La Abogacía del Estado y la Zona Franca presentan la primera querella a la gestión del PP
El ex presidente de Quality Food, un empresario y un ex bancario, acusados de estafa y fraude
Casi cuatro años y medio después de que trascendiesen las primeras denuncias sobre irregularidades en la Zona Franca de Cádiz, el abogado del Estado José Ignacio Monedero interpuso ayer en el juzgado de guardia de Cádiz la primera querella por presuntos delitos de estafa, fraude y apropiación indebida. Esta acción penal, que interponen conjuntamente la Abogacía General del Estado y la Zona Franca, va dirigida contra el ex presidente de Quality Food (empresa de alimentación propiedad del recinto fiscal), Manuel García Gallardo, ex destacado militante del PP de Cádiz; el empresario Rafael Borrego, y el ex director de una sucursal del BBVA en San Fernando Víctor Ocaña, por expedir certificados falsos de ingresos.
Como era previsible, la primera querella, que versa exclusivamente sobre las irregularidades de Qualtity Food recaerá principalmente sobre Manuel García Gallardo -ex presidente de Nuevas Generaciones del PP en San Fernando- después del último informe de la Abogacía y la Intervención General del Estado. En este documento (Ver EL PAIS Andalucía de 17 de marzo), el abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, acusa a García Gallardo de retirar fondos de Quality "mediante operaciones irregulares" que suman casi 2,6 millones de euros por dos certificaciones de obra y la venta de una parcela. Asimismo, el informe afirma que este empresario debe a la Zona Franca 1,13 millones que retiró de los fondos de Quality y no reintegró.
Para el abogado del Estado, "este conjunto de operaciones irregulares", que se desarrollaron con Miguel Osuna como delegado de la Zona Franca, están recogidas como "delito de administración fraudulenta" en el artículo 295 del Código Penal y "tipificadas y castigadas con la pena de prisión de seis meses a cuatro años". "Los elementos subjetivos del delito se cumplen con claridad (...) no existiendo duda alguna respecto al carácter de administrador de Manuel García Gallardo al tiempo de la producción de los hechos (...) que consisten en disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraer obligaciones a su cargo, siempre que concurra abuso de las funciones de su cargo, beneficio propio o ajeno".
Asimismo, alerta el letrado sobre "un posible delito de administración desleal con la figura de apropiación indebida". En la querella contra García Gallardo, se incluyen las cuatro sentencias civiles por las que este empresario ha sido condenado a devolver 1,2 millones de euros a la Zona Franca, que han sido recurridas.
El segundo acusado es Rafael Borrego, propietario de la empresa Operativa de Inmuebles, que facturó a Quality Food 594.828 euros por unos movimientos de tierra. Esta sociedad, que no estaba entonces inscrita en el Registro Mercantil, también está involucrada en otros de los supuestos delitos, los cometidos en la construcción de la nave de Quality Fish -una filial de Quality Food-. En la operación de compra de la parcela en el parque industrial de Las Salinas, en El Puerto de Santa María, García Gallardo obtuvo de Quality Fish 900.000 euros por una compra que él no abonó. Sin embargo, una sucursal del BBVA en San Fernando expidió un certificado de este ingreso a García Gallardo. Por estos hechos, en la querella se acusa de un presunto delito de estafa al ex director de esta oficina bancaria Víctor Ocaña. En esta misma actuación se pagaron 1,2 millones de euros a Operativa de Inmuebles. En teoría, estos fondos estaban destinados a la construcción de la nave. Pero la empresa no hizo nada. La adjudicataria fue otra que obtuvo sólo 292.260 euros.
El delegado de la Zona Franca, José de Mier, dijo ayer tras el comité ejecutivo de este organismo que aprobó la interposición de la querella, que ésta es "muy conservadora" sobre hechos claramente delictivos.
Dos nuevas acciones
La Abogacía General del Estado prepara dos querellas más que presentará antes de las vacaciones judiciales del mes de agosto. La próxima será con los nuevos datos que investigan sobre Quality Food o que trasciendan de la instrucción que desarrolle el juez que se encargue del caso. "A instancias del juez o de las partes, en este caso de Quality todavía pueden seguir saliendo personas. El ex delegado Miguel Osuna será el primero que puede tener problemas porque va a tener que responder ante numerosas preguntas. Veremos cómo el juez administra o formula esas preguntas en función de los datos que sigan saliendo de las declaraciones de los acusados o de las investigaciones judiciales", dijo ayer De Mier.
La tercera querella será sobre Rilco, también propiedad de la Zona Franca. Esta acción penal irá casi con toda probabilidad contra los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Osuna. Al primero por adjudicar un contrato millonario para crear un portal informático de comercio exterior que no existe a Miami Free Zone, una sociedad que incumplía numerosos puntos del pliego de condiciones. La Abogacía del Estado analiza también como Rodríguez pudo firmar los primeros pagos el mismo día y después de cesar en el cargo. Osuna deberá también responder porqué mantuvo este contrato si no estaba avalado por la Abogacía del Estado y cómo ingresó 2,8 millones a nombre de esta empresa de Miami en una cuenta del BBVA en Cádiz de la que sólo él podía disponer.
Minutos antes de que comenzara el comité ejecutivo de la Zona Franca, el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo, acudió a la Junta General de Accionistas de esta empresa que acordó su cese como administrador de esta sociedad dedicada a servicios de alimentación y catering. La Zona Franca se convierte así en el administrador único, aunque el empresario mantiene el 48 % de la sociedad hasta que falle la justicia sobre el valor de estas acciones. La Zona Franca sostiene que no debe pagar nada a este empresario por el dinero que retiró de la sociedad.
García Gallardo declinó contestar a las preguntas de la prensa ni sobre su cese ni sobre la querella contra algunas de sus actuaciones al frente de Quality. "Los asuntos abordados son internos de la compañía y no voy a ser yo quien los saque ante la opinión pública". Esta justificación se produce dos semanas después de que acusase en la prensa local a la presidenta de la Zona Franca y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y a Osuna de concederle a él y a "los amigos del PP" numerosos "favores" durante el Gobierno de José María Aznar, como créditos millonarios sin avales ni documentos escritos. Asimismo, este empresario atribuye a Osuna la siguiente frase sobre Teófila Martínez: "La rubia siempre dice que el dinero público no es de nadie, sino del primero que lo trinca".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
