La CEOE propone un plan de financiación de obras públicas para reactivar la licitación

La CEOE ha propuesto al Gobierno un plan de financiación de obras públicas para que el capital privado ayude a pagar una parte del nuevo macroprograma de infraestructuras, que prevé inversiones por un cuarto de billón de euros hasta 2020. El objetivo de la patronal es que el Estado mantenga a raya el déficit y, a la vez, ponga en marcha "a la mayor antelación" los proyectos previstos de carreteras, ferrocarriles y desaladoras. La licitación estatal, que cayó un 6,6% en 2004, retrocedió otro 52% en el primer trimestre. Además del tradicional peaje, la CEOE propone vías de financiación vinculadas, entre otros factores, a la reducción de la congestión del tráfico y la accidentalidad de las autovías.

El Gobierno quiere invertir 241.392 millones en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y otras obras en los próximos 15 años. Históricamente, estas infraestructuras se han financiado con cargo al presupuesto público. Pero este sistema ha quedado obsoleto, debido a la existencia de fuertes restricciones al déficit impuestas por la UE y la reducción de los fondos comunitarios a percibir por España a partir de 2007. Ahora, el Ejecutivo necesita la colaboración de las empresas para financiar a medias un 40% del plan y la CEOE ha enviado al vicepresidente económico, Pedro Solbes, sus propuestas para articular esa financiación y que no compute como déficit.

El informe de la CEOE, elaborado por la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers y el despacho de abogados Uría y Menéndez por encargo de Seopan (agrupa a las grandes constructoras), se centra en las obras que el sector privado pagaría directamente, que ascienden a 21.850 millones, como anunció la patronal a final de 2004. Estas inversiones se repartirían de aquí al año 2012.

La vía tradicional es la del peaje, que serviría para realizar 700 kilómetros de autopistas, con una inversión para las empresas valorada en 5.000 millones, según el informe. Con este sistema, la empresa concesionaria construye la vía de pago y recupera lo gastado, poco a poco, a través del pago de los usuarios. La patronal estima que la licitación de estas autopistas debería realizarse este mismo año.

En segundo lugar, la CEOE propone al Gobierno otros 900 kilómetros de autopistas que se financiarían a través del llamado peaje en sombra. Este sistema no repercute directamente sobre el usuario de la vía, como es el caso del peaje directo, sino que es la Administración la que paga al concesionario anualmente en función del número de vehículos que han circulado por la vía. Los empresarios calculan que supondría una inversión para el sector privado de 4.500 millones y un coste anual para el Estado de 200 millones a partir de la inauguración de las carreteras (2008). La licitación de estos proyectos podría realizarse a partir del próximo año, según el informe.

Una tercera vía de financiación, y sin duda la más novedosa, es el llamado pago por disponibilidad, un sistema empleado ya en el Reino Unido. La CEOE considera que este método sería idóneo para mantener en buen estado y mejorar la red actual de autovías sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria. La Administración adjudicaría a una empresa el contrato para conservar una carretera, o ampliar el número de carriles, por ejemplo. La compañía correría básicamente con la inversión, mientras la Administración pagaría una cantidad anual fijada en función de criterios como la reducción de las congestiones de tráfico y la accidentalidad. En la actualidad estos criterios se centran sólo en la buena conservación del firme y de la iluminación de la vía. Este sistema conllevaría una inversión privada de 7.000 millones, con un aportación estatal del orden de 700 millones anuales desde el inicio de su explotación (2008). Estos proyectos podrían empezar a realizarse a partir de 2006.

Desaladoras privadas

Este sistema también se debería de aplicar, a juicio de los empresarios, a las desaladoras anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente para sustituir el trasvase del Ebro. Así, una compañía construiría la planta y la gestionaría, de forma que la Administración pagaría anualmente un tanto por una cierta cantidad de agua y en unas determinadas condiciones de calidad fijadas en el contrato.

La CEOE ha pedido a Solbes que tome las medidas para poner en marcha los proyectos cuanto antes, ya que no ponen en riesgo el déficit. Lo cierto es que la licitación estatal no atraviesa su mejor momento. La contratación de la Administración central cayó un 6,6% en 2004 (véase gráfico), en gran parte por la revisión de la política de inversiones realizada por el Gobierno socialista y también porque el PP dejó el poder con casi todos sus grandes proyectos de infraestructuras ya licitados.

El año tampoco ha comenzado con buen pie: la licitación de la Administración general cayó un 51,92%, según Seopan.