Rubio critica los permisos de demolición de El Cabanyal

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, criticó ayer los primeros permisos de demolición para la apertura de la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal. Según Rubio, "las primeras demoliciones ya empiezan mal, sin las autorizaciones debidas", ya que la licencia para derruir un edificio en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) debe ir acompañada de otra de construcción, "lo que aquí no se da". La comisión municipal de Patrimonio, que estudió las licencias de demolición para iniciar la ejecución del plan de El Cabanyal, expresó sus "dudas" al respecto y dejó el asunto en manos de Urbanismo, que este lunes aprueba nuevas autorizaciones, que se elevarán a ocho. Rubio ha remitido una carta al director general de Patrimonio para que analice el caso de la primera licencia, que afecta a una casa de la calle del Progreso, y aclare si se ajusta a la normativa. Fuentes de la empresa municipal Aumsa explicaron ayer que esperan iniciar esta próxima semana los derribos.

El portavoz socialista también señaló que no hay "noticias" de los posibles accionistas privados "que se iban a hacer cargo del proyecto" en una sociedad mercantil junto al Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. La alcaldesa, Rita Barberá, anunció la iniciativa de crear esta sociedad para que el capital privado participe "en una de las grandes apuestas" del PP en enero pasado. "En Valencia continuamos funcionando como en los años 60, rehenes de la especulación y a expensas de los que controlan el dinero con la complicidad de un gobierno municipal que se limita a dar curso a sus ideas sin tener en cuenta las necesidades de los valencianos", aseguró Rubio.

El grupo municipal socialista también reiteró su petición a Barberá de que no construya torres de viviendas en el Parque Central, tras reunirse con vecinos de dos edificios de la avenida de Poeta García Lorca que el plan sitúa fuera de ordenación y que serán derribados. El equipo de gobierno del PP ha asegurado que exigirá el realojo de los afectados. Rubio remarcó que el realojo implicará costes, ya que los vecinos deberán pagar la diferencia de valor con los nuevos pisos. Además, consideró "urgente" un debate social sobre la gestión urbanística de Valencia. "Barberá ha puesto la ciudad en manos de los intereses de un puñado de promotores privados y opta por aislarse y evitar el debate", aseguró Rubio.