Un millón de viviendas y 90 campos de golf

La explosión de la construcción ha arrojado un saldo de cerca de 800.000 nuevas viviendas entre 1991 y 2004, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los proyectos visados por los colegios de arquitectos. El incremento del parque inmobiliario, dividido a partes iguales entre primera y segunda residencia, ha supuesto, según estiman expertos consultados por este periódico, un aumento del consumo de agua entre 180 y 290 hectómetros cúbico anuales.

El imparable crecimiento urbanístico de la Comunidad Valenciana, centrado en segundas residencias dirigidas a compradores de la Unión Europea especialmente, tendrá pues una seria repercusión sobre sus recursos hídricos, ya de por sí muy escasos.

El parque residencial-turístico y los campos de golf consolidados en 2015 requerirán un consumo de agua de 220 hectómetros cúbicos anuales

Una proyección sobre el crecimiento inmobiliario derivado de la actividad turística de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) recoge que en el umbral de 2015 el parque de viviendas de segunda residencia en su área de influencia en la Comunidad Valenciana -Castellón, Valencia y norte de Alicante- se elevará hasta 1.228.000 unidades -de los cuales, 328.000 serán nuevos apartamentos- que consumirán 175 hectómetros de agua al año. La CHJ ha realizado la estimación al ser elegida por la Comisión Europea como cuenca piloto para la aplicación de la Directiva marco del agua 2000/60.

Durante ese período, la CHJ calcula que las plazas hoteleras rondarán las 115.000, con un consumo de 8 hectómetros cúbicos al año. En el horizonte de 2015, la Confederación del Júcar calcula que el número de campos de golf consolidados llegará a los 67, con un consumo de 39 hectómetros cúbicos al año. Hasta ahora, todos los proyectos de campos de golf llevan aparejadas urbanizaciones con una media de 2.000 viviendas. El informe de la Confederación no especifica si su estimación de vivienda residencial-turística incluye también las construcciones a la sombra de los campos de golf. La Comunidad Valenciana era en 2002, la tercera región en número de campos de golf, con 22 instalaciones: 13, en Alicante, seis en Valencia y tres en Castellón.

La proyección de la CHJ se completa con la realizada por la firma Aquagest para la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que abastece el sur de la provincia de Alicante. El estudio constata que en los próximos diez años el consumo de agua aumentará a un ritmo del 3% al año (seis hectómetros cúbicos). Trasladado a la construcción, el dato supone unas 40.000 nuevas viviendas al año, entre Murcia y Alicante. En cuanto a los campos de golf las proyecciones de esta firma son aún más llamativas: en el área de influencia de la mancomunidad estima que en 2015 habrá un total de 54 instalaciones, 25 de las cuales se sitúan en Alicante.

Sumadas las estimaciones realizadas por la CHJ y los Canales del Taibilla las viviendas de segunda residencia que se construirían de aquí a 2015 superarían el medio millón. A esta cifra habría que añadir las 140.000 casas que llevarían aparejadas los 70 nuevos campos de golf.

El tirón urbanístico, al cobijo del negocio inmobiliario de la segunda residencia, comenzó a principios de los 90 en la Comunidad Valenciana. La mayor ocupación de suelo se produce en los últimos cinco años, propiciada por una legislación flexible, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), impulsada por el último Consell socialista, en 1994. Con esa herramienta y al amparo de la figura del agente urbanizador, los promotores tras colonizar el suelo en la franja litoral, desplazan su actividad hacia las comarcas del interior. Esta norma ha sido el factor clave de la especulación urbanística, derivada de la compra de suelo rústico a precios irrisorios -entre 2 y seis euros el metro cuadrado- que multiplica su valor tras la correspondiente recalificación.

En la actualidad, y a pocos meses de que se corrija la LRAU -a mediados de año está previsto que se complete la reglamentación de la nueva Ley del Territorio (LOT)-, los proyectos planteados al amparo de la vigente norma ocupan 120 millones de metros cuadrados de suelo rústico. El cálculo es de la Asociación Abusos Urbanísticos No, un ente surgido para denunciar la indefensión de los pequeños propietarios de suelo de la vorágine urbanizadora. La lucha de este colectivo ha provocado la apertura por parte de la UE de un expediente al Consell, a través del Gobierno de España por la falta de "transparencia y competencia" de la LRAU.

Y es que el avance del cemento en el territorio valenciano entre 1990 y 2002 ha sido espectacular. De acuerdo con la estadística facilitada por la Consejería de Territorio y Vivienda, sobre la base al Mapa de Usos del Suelo elaborado mediante satélite de alta resolución por el Proyecto Corine Land Cover, que depende de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el suelo sellado (que incluye el suelo urbanizado destinado a infraestructuras) ha pasado de 60.912,09 hectáreas a 90.888,26, lo que significa un aumento del 49,21% en el citado periodo. Este dato sitúa a la Comunidad Valenciana en la cuarta región por detrás de Navarra, Murcia y Madrid.

En la provincia de Castellón, el suelo sellado ha pasado de 6.578,7 hectáreas en 1990 a 10.444 en 2002; en Valencia, de 28.579,7 a 38.498; y en la de Alicante, de 25.753,65 a 41.941. En cuanto al suelo urbano, la provincia de Castellón ha pasado de 4.688,12 hectáreas a 6.019,59; Valencia, de 22.017 hectáreas a 26.228,2; y Alicante, de 22.234 hectáreas a 32.128.

El porcentaje de ocupación entre el litoral y la costa es el siguiente: en el interior el suelo sellado en 1990 era de 52.482 hectáreas mientras en 2002 se elevó hasta las 80.092 (un incremento del 52%); y en el litoral se pasó de 8.430 hectáreas a 10.796, lo que supone un aumento del 26%.

Según el informe Corine Land Cover, hasta 2000 la mayor densidad de ocupación en el primer kilómetro de costa hacia el interior la registra el litoral de Alicante con un 49,3% -esta cifra sólo la supera la costa de Málaga y Barcelona-. En Valencia la ocupación de esa franja de costa era del 28%; y en Castellón, del 23%.