española afronta la gran transformación que requiere la creación en 2010 del Espacio Europeo de Educación Superior sin prestar atención a la opinión o a la posible aportación de los alumnos. Ésta es la principal queja de los representantes de consejos de estudiantes de todo el país, que se han reunido estos días en Bilbao para analizar el proceso de convergencia nacido de la Declaración de Bolonia. A su juicio, resulta chocante que, por un lado, el nuevo sistema otorgue mayor protagonismo al alumno, y que, por otro, se quiera llevar a cabo sin contar con él. "Se pretende poner al estudiante en el centro del proceso pero sin que participe en su diseño y en su elaboración. Nosotros queremos participar, no deseamos ser un objeto pasivo en este cambio, pero no se nos permite", critica Raúl González, secretario de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de la Universidad Pública (CREUP).

"Si el modelo nórdico ve al estudiante como un ciudadano; aquí, como a un niño"

Los estudiantes consideran que, si se les margina, esta nueva apuesta educativa se saldará con un rotundo fracaso. "Si no se nos tiene en cuenta, lo que se cree será irreal", alerta Raúl González. Admiten que sí se han mantenido contactos con políticos y rectores sobre este asunto, pero dicen tener la impresión de que ha sido para cubrir el expediente. "En el modelo nórdico, al estudiante se le ve como un ciudadano, en el central como un cliente y en el mediterráneo como un niño. Y así se nos sigue catalogando, como a niños".

No obstante, consideran "importantes y positivos" los avances recogidos en el proyecto de la convergencia de la educación superior. En su opinión, el ideal que propugna la declaración de Bolonia es "bueno" y el fomento de la movilidad de alumnos y docentes que incluye lo definen como "fundamental". Sin embargo, se muestran escépticos ante su aplicación real. "Dentro de nuestro país la movilidad debería ser total, pero es mínima. Si la mayoría de los estudiantes se quedan en la universidad de su lugar de origen cuando en teoría pueden ir a otro centro del país, ¿cómo se va a conseguir que se vayan a estudiar a otro país europeo?", se pregunta.

No es éste el único aspecto del proyecto sobre el que se extienden las dudas de los alumnos. Así sucede con el paso del crédito actual, basado en el número de horas de clase magistral, al bautizado como crédito europeo o ECTS, que se centra en el trabajo del estudiante. Según los cálculos realizados sobre las propuestas actuales, los alumnos alertan de la excesiva carga de trabajo que puede recaer sobre ellos. "Se está hablando de que con el ECTS, cada crédito supondrá entre 25 y 30 horas. Si cada curso va a contar con 60 créditos y el año académico se mueve entre las 36 y 40 semanas, la media de horas de trabajo semanal supera las 43.

Carga de trabajo

Por tanto, el estudiante tendrá que dedicar más horas de las que el profesor destina a su propia asignatura y desaparecerá también toda actividad extraacadémica", explican Igor Ortego, presidente en funciones del consejo de estudiantes de la UPV, y Alex Val y Nerea Rojas, organizadores del congreso. También genera incertidumbre entre los alumnos el alcance de las modificaciones en el nuevo catálogo de titulaciones. "Todavía no se ha establecido el listado definitivo. Se ha hablado de psicopedagogía, las ingenierías técnicas, algunas filologías... pero aún no hay nada fijo. El principal problema es la desinformación acerca de los títulos que se cambiarán o que no continuarán", indica Eduardo Angulo, del consejo de la Universidad de Cantabria.

Junto a las expectativas ante el futuro Espacio Europeo de Educación Superior, los representantes estudiantiles reunidos en Bilbao han centrado sus trabajos en la posibilidad de contar con un Consejo Nacional de Estudiantes, un órgano que permita agrupar a las distintas organizaciones de alumnos, en la actualidad divididas en varias agrupaciones. Esta propuesta, que aparece recogida en la reforma a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que ha diseñado el Gobierno socialista, se observa con una combinación de optimismo y recelo. "Puede ser algo positivo, porque los estudiantes contarían con una representación a nivel nacional que podría ejercer como interlocutor ante las instituciones. Sin embargo, si se controla desde el Gobierno, no nos interesa", afirma Angulo.

En cualquier caso, los estudiantes aseguran que ese consejo sólo tendrá valor si se acaba con la alegalidad de los consejos de estudiantes, para los que no existe normativa conjunta o regulación única, lo que hace que no estén presentes en la mitad de las universidades españolas.